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I. Introducción
1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2704 (2023), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2024.
II. Principales acontecimientos
2. En el período sobre el que se informa se realizaron notables esfuerzos para mejorar la coordinación y la coherencia entre las entidades involucradas en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Al mismo tiempo, distintos sectores expresaron cada vez más opiniones divergentes sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno, lo que subraya la necesidad de buscar el consenso y aunar esfuerzos para superar los desafíos persistentes para la consolidación de la paz.
3. El 14 de mayo, durante una ceremonia de toma de posesión judicial, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó públicamente el deber del Estado de cumplir su obligación de implementar el Acuerdo Final, firmado en 2016. El Presidente destacó que la responsabilidad de implementar el Acuerdo no solo recae en el Ejecutivo, sino en todo el Estado, y sostuvo que no había habido suficiente compromiso en ese sentido. Enumeró tres aspectos del proceso que requieren especial atención, a saber, la implementación de la reforma rural integral, la transformación de los territorios afectados por el conflicto y el esclarecimiento de la verdad sobre los sucesos ocurridos durante el conflicto. Afirmó su intención de llevar este mensaje al Consejo de Seguridad. Por otro lado, tras varios comentarios del Presidente sobre la cuestión, se produjo un fuerte debate interno sobre si el Acuerdo prevé o no la convocatoria de una asamblea constituyente.
4. Por primera vez desde la firma del Acuerdo Final, en marzo las partes iniciaron un proceso de revisión del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final en el seno de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. El Plan es un instrumento estratégico para la planificación, la fijación de objetivos e indicadores, la promoción de recomendaciones de políticas y la definición de las medidas necesarias para la implementación en los próximos años.
La revisión del Plan requiere la participación de las instituciones gubernamentales y constituye una oportunidad única para reforzar la coordinación de estas en torno a la implementación del Acuerdo.
5. A fin de acelerar la implementación del Acuerdo Final, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, encargada de dirigir la coordinación interinstitucional, elaboraron un plan de choque para cumplir los objetivos fijados en el Acuerdo. Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (antigua Oficina del Alto Comisionado para la Paz) trabajaron en el fomento de intervenciones interinstitucionales coordinadas en regiones priorizadas.
6. Persistieron las tensiones relacionadas con la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Representantes del partido Comunes siguieron afirmando que, tras siete años de actividad, la Jurisdicción Especial se estaba desviando de los objetivos para los que se había creado, a saber, proporcionar justicia rápida a las víctimas y seguridad jurídica a las personas sometidas a ella. El 7 de junio, congresistas de Comunes celebraron una audiencia pública en el Senado en la que reiteraron su preocupación por la falta de seguridad jurídica para los excombatientes y describieron cómo afectaba esa situación a la vida cotidiana de las personas sometidas a la Jurisdicción Especial. La Jurisdicción Especial ha expresado su apertura al diálogo. Sin embargo, señaló que algunos aspectos relativos a esos objetivos están conectados con procesos judiciales en curso y pidió que se respete su autonomía e independencia. El Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y Cuba y Noruega, países garantes, mantuvieron una estrecha comunicación con todos los actores implicados con el fin de ayudarlos a superar los obstáculos identificados a través del diálogo, en el marco establecido por el Acuerdo Final.
7. La Jurisdicción Especial para la Paz siguió avanzando hacia la emisión de sus primeras sanciones propias, entre otras cosas mediante un importante auto dictado en el caso 01 (sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP). El auto ratificó la imputación por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad formulada durante la fase de investigación contra los siete miembros del antiguo Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Los imputados presentaron un recurso contra el auto por motivos de fondo y de procedimiento. Si bien ya habían reconocido anteriormente su responsabilidad por hechos ocurridos durante el conflicto, los imputados mantienen diferencias de opinión sobre la calificación jurídica realizada por la Jurisdicción Especial sobre algunas acciones que se les atribuyen. La siguiente etapa hacia la emisión de las sanciones propias vendrá determinada por el resultado de ese recurso.
8. El Gobierno continuó seis procesos separados de negociación con grupos armados ilegales, con distintos grados de avance y desafíos. En el período sobre el que se informa, el Presidente Petro reconoció públicamente las complejidades de lograr la paz total.
9. El 25 de mayo, los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzaron un hito importante cuando las partes firmaron un acuerdo sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, primer punto de la agenda de las conversaciones. El cese al fuego bilateral nacional —el más duradero entre ambas partes— se ha respetado ampliamente. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación contribuyó a prevenir enfrentamientos armados en 18 ocasiones facilitando la separación de las fuerzas de las dos partes. Sin embargo, las negociaciones se han visto afectadas recientemente por graves desafíos. Persistieron las disputas entre las partes en el departamento de Nariño, donde el Gobierno siguió dialogando bilateralmente con un frente del ELN (el Frente Comuneros del Sur) en el marco de una iniciativa de paz regional. En un comunicado emitido el 6 de mayo, el ELN anunció, ante numerosas críticas, que pondría fin a la suspensión de los secuestros para cobrar rescates a la que se había comprometido durante la quinta ronda de conversaciones, en enero de 2024.
10. El proceso de diálogo entre el Gobierno y el grupo conocido como Estado Mayor Central Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (EMC FARC-EP) también enfrentó importantes desafíos, y algunos frentes optaron por retirarse del proceso. Esto ocurrió principalmente en los departamentos del Cauca,
Nariño y el Valle del Cauca. El Gobierno suspendió unilateralmente el cese al fuego en esos departamentos el 20 de marzo, tras los actos de violencia cometidos por el grupo contra la población civil, en particular contra pueblos indígenas. Esto generó un debate sobre los objetivos centrales de los frentes en relación con su participación en el proceso de paz. La región, y el departamento del Cauca en particular, sufrió un aumento de los enfrentamientos violentos, incluidos varios ataques del EMC FARC-EP contra la Fuerza Pública.
11. En las negociaciones en curso entre el Gobierno y el EMC FARC-EP se avanzó en las discusiones centradas en iniciativas de transformación territorial para promover el desarrollo de las zonas más afectadas, inicialmente los departamentos del Caquetá, Guaviare, el Meta y Norte de Santander, entre otras cosas mediante encuentros iniciales con representantes de la comunidad en esas zonas. El objetivo de esos procesos es identificar tierras cuya tenencia formal podría promover el desarrollo de infraestructuras sociales, como centros de salud y educativos.
12. En el período sobre el que se informa, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación siguió funcionando según lo acordado entre las partes en las zonas donde se mantuvo el cese al fuego, y se enfocó en el fortalecimiento del diálogo para prevenir enfrentamientos. Entre febrero y mayo fueron liberadas al menos 22 personas retenidas como rehenes por el EMC FARC-EP. El Mecanismo también reportó que, gracias a la labor coordinada de su instancia nacional y de sus cinco instancias regionales y locales, se habían prevenido nueve casos de posibles enfrentamientos armados entre las partes.
13. El Gobierno y el grupo conocido como Segunda Marquetalia iniciaron diálogos formales de paz en Caracas el 24 de junio. En abril, a solicitud del Gobierno, la Fiscalía General de la Nación suspendió temporalmente las órdenes de captura contra nueve miembros de Segunda Marquetalia cuyo nombramiento por ese grupo como negociadores en las conversaciones con el Gobierno había sido reconocido por el Presidente.
14. En el período sobre el que se informa, grandes protestas a favor y en contra de las reformas propuestas por el Gobierno movilizaron a miles de ciudadanos en las calles, lo que refleja las divisiones existentes en la sociedad colombiana. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. El Presidente Petro ha hecho un llamado a un pacto nacional en apoyo de las reformas que propone.
15. El Congreso siguió discutiendo proyectos de ley relacionados con la implementación del Acuerdo Final. En mayo aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. El proyecto, que debe ser sancionado ahora por el Presidente, contiene medidas judiciales, administrativas y presupuestarias en beneficio de los más de 9 millones de víctimas registradas en el país. El objetivo del proyecto es reforzar medidas como la asistencia y la reparación integral a las víctimas. En junio, el Congreso aprobó un proyecto de ley que incorpora la Jurisdicción Agraria y Rural al marco judicial colombiano y define su estructura. El proyecto se someterá ahora a revisión constitucional. Sin embargo, en el período sobre el que se informa no se discutió ni se incluyó en el calendario legislativo otro proyecto de ley que regula los aspectos procesales y de funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural. Por lo tanto, se aplazó la creación del primer tribunal y de cinco juzgados especializados.