Niñez, víctima de un conflicto armado que persiste - Informe de seguimiento a la implementación de recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a los informes periódicos IV y V combinados de Colombia

INTRODUCCION

Colombia tiene una herida abierta que no ha podido sanar; el histórico control social y territorial de varios grupos armados ilegales, llevó a que millones de familias tuvieran que desplazarse para proteger a sus hijas e hijos del reclutamiento y utilización, la violencia sexual, las masacres, las hostilidades y para salvar sus vidas. Más de ocho millones de personas despojadas de sus tierras, arrancadas de sus comunidades, tradiciones y medios de subsistencia, son protagonistas de una tragedia humana desproporcionada que mostró la precariedad estatal ante la magnitud del fenómeno.

La niñez afectada por el conflicto armado no es un asunto del que se hable abiertamente (incluso en las negociaciones con las FARC-EP fue uno de los temas que se dejó para el final), no solo porque implica reconocer que el país no fue consciente de la magnitud las violaciones más graves de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que sucedían. También porque lo que ocurrió con niños, niñas y adolescentes (así como con mujeres) es algo que avergüenza a todas las partes del conflicto, tanto por la incapacidad de brindar protección, como por la capacidad de hacer daño a lo más sagrado: el relevo generacional, político, ético y económico del país.

La pronunciada distancia entre lo formal (normatividad) y la realidad llevó a varias organizaciones sociales y entidades de control del Estado como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo a recabar pruebas que dieran cuenta de las magnitudes de esta tragedia; evidencia que contribuyó a que en 2004 la Corte Constitucional declarará el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), tras constatar:

1. La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales en un segmento significativo de la población.

2. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos.

3. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para frenar y evitar la vulneración de derechos.

4. El agravamiento de la situación y empobrecimiento sistemático de las familias desplazadas, expuestas, además, a múltiples hechos victimizantes.

Si bien el país se conmovió y reaccionó ante los casos de secuestro, que se volvieron incluso una causa internacional; no se horrorizó por los más de siete millones de desplazados internos, ni se movilizó para reclamar una respuesta, aunque en los semáforos de las grandes ciudades se daban unas monedas, para luego seguir conduciendo.

El sustrato de esta situación, son los arraigados imaginarios culturales que naturalizan la pobreza y la exclusión, mientras legitiman el uso de la violencia y el camino de la ilegalidad para avanzar más rápido en la escalera social. Estos criterios de valoración han permeado la sociedad; razón por la que cualquier avance que se logre, por ejemplo, en agravamiento de penas o en fortalecimiento institucional, no va a resolver nada que primero no se haya resuelto como sociedad.

Es innegable que la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP marca un hito histórico para el país, no solo porque pone fin a la confrontación armada con la guerrilla más antigua del continente, sino porque además durante su negociación se logró “una disminución considerable de los indicadores de violencia. La tasa de homicidios en 2017, fue la más baja de los últimos 42 años (24 homicidios por cada 100.000 habitantes)”, según indica el Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos (República de Colombia, 2018). De igual manera, el acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuyo objetivo central es la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y que mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo mismo que a otras dos instancias no judiciales: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD).

Así, diversas organizaciones de la sociedad civil y principalmente las organizaciones de víctimas destacan importantes logros derivados de la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP (elevado a norma constitucional), que de otra manera habrían sido difícilmente alcanzados. Entre ellos: 5.000 vidas salvadas; 13.003 combatientes de las FARC-EP que ingresaron al programa para su reincorporación a la vida civil;

1.800 planes de infraestructura entregados; 800.000 víctimas que han accedido a una reparación integral; y 400.000 hectáreas restituidas, además de 700.000 hectáreas en proceso judicial de restitución.

Igualmente, en cumplimiento del punto 2.2.4 del Acuerdo Final con las FARC-EP, se reformó la Ley 434 de 1998 mediante el Decreto Ley 885 de 2017, con el cual los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia pueden: (i) asesorar la Política de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización; (ii) facilitar la colaboración armónica de las entidades del Estado, con el fin de ampliar los espacios democráticos y contribuir a la construcción de un país incluyente y reconciliado, en el que se haga realidad el derecho a la paz, materializado a través de los Planes de Desarrollo Territorial.

