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Colombia

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia - Informe del Secretario General (S/2024/968)

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I. Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2754 (2024), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024.

II. Principales acontecimientos

2. El período sobre el que se informa estuvo marcado por las actividades de conmemoración del octavo aniversario de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que puso fin a más de cinco décadas de conflicto entre el Gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El 21 de noviembre tuvo lugar en Bogotá un evento de alto nivel al que asistieron el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, representantes de las antiguas FARC-EP, autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional. El Secretario General estuvo representado por la Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary A. DiCarlo.

3. Las partes renovaron su compromiso con el Acuerdo Final, si bien expresaron preocupación por su estado de implementación. En su declaración, el Presidente Petro recalcó que la reforma rural integral seguirá siendo una prioridad para su Gobierno. También reconoció que los avances realizados en este punto desde que se firmó el Acuerdo son limitados y pidió al Congreso que apruebe legislación para acelerar la distribución de tierras. Fijó el objetivo de adjudicar 600.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas para finales de 2025 y así avanzar hacia la meta global establecida en el Acuerdo de entregar 3 millones de hectáreas. Rodrigo Londoño, líder del partido político Comunes (antiguas FARC-EP), en representación de la otra parte signataria, declaró que el Acuerdo constituye una hoja de ruta para construir una paz sostenible y que es un referente internacional. No obstante, lamentó el número de excombatientes de las FARC-EP asesinados desde la aprobación del Acuerdo Final y que miles hayan sido desplazados internamente. La Secretaria General Adjunta dijo que el mundo comparte la esperanza y la fe de Colombia en la paz. Además, encomió a las partes y la sociedad civil por su compromiso, rindió homenaje a las víctimas, los excombatientes asesinados y las mujeres constructoras de la paz y se hizo eco del llamado del Secretario General para que el pueblo colombiano persevere a fin de superar los desafíos.

4. El 22 de noviembre las partes anunciaron una revisión del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, la primera desde la firma del Acuerdo, en la que se incluyeron indicadores y plazos actualizados para su implementación. El acuerdo de revisión se alcanzó en el seno de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. El sistema del Plan Marco de 80 indicadores para la evaluación de los avances y la planificación se modificó para ajustarse a la realidad actual y centrarse en los resultados y el impacto. Las partes también discutieron posibles prórrogas dentro de los plazos vigentes para la implementación, que tendrían que ser aprobadas por el Congreso.

5. En octubre, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó oficialmente el plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo Final, anunciado por el Presidente Petro y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, durante la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia celebrada en julio. El plan contiene seis puntos: el establecimiento de pactos entre las autoridades nacionales y locales para acelerar la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET); énfasis en la reforma rural integral; una agenda legislativa para acelerar el proceso; el fortalecimiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; la implementación de las disposiciones del Acuerdo orientadas a eliminar la violencia de la vida política; y la atribución de roles y responsabilidades relacionados con la implementación del plan de choque.

6. Los esfuerzos realizados por Colombia a lo largo de los años para consolidar la paz han seguido siendo una valiosa fuente de conocimientos y experiencia para la construcción de la paz y la resolución de conflictos, en el contexto de lo cual el país albergó varios eventos de relevancia internacional. Entre ellos destaca la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tuvo lugar en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre y a la que el Gobierno de Colombia asignó el lema de lograr la “Paz con la naturaleza”. El Secretario General, que participó en la reunión del 28 al 30 de octubre, reconoció tanto los esfuerzos del Gobierno por acelerar la implementación del Acuerdo Final como el compromiso firme y continuado de los excombatientes de las FARC-EP. En noviembre, la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, asistió a la primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, que tuvo lugar en Bogotá. La Representante Especial resaltó la necesidad urgente de que quienes sobrevivieron a la violencia sexual relacionada con el conflicto tengan acceso a la justicia, y la importancia de la prevención, la protección y las garantías de no repetición. En diciembre, el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados, establecido en virtud de la resolución 1612 (2005), visitó el país para hacer un seguimiento de sus recomendaciones y conocer de primera mano la situación concerniente a los niños y el conflicto armado.

