Colombia

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia - Informe del Secretario General (S/2022/513)

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Informe del Secretario General

I. Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2603 (2021), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 26 de marzo y el 27 de junio de 2022.

2. El informe incluye importantes acontecimientos ocurridos durante un período marcado en gran medida por las elecciones presidenciales. Con miras al cambio de Gobierno que se producirá próximamente, en el informe se pretende ofrecer una visión general de los avances, los desafíos y los retrasos en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Pa z Estable y Duradera y poner de relieve los asuntos que merecen atención prioritaria para la consolidación de la paz.

II. Principales acontecimientos

3. El pueblo colombiano votó para elegir Presidente por segunda vez desde la firma en 2016 del Acuerdo Final. La primera y la segunda vuelta se celebraron los días 29 de mayo y 19 de junio, respectivamente, en condiciones mayoritariamente pacíficas, con una participación electoral del 58,09 % en la segunda vuelta, frente al 54 % de 2018. A fin de abordar los problemas con el conteo de los votos que se produjeron en las elecciones legislativas celebradas en marzo de 2022, las autoridades tomaron medidas adicionales que permitieron que el proceso se desarrollara sin incidencias y que los resultados se publicaran rápidamente.

4. Gustavo Petro (Pacto Histórico) ganó la segunda vuelta con más del 50,4 % de los votos (11,28 millones de votos) y tomará posesión del cargo el 7 de agosto. Francia Márquez fue elegida Vicepresidenta y será la primera mujer afrocolombiana d e la historia de Colombia en ocupar ese cargo. Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) quedó en segundo lugar, con el 47,3 % de los votos. En virtud del Estatuto de la Oposición, previsto en una disposición del Acuerdo Final, el Sr. Hernández tiene derecho a un escaño en el Senado y su candidata a Vicepresidenta, Marelen Castillo, también afrocolombiana, tiene derecho a un escaño en la Cámara de Representantes. Durante la campaña, ambos candidatos se comprometieron a seguir implementando el Acuerdo Final. En su discurso de aceptación, el Presidente electo, Sr. Petro, hizo un llamado a la unidad nacional y dijo que la paz será un objetivo central de su Gobierno. El Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia se había reunido previamente con ambas campañas para discutir el proceso de paz y había reiterado el apoyo de las Naciones Unidas a la implementación del Acuerdo.

5. Las autoridades electorales han certificado la elección de los 187 miembros de la Cámara de Representantes, incluidas 50 mujeres (26,7 %). Continúa el escrutinio de los resultados en el Senado, en vista de las denuncias de partidos políticos sobre irregularidades durante el conteo inicial.

6. En lo que constituye un paso importante para la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz celebró las primeras audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad en el caso 01, sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARCEP), y en el caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, en relación con los crímenes cometidos en la región del Catatumbo. Durante las audiencias, las personas imputadas reconocieron voluntaria y públicamente su responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

7. En abril, en el caso 03, diez exmiembros del Ejército, entre ellos un exgeneral, y un civil, que ya habían reconocido su responsabilidad por escrito en 2021, pidieron perdón y declararon que las víctimas no pertenecían a ningún grupo armado y que habían sido presentadas como guerrilleros muertos en combate cuando no lo eran. Participaron 35 víctimas que, si bien reconocieron la contribución de los perpetradores a la verdad, pidieron más información sobre la responsabilidad de oficiales de mayor rango. A solicitud de las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó al exgeneral que amplíe su reconocimiento de responsabilidad en otra audiencia pública que se celebrará en julio.

8. En junio, la Jurisdicción Especial para la Paz convocó una audiencia en el caso 01, durante la cual siete altos excomandantes de las FARC-EP imputados reconocieron su responsabilidad, pidieron perdón y aportaron más detalles sobre los crímenes cometidos. En el transcurso de tres días, los excomandantes escucharon las versiones de 29 víctimas y sus familias, reconocieron el daño causado y reafirmaron su compromiso con el proceso llevado a cabo por la Jurisdicción Especial. Entre otras cosas, varias víctimas pidieron información adicional sobre el paradero de sus familiares secuestrados que siguen desaparecidos. La audiencia se celebró después de haber sido aplazada en tres ocasiones, entre otras cosas por motivos de seguridad invocados por los excomandantes, lo que fue cuestionado por algunas de las víctimas. Además, la Jurisdicción Especial citó a otros 52 exmiembros de las FARC-EP para que rindan versiones voluntarias individuales y colectivas.

9. Está previsto que, tras la celebración de esas históricas audiencias, que son un paso importante hacia la imposición de sanciones propias, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz presente sus conclusiones sobre ambos casos y determine si el reconocimiento de responsabilidad y la contribución a la verdad de los imputados son suficientes para que se les puedan imponer sanciones propias.

10. La situación de la seguridad siguió siendo preocupante en zonas históricamente afectadas por el conflicto. Se produjo una gran controversia tras la muerte en marzo de 11 personas en una operación militar en el Putumayo. Aunque, según el Gobierno, se trató de una operación dirigida contra un grupo armado ilegal, las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil reportaron posteriormente que entre las víctimas había civiles, entre ellos un niño de 16 años, personas indígenas y líderes comunitarios. Se están llevando a cabo investigaciones penales y disciplinarias. La Misión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han hecho un seguimiento conjunto de las investigaciones y la respuesta de las autoridades, entre otras cosas mediante misiones sobre el terreno.

11. También en mayo, las autoridades colombianas extraditaron a los Estados Unidos de América a “Otoniel”, máximo líder del Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), por cargos de narcotráfico. Se desestimaron las acciones judiciales presentadas por organizaciones de víctimas para impedir la extradición, en las que se alegó que la extradición afectaría los derechos de las víctimas a la reparación y la verdad por crímenes relacionados con el conflicto. En marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz había denegado la solicitud de “Otoniel” de someterse a ella.

12. Tras esta extradición, el Clan del Golfo llevó a cabo un paro armado de cinco días durante el cual hubo reportes de violencia generalizada en 178 municipios de 11 de los 32 departamentos de Colombia. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se produjeron más de 300 actos de violencia contra civiles, incluido el asesinato de 24 personas, y 22 ataques contra la Fuerza Pública, en los que murieron dos de sus miembros.