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Introducción
La magnitud sin precedentes de los flujos migratorios mixtos en América Latina continúa agudizando la prolongada crisis de protección regional. Las personas siguen huyendo de la persecución, la violencia generalizada, la violación masiva de los derechos humanos, los conflictos armados, los desastres naturales y otras situaciones que impactan el goce general de los derechos humanos. Las organizaciones humanitarias y la comunidad internacional han alertado sistemáticamente sobre las consecuencias de esta crisis, y sobre la necesidad de articular respuestas de protección pertinentes. Sin embargo, durante el 2023 se ha profundizado una respuesta estatal que securitiza a la movilidad humana y presenta a los refugiados y migrantes como potenciales amenazas a la seguridad pública. Este cambio se evidencia en discursos estatales que responsabilizan a la migración de los problemas de seguridad de los países, o que indican que la única alternativa para garantizar una migración ordenada sea a través de la militarización de las fronteras.
En este contexto, las fronteras son un espacio de máximo riesgo, en la que la presencia de las instituciones estatales —como garantes de derechos— es insuficiente y está condicionada por un enfoque de seguridad, más que de derechos humanos. Las fronteras son un terreno poroso, difícil de prever y planificar, y la capacidad de las organizaciones continúa siendo también limitada para dar una respuesta que se acerque a las dimensiones de las necesidades. De igual forma, la respuesta humanitaria ha encontrado numerosos retos para alcanzar adecuadamente a las personas que se encuentran en tránsito. A pesar de los esfuerzos por monitorear y documentar las violaciones a los derechos humanos en zonas fronterizas, las fronteras y las rutas continúan siendo opacas para la mirada de las organizaciones. Sin embargo, la información disponible evidencia que los vacíos legales continúan acentuando la exposición de las personas a múltiples amenazas, entre las cuales resaltan las extorsiones, la violencia y las amenazas contra la propiedad; de igual forma, evidencia que el tránsito incrementa la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas refugiadas y migrantes.
El objetivo de este informe es brindar evidencia a la comunidad humanitaria a partir de los hallazgos del monitoreo de protección que el Consejo Danés para Refugiados (DRC) realizó en Colombia, México, Perú y Venezuela durante el 2023, para brindar insumos que aporten a la construcción de una respuesta humanitaria pertinente. Los socios de DRC para esta actividad son Encuentros SJS en Perú y Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Ciudad Juárez, México.
El objetivo del monitoreo de protección es recopilar, verificar y analizar información sistemática y periódica durante un período prolongado para identificar violaciones de derechos y riesgos de protección para la población de interés. A nivel regional, DRC analiza las tendencias y cambios en el entorno de protección para promover y fortalecer las respuestas basadas en la evidencia, mejorar la programación humanitaria y obtener resultados de protección de calidad, así como proveer insumos y recomendaciones para fortalecer los procesos de incidencia en la región.
Contacto:
María Elena Hernández Domínguez
Coordinadora Regional de Protección
mariaelena.hernandez@drc.ngo