Sin embargo, cabe aclarar que la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP no marca el fin del conflicto armado, como lo evidencia la actual crisis humanitaria y la creciente degradación de la guerra, fenómeno impulsado por el auge de economías ilegales tanto en lo rural como en lo urbano, que representan riesgos humanitarios para los entornos protectores de niños, niñas y adolescentes.
Por tanto, desde una mirada crítica, antes que pasarle la cuenta de cobro a la institucionalidad (lo que de todas maneras es necesario), se tendría que cuestionar éticamente la tímida cultura de derechos humanos de una sociedad desigual que durante casi 60 años de conflicto armado ha sido indiferente al sufrimiento de niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Las instituciones democráticas deberían concitar a toda la ciudadanía para rechazar la exclusión del otro y el uso de la violencia que profundiza la victimización.
Si bien el país cuenta con una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, acompañada por una institucionalidad que viabiliza esta oferta; los pasados siete años de implementación han expuesto problemas estructurales evidenciados en ineficiencias (y también resistencias) de las entidades nacionales y territoriales. A esto se suma un tortuoso proceso de implementación de los acuerdos pactados con las FARC-EP, en medio de una postergada reforma legislativa que en los proyectos presentados, ha mostrado tendencias regresivas en detrimento de las garantías constitucionales para las víctimas.

El presente informe reconoce muchos de los avances del Estado en materia de atención y reparación a víctimas. Reconoce los esfuerzos presupuestales realizados en medio de una desaceleración económica, así como las propuestas para poner en marcha la estrategia de corresponsabilidad nación - territorio. No obstante, considerando la deuda histórica con las víctimas, se asume una mirada crítica sobre aquellos desafíos que todavía es necesario resolver, porque desde la sociedad civil hay confianza en que sí es posible.

La estructura de este documento abarca tres bloques temáticos sobre los que el Comité de los Derechos del Niño (CDN) formuló recomendaciones al Estado colombiano.
Particularmente el punto G. Medidas Especiales de Protección en lo relacionado con (i) niñez en situación de desplazamiento; (ii) niñez perteneciente a grupos étnicos, víctima del conflicto armado; y (iii) niñez víctima de delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados.
A partir de esta introducción, que deja sentadas las bases y tono crítico de este escrito, el primer capítulo expone la metodología que se empleó para su elaboración, que contó con cuatro etapas: (i) revisión documental; (ii) consulta con expertos en un espacio participativo, (iii) entrevistas en profundidad para una lectura macro del contexto; y (iv) consolidación de retos y recomendaciones. El segundo capítulo se refiere a la situación de la niñez víctima del conflicto, dando cuenta de las temáticas que abarcan los grandes bloques de análisis relacionados con el punto G.
Medidas Especiales de Protección.

Por su parte, el tercer capítulo presenta la valoración de la implementación frente a las recomendaciones formuladas por el CDN en materia de: (i) niñez víctima de desplazamiento; (ii) niñez perteneciente a grupos étnicos; y (iii) niñez víctima de los delitos contemplados en el protocolo relativo al conflicto armado. El análisis de cada una de las observaciones y recomendaciones del CDN inicia con los avances (cuando así lo consideraron los expertos consultados); establece los principales retos y reúne sugerencias dirigidas a las diferentes instituciones competentes. Estas sugerencias consolidan tanto los aportes del grupo de expertos reunidos en mayo de 2018, como las contenidas en informes de organizaciones de la sociedad civil, organismos de control y la Defensoría del Pueblo, que ya habían sido formuladas, pero que continúan teniendo vigencia.

El informe termina con unas reflexiones finales derivadas de las entrevistas individuales, y que aportan una perspectiva del macro contexto y de los grandes desafíos que enfrenta el país.

Si bien se reconocen los grandes esfuerzos que el Estado ha realizado y se consideran importantes avances en materia de atención y reparación integral a la niñez víctima del conflicto armado, las organizaciones que participaron en la elaboración de este informe esperan que esta mirada crítica contribuya a focalizar las medidas que aún es necesario tomar, para avanzar en la realización de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, como condición esencial para la construcción de paz, reconciliación y convivencia pacífica.