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I. Introducción
1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2704 (2023), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024.
II. Principales acontecimientos
2. El Gobierno del Presidente Gustavo Petro llegó en agosto al ecuador de sus cuatro años de mandato y siguió tratando de lograr la paz integral y sostenible mediante la plena implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y la resolución mediante el diálogo de los conflictos que siguen en activo. En su discurso anual, que pronunció el 7 de agosto, el Presidente expuso los logros de su Gobierno hasta la fecha y las prioridades para el período venidero y mencionó la reducción de las tasas de homicidios, pobreza y deforestación. Además, destacó el impulso renovado a la implementación del Acuerdo Final, resaltó los progresos realizados en la reforma rural y expresó frustración por los obstáculos legales que impiden una redistribución más rápida de la tierra. Pidió asimismo al Congreso que apoye reformas para acelerar este proceso.
3. En julio el Presidente Petro nombró nuevos Ministros del Interior; de Justicia y del Derecho; de Educación Nacional; de Agricultura y Desarrollo Rural; de Vivienda, Ciudad y Territorio; y de Transporte. En un contexto de críticas por la baja tasa de ejecución presupuestaria, el Presidente dijo que los nuevos Ministros se centrarán en la implementación eficaz de los planes y presupuestos del Gobierno. Cabe destacar el nombramiento como Ministro del Interior de Juan Fernando Cristo, quien ocupó ese mismo cargo durante el Gobierno del ex-Presidente Juan Manuel Santos y tuvo importantes responsabilidades en las primeras etapas de implementación del Acuerdo Final. Al Ministro Cristo se le encargó coordinar y acelerar la implementación del Acuerdo Final. Como anunciaron el Presidente Petro y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, en el contexto de la sesión del Consejo de Seguridad más reciente sobre Colombia, que tuvo lugar en julio, el Ministerio del Interior comenzó a elaborar un plan de choque para la implementación del Acuerdo Final, priorizando los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), la distribución de la tierra y las garantías de seguridad.
4. En algunos ámbitos de la implementación del Acuerdo Final se hicieron avances notables, y en otros, avances limitados. El Gobierno expidió varios decretos clave relativos al proceso de reincorporación para reforzar la ejecución mediante una mejor coordinación (véase el párr. 29). En agosto el Presidente Petro presidió una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política a fin de fomentar la implementación territorial de la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales (véase el párr. 41). Los avances en la implementación del capítulo étnico fueron limitados, y la mayoría de los procesos siguen en las etapas iniciales (véase el párr. 59).
5. El Gobierno siguió persiguiendo su ambicioso objetivo de mantener procesos de diálogo simultáneos con varios actores armados; en la actualidad se encuentran en marcha nueve iniciativas de este tipo. Prosiguieron las conversaciones de paz formales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones del grupo conocido como Estado Mayor Central Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (EMC FARC-EP) y el grupo conocido como Segunda Marquetalia. Dio comienzo asimismo un proceso con los Comuneros del Sur, grupo escindido del ELN. El Gobierno considera que estos grupos son de carácter político. Se mantuvieron también diálogos de carácter sociojurídico —marco aplicado a las organizaciones criminales para avanzar hacia su posible sometimiento a la justicia— con estructuras criminales en Medellín, Quibdó y Buenaventura. Además, el Gobierno instauró dos nuevos diálogos de este tipo, a saber, con el grupo conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
6. Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN siguieron estancadas: las partes no se han reunido desde el 25 de mayo y tampoco se han producido más avances en la implementación del acuerdo sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz. El período sobre el que se informa estuvo marcado por tensos intercambios públicos entre las partes sobre el supuesto incumplimiento de sus acuerdos parciales. No obstante, ambas partes siguieron subrayando su compromiso con la paz y su disposición a reanudar las conversaciones bajo ciertas condiciones y a considerar la posibilidad de renovar su cese al fuego bilateral, que expiró el 3 de agosto (véase el párr. 71).
7. En ausencia de una prórroga del cese al fuego acordada mutuamente, el 6 de agosto el ELN anunció su decisión unilateral de no llevar a cabo operaciones militares contra la Fuerza Pública hasta el 23 de agosto, decisión que cumplió en gran medida. No obstante, posteriormente se registraron en los departamentos de Antioquia, Arauca, el Cauca y Norte de Santander actos de violencia entre el ELN y la Fuerza Pública que no se habían observado durante el año que duró el cese al fuego y que ocasionaron muertes en ambas partes.
8. Durante el cese al fuego bilateral, el canal de comunicación a nivel nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego ayudó a prevenir el contacto armado entre las partes en 61 ocasiones. Las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales hicieron repetidos llamados a que se vuelva a las negociaciones y se reanude el cese al fuego. El Representante Especial del Secretario General, la Iglesia católica y los países garantes siguieron dialogando con ambas partes para ayudar a superar este estancamiento.
