Colombia

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia Informe del Secretario General (S/2022/267)

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I. Introducción

1 . Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2603 (2021), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2021 y el 25 de marzo de 2022.

ll. Principales acontecimientos

2 . El período sobre el que se informa estuvo marcado por la campaña electoral y por la celebración de elecciones legislativas el 13 de marzo. El pueblo colombiano eligió un nuevo Congreso para el período 2022-2026, que entrará en funciones el 20 de julio. Estas elecciones legislativas, las segundas que se celebran desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, constituyeron un hito en la implementación del Acuerdo, ya que fue la primera vez que colombianos y colombianas de las zonas rurales afectadas por el conflicto votaron para elegir a representantes, todos ellos acreditados como víctimas, en las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz (véase el párr. 13). La participación electoral fue superior al 46 %, similar a la de 2018. Estas elecciones al Congreso tuvieron el mayor número de candidatas en la historia del país: un 39,5 % de las candidaturas fueron de mujeres (frente al 34,5 % en 2018), y aumentó el número de mujeres elegidas al Congreso. El mismo día se celebraron consultas interpartidistas para elegir a los candidatos de tres coaliciones que participarán, junto con otras personas, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 29 de mayo; de ser necesaria, la segunda vuelta se celebrará el 19 de junio.

3 . A pesar de que se produjeron algunos incidentes de seguridad, como el asesinato de dos soldados en los departamentos del Meta y el Caquetá, la votación se desarrolló con pocas disrupciones en todo el país. Solamente fue necesario trasladar 3 de las más de 112.000 mesas de votación por problemas de seguridad. No obstante, durante la campaña varios candidatos de todo el espectro político fueron objeto de amenazas y actos de intimidación, lo que llevó al Gobierno nacional y las autoridades electorales a aumentar sus esfuerzos para que tanto los votantes como los candidatos participaran en las elecciones en condiciones de seguridad. Entre las medidas adoptadas destacan el Plan Democracia y el Plan Ágora II.

4 . Se ha producido una controversia en el proceso postelectoral en relación con el conteo de los votos y sus posibles efectos en la distribución de escaños en el Senado, y varios partidos de todo el espectro político han expresado preocupación por la manera en que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha gestionado el proceso electoral. Esta cuestión se abordó en una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales, integrada por el Gobierno, organismos de control, autoridades electorales y partidos políticos. Se está terminando de realizar el conteo y se prevé que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados finales de las elecciones en las próximas semanas.

5 . En marzo, representantes de 13 partidos políticos firmaron un pacto por la no violencia en las elecciones promovido por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y organizaciones de la sociedad civil. Presidió la ceremonia de firma el Presidente de Colombia, Iván Duque. En el acto, el Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expresó la esperanza de que el mensaje que transmite el pacto, en defensa del diálogo, la tolerancia y el respeto de la vida, perdure más allá de las elecciones.

6 . Continuó la violencia en varias de las regiones priorizadas para la implementación del Acuerdo Final, que afectó, entre otras, a las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico. Cabe destacar también que la seguridad se deterioró considerablemente en el departamento de Arauca, donde, según las autoridades, fueron asesinadas 116 personas en el contexto de enfrentamientos y tensiones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y miles de personas han sido desplazadas y confinadas.

7 . En respuesta a varias acciones de tutela presentadas por excombatientes de diferentes regiones, en enero la Corte Constitucional informó que había declarado el estado de cosas inconstitucional en relación con la garantía de los derechos de los excombatientes a la vida, la integridad física y la paz. Se trata de una figura jurídica utilizada para ordenar medidas que corrijan una vulneración generalizada de los derechos fundamentales de un grupo específico. En su decisión, la Corte determinó que hay un bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad del Acuerdo Final.

8 . La Corte ordenó al Gobierno que garantice recursos adecuados para la protección de excombatientes y de quienes comparezcan ante el sistema de justicia transicional y que dé prioridad a los municipios en que esta población enfrenta un mayor riesgo. Además, ordenó al Gobierno que garantice el funcionamiento efectivo del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creados ambos por el Acuerdo Final, y ordenó también que se redoblen los esfuerzos para evitar la estigmatización y para incluir consideraciones de género y étnicas en las medidas de seguridad. La Corte exhortó al Congreso a que apruebe la legislación pendiente sobre garantías de seguridad. El Gobierno ha expresado su desacuerdo con la decisión de la Corte y ha afirmado que varias de las órdenes de la Corte reiteran medidas que las entidades gubernamentales y estatales ya están implementando y, en consecuencia, ha solicitado recientemente a la Corte que anule su decisión.

9 . Adicionalmente, la Corte acogió las acciones de tutela interpuestas por organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, según las cuales las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para reanudar la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato habían vulnerado el derecho a la participación de las comunidades potencialmente afectadas, incluido el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas. El Gobierno ha solicitado que la Corte revise y anule su decisión.