7. El 30 de noviembre, Colombia presentó su primer plan de acción nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad, elaborado mediante amplias consultas con la sociedad y respaldado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Misión de Verificación y otros organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas. El plan S/2024/968 24-23909 3/20 cuenta con un marco estratégico decenal en el que se definen diversas líneas temáticas, resultados concretos y las acciones específicas que serán responsabilidad de cada entidad gubernamental. Entre los temas clave destacan el acceso a la justicia, la prevención de la violencia de género y la asistencia a las mujeres desplazadas y refugiadas, en la que se incluyen salvaguardias para las mujeres indígenas y afrodescendientes. Se han encargado a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Igualdad y Equidad, de Defensa Nacional y del Interior y a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz las tareas de coordinar la implementación y el monitoreo del plan, elaborar informes anuales sobre los avances realizados y celebrar consultas bianuales con las organizaciones de mujeres. Para la implementación del plan será fundamental que haya fondos adecuados y una fuerte apropiación local.

8. El Gobierno siguió llevando a cabo procesos simultáneos de diálogo con nueve actores armados como estrategia complementaria de sus esfuerzos de implementación del Acuerdo Final. Se mantuvieron conversaciones de paz paralelas con grupos considerados de carácter político por el Gobierno, a saber: el Ejército de Liberación Nacional (ELN); facciones del grupo conocido como Estado Mayor Central Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (EMC FARC-EP) que continúan en el proceso de diálogo y que ahora se identifican como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF); el grupo conocido como Segunda Marquetalia, que se escindió en el período sobre el que se informa, con lo que se están manteniendo negociaciones con una facción que ahora se identifica como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB); y los Comuneros del Sur en el departamento de Nariño. Prosiguieron las conversaciones con organizaciones criminales —diálogos de carácter sociojurídico para avanzar hacia su posible sometimiento a la justicia— en las ciudades de Buenaventura, Medellín y Quibdó. El Gobierno dio pasos iniciales para fomentar la confianza con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) — conocidas también como Clan del Golfo— y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

9. En el período sobre el que se informa, el Gobierno y el ELN mantuvieron dos reuniones extraordinarias en Caracas tras un paréntesis de seis meses (véase el párr. 72). En ausencia de un cese al fuego se siguieron produciendo enfrentamientos armados entre las partes, que ocasionaron múltiples bajas entre ellas y afectaron a comunidades rurales, en particular en los departamentos de Antioquia, Arauca, el Chocó y Norte de Santander (véase el párr. 73). Las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2025 para abordar sus divergencias y buscar formas de reanudar las negociaciones sobre un acuerdo de cese al fuego reforzado y continuar el proceso participativo (véase el párr. 72).

10. A pesar de los esfuerzos de paz en curso, continuaron las disputas entre grupos armados y los enfrentamientos con la Fuerza Pública en varias regiones tras suspenderse o no renovarse los acuerdos de cese al fuego. Estos conflictos se concentraron en regiones afectadas históricamente por la violencia, como Antioquia, Arauca, el sur de Bolívar, el Caquetá, el Cauca, el Chocó, el Meta, Nariño, Norte de Santander, el Putumayo y el Valle del Cauca.

11. En los departamentos en que la presencia del Estado es limitada y hay economías ilícitas, la dinámica del conflicto varió según la zona. En algunas de las regiones del noroccidente del país se produjo una notable expansión de las AGC. La región del suroriente se vio afectada sobre todo por disputas entre el EMBF y las facciones del EMC que optaron por abandonar la mesa de paz, lo que puso fin al acuerdo de cese al fuego con el Gobierno, y disputas entre el EMBF y la CNEB, en particular en el Putumayo. La mayoría de los enfrentamientos entre el EMC y la Fuerza Pública tuvieron lugar en la región del suroccidente del país. En los departamentos de Arauca y Norte de Santander continuaron los enfrentamientos armados entre la Fuerza S/2024/968 4/20 24-23909 Pública y el ELN tras la expiración del acuerdo de cese al fuego el 3 de agosto (véase el párr. 73). Se ha producido un aumento del reclutamiento de niños y niñas y del uso de minas antipersonal. Los conflictos han seguido confinando y desplazando a civiles, en particular en las regiones del norte y el noreste de Antioquia. Las comunidades rurales y las organizaciones de la sociedad civil han reiterado los llamados para que el Estado haga más a fin de abordar la situación.