9. El diálogo entre el Gobierno y facciones del EMC FARC-EP siguió adelante. La quinta ronda de conversaciones tuvo lugar en julio, y en ella se alcanzaron acuerdos sobre la definición de la agenda de conversaciones y el comienzo de un proceso de georreferenciación. Este proceso tiene como fin aclarar la presencia del grupo sobre el terreno y, así, facilitar el monitoreo y la verificación a nivel local. También en julio el Gobierno expidió un decreto en el que se prorrogó durante tres meses el cese al fuego con estas facciones y se hizo hincapié en el respeto por la vida y la integridad de las comunidades rurales. El Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego mantuvo canales de comunicación activos y señaló haber prevenido dos posibles enfrentamientos armados entre las partes. Este Mecanismo reportó que habían sido liberadas al menos tres personas retenidas por el EMC FARC-EP. No obstante, las actividades presenciales en el seno del Mecanismo no se reanudaron hasta el 24 de septiembre, en parte por la demora de las autoridades competentes para levantar las órdenes de captura contra representantes del EMC FARC-EP.
10. El 29 de junio el Gobierno y Segunda Marquetalia concluyeron la primera ronda de diálogo en Caracas. Las partes acordaron un modelo para las conversaciones basado en la implementación progresiva de los acuerdos alcanzados y la continuación en paralelo de las negociaciones. Además, acordaron establecer una subcomisión encargada del proceso de georreferenciación. También acordaron medidas humanitarias. No obstante, las conversaciones se estancaron en un contexto de diversos desafíos, entre ellos cómo abordar la situación jurídica de los miembros del grupo.
11. En agosto la Oficina del Consejero Comisionado de Paz anunció el inicio de un proceso para la co-construcción de paz territorial en Nariño con los Comuneros del Sur. Se han creado mesas técnicas para ocuparse de posibles proyectos y cuestiones a nivel local, como el desminado y la dejación de las armas.
12. Los diálogos mantenidos con grupos armados locales que operan en entornos urbanos han generado resultados positivos. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz reportó que en el primer semestre de 2024 se redujo considerablemente el número de homicidios en Buenaventura (86 %) y Quibdó (54 %) respecto del mismo período de 2023.
13. El Gobierno nombró a sus representantes en las recién anunciadas conversaciones con las AGC y las ACSN. Los objetivos iniciales incluyen evaluar y determinar la voluntad de paz en ambos grupos y explorar posibles condiciones para su sometimiento a la justicia. En cuanto a esta última cuestión, las AGC sostienen que sus negociaciones deben reconocerse como políticas. El grupo nombró a sus representantes y se suspendieron las órdenes de captura contra tres de ellos. Uno de los principales desafíos para el Gobierno en relación con los diálogos de carácter sociojurídico, tanto en entornos urbanos como con las AGC y las ACSN, es la ausencia de un marco jurídico claro.
14. La estrategia del Gobierno se viene caracterizando cada vez más por un enfoque territorial de la construcción de la paz con énfasis en la implementación progresiva de medidas para generar dividendos tangibles de la paz a nivel local y regional. El plan de choque del Ministerio del Interior se centra en revitalizar los PDET mediante pactos territoriales liderados por el Gobierno nacional. El fin de estos pactos es definir las prioridades de inversión con las comunidades y los interesados, incluidas las autoridades regionales y locales. En cuanto al proceso con el ELN, el acuerdo sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz firmado por las partes en mayo tiene como finalidad promover la obtención de resultados mediante consultas estructuradas a nivel territorial. Se han aplicado enfoques similares al proceso con las estructuras del EMC FARC-EP que siguen participando en las negociaciones.
15. A pesar de los esfuerzos realizados para abordar los conflictos, la situación siguió siendo difícil para las comunidades que viven en zonas en las que están presentes diferentes actores armados. Los conflictos entre ellos continuaron ocasionando el desplazamiento y el confinamiento de comunidades y restricciones a la circulación en varias regiones (véase el párr. 45).
16. El 20 de julio el Presidente Petro intervino ante el Congreso en la apertura del nuevo período legislativo. Anunció que las prioridades del Gobierno incluían proyectos de ley para promover la reactivación económica y reformas sociales, así como para impulsar el Acuerdo Final. Algunos miembros de la oposición aprovecharon la oportunidad para manifestar sus críticas sobre asuntos económicos, la política de paz total y el deterioro de la seguridad en ciertas regiones. En agosto los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, de Justicia y del Derecho y del Interior participaron en la presentación formal ante el Congreso del proyecto de ley por el que se regulan los aspectos operacionales y de procedimiento de la Jurisdicción Agraria y Rural.
17. La nueva Defensora del Pueblo, Iris Marín, asumió el cargo en agosto tras ser elegida por el Congreso de la terna integrada únicamente por mujeres propuesta por el Presidente Petro. Es la primera mujer en dirigir esta institución clave, creada en 1991 y dedicada a la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz.