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Colombia

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia - Informe del Secretario General (S/2023/222)

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I. Introducción

  1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2655 (2022), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. El presente informe abarca el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2022 y el 26 de marzo de 2023.

  2. De conformidad con la resolución 2673 (2023) del Consejo de Seguridad, en el informe también se incluye información sobre la implementación de los puntos 1 y 6.2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, relativos a la reforma rural integral y al capítulo étnico, respectivamente.

II. Principales acontecimientos

  1. Los acontecimientos descritos en el presente informe reflejan los compromisos del Gobierno con la paz, que se han seguido poniendo en práctica mediante medidas orientadas a profundizar la implementación del Acuerdo Final, así como a la búsqueda de la paz a través del diálogo con los grupos armados como parte de su política de paz total. Los avances en distintos puntos del Acuerdo fueron el resultado de los esfuerzos de las entidades gubernamentales y estatales, excombatientes y la sociedad civil.

  2. En lo que constituye un avance positivo, el Gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) acordaron prorrogar durante cuatro años el mandato de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. El Gobierno también formalizó los nombramientos de altos funcionarios como sus representantes ante la Comisión, y dicha participación debería contribuir a impulsar las discusiones relativas al Acuerdo Final entre las partes signatarias. La Comisión celebró tres sesiones centradas en la inclusión de disposiciones del Acuerdo Final en un capítulo específico del Plan Nacional de Desarrollo.

  3. El Alto Comisionado para la Paz siguió dialogando con varios grupos armados tanto en negociaciones políticas como en acercamientos orientados a su sometimiento a la justicia. El 31 de diciembre de 2022, el Gobierno emitió un anuncio presidencial y decretos mediante los cuales se declaraba un cese al fuego bilateral con varias organizaciones armadas ilegales, y está trabajando en su operacionalización. Paralelamente, el Gobierno ha iniciado consultas con el Congreso y la Fiscalía General, entre otros actores estatales relevantes, sobre los aspectos jurídicos y políticos de sus iniciativas de paz. Además, el Gobierno presentó un proyecto de ley en que se define el marco de los acuerdos de sometimiento a la justicia. El Gobierno también ha pedido a las autoridades judiciales que investiguen las alegaciones sobre terceros que, a fin de recibir beneficios judiciales, intentan ser incluidos de manera ilegal en las listas de miembros de los grupos armados que participan en diálogos exploratorios.

  4. El Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) celebraron su segundo ciclo de negociaciones de paz en la Ciudad de México. Los acuerdos alcanzados, anunciados el 10 de marzo, incluyeron una nueva agenda de diálogos y compromisos para la siguiente ronda respecto a negociaciones sobre un cese al fuego y sobre la participación de la sociedad (véanse los párrafos 110 a 113).

  5. También en el contexto de la política de paz total, el Presidente de Colombia,
    Gustavo Petro, anunció en marzo el inicio de conversaciones de paz con un grupo disidente de las antiguas FARC-EP que no firmó el Acuerdo Final y que se identifica como el Estado Mayor Central de las FARC-EP. El anuncio se produjo tras la decisión de la Fiscalía General de levantar las órdenes de captura contra varios dirigentes de la organización, lo que permitió al grupo designar delegados para iniciar negociaciones con el Gobierno.

  6. El Ministro de Relaciones Exteriores se refirió al avance de los diálogos de paz con el ELN y a los mencionados decretos de cese al fuego en su carta de fecha 14 de febrero de 2023 al Consejo de Seguridad, en la que solicitaba que se ampliara el mandato de la Misión de Verificación para apoyar estos procesos.

  7. El 19 de marzo, el Presidente Petro anunció la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y ordenó a las Fuerzas Militares reactivar las operaciones contra esta organización. Esta decisión responde al ataque armado que sufrió la Fuerza Pública en el marco de una huelga minera en el departamento de Antioquia. Las autoridades habían informado de la presunta participación de este grupo en otros incidentes violentos durante las protestas.

  8. Otro acontecimiento clave del período fue la presentación al Congreso del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo por parte del Presidente. El Plan, que guiará las políticas públicas durante los próximos cuatro años, refleja prioridades como la seguridad humana y la justicia social, la acción climática y la lucha contra la desigualdad. Uno de los elementos transversales que incluye el Plan es la paz total, y para alcanzarla se destaca la importancia central del Acuerdo Final. En un anexo del Plan se recogen los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo, y se incluye un presupuesto de 10.700 millones de dólares para los próximos cuatro años.

  9. El Congreso siguió discutiendo proyectos de ley relacionados con las prioridades del Gobierno, varias reformas y la legislación pendiente relacionada con el Acuerdo Final. Entre las reformas se cuentan un proyecto de reforma del sistema de salud y otra para incluir recursos adicionales en el presupuesto nacional de 2023 destinados a la implementación de distintos elementos del Acuerdo.

  10. El Congreso celebró dos sesiones de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final, una a cargo de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y otra a cargo de la comisión especial creada para tal fin y liderada por el partido Comunes. El partido también ha apoyado activamente la legislación propuesta por el Gobierno.

  11. En febrero, miles de ciudadanos salieron a la calle a instancias del Presidente Petro y de la oposición para expresar de manera pacífica ya fuera su apoyo o su rechazo a las reformas propuestas por el Gobierno.

  12. La Misión registró con preocupación actos de violencia contra servidores públicos, incluido el asesinato de un miembro de la Defensoría del Pueblo en el departamento de La Guajira y un ataque armado contra el Director de la Unidad Nacional de Protección, quien resultó ileso. Se están llevando a cabo investigaciones al respecto.

  13. La Jurisdicción Especial para la Paz presentó una denuncia penal contra antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018, durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de las FARC-EP Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, quien volvió a las armas.