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Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia - Informe del Secretario General (S/2020/943)

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I. Introducción

  1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2487 (2019), en que el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 25 de septiembre de 2020.

II. Principales acontecimientos

  1. El 7 de agosto, en un discurso pronunciado con ocasión del segundo aniversario del inicio de su administración, el Presidente de Colombia, Iván Duque, hizo balance de los avances logrados en la implementación de los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo de su Gobierno: emprendimiento, equidad y legalidad. Por su parte, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al informar sobre cuestiones relacionadas con la paz, declaró que los esfuerzos del Gobierno se habían centrado en fortalecer la planificación, diversificar las fuentes de financiación y ejecutar acciones para cumplir el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, particularmente en cuanto a la reincorporación de los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), la estabilización, las víctimas y la sustitución de cultivos ilícitos. Paralelamente, actores de la sociedad civil y el ámbito político, incluido el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), han seguido manifestando preocupaciones respecto del enfoque del Gobierno sobre la implementación del Acuerdo Final, tales como que el ritmo de implementación es lento, que se hace un uso insuficiente de las instituciones creadas por el Acuerdo y que la implementación no es integral.

  2. El Presidente Duque también presentó los esfuerzos realizados por su Gobierno para responder a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que hasta el 25 de septiembre ha causado 798.317 casos y 25.103 muertes. El Presidente Duque anunció un “Nuevo compromiso por el futuro de Colombia”, estrategia para superar los efectos de la pandemia centrada en cinco pilares, a saber: la recuperación del empleo; el crecimiento limpio y sostenible; el compromiso con los más pobres y vulnerables; el compromiso con el campo y la Paz con Legalidad; y la salud. La estrategia requerirá inversiones de aproximadamente el 10 % del producto interno bruto del país.

  3. El 20 de julio comenzó un nuevo período de sesiones del Congreso de la República. Hasta la fecha, los partidos políticos y el Gobierno Nacional han presentado más de 700 proyectos de ley y han propuesto reformas de la Constitución, que en algunos casos abordan cuestiones pendientes relacionadas con el Acuerdo. Por ejemplo, en estos momentos se está discutiendo un proyecto de reforma del Código Electoral, así como iniciativas para ampliar hasta 2031 la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las Comisiones de Paz y de Derechos Humanos de las dos cámaras del Congreso han seguido discutiendo las condiciones de seguridad en varias regiones y la incesante violencia contra líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.

  4. En agosto, el Congreso eligió al nuevo Defensor del Pueblo y a la nueva Procuradora General de la Nación. Ambas instituciones desempeñan un papel crucial en la construcción de la paz en Colombia. Carlos Camargo tomó posesión de su cargo como nuevo Defensor del Pueblo el 1 de septiembre por un mandato de cuatro años, y Margarita Cabello entrará en funciones como nueva Procuradora General de la Nación en enero de 2021, también por un mandato de cuatro años.

  5. En julio, el Gobierno presentó al Congreso su proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2021, que debe ser aprobado a más tardar el 20 de octubre. Si bien no contiene ninguna partida específica para las cuestiones relacionadas con la paz, el Gobierno sí incluyó un anexo sobre el gasto en construcción de la paz. Según el Gobierno, las inversiones relacionadas con la paz aumentarán un 9 % respecto de 2020. No obstante, la propuesta del Gobierno prevé recortes en los presupuestos de inversión de entidades clave para la implementación del Acuerdo Final, como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Desarrollo Rural. El proyecto de presupuesto dispone un aumento del 10 % para los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En septiembre, el Congreso aprobó una nueva ley por la que se autoriza a destinar a la implementación de PDET en 2021 y 2022 los fondos relacionados con la paz derivados de las regalías mineras previstas para los próximos diez años. Los partidos de la oposición, incluido FARC, han replicado que los fondos siguen siendo insuficientes, y que recursos que se deberían destinar exclusivamente a la implementación del Acuerdo se están utilizando para otros fines.

  6. En agosto, la Contraloría General presentó al Congreso su cuarto informe de seguimiento a la ejecución de los recursos en la implementación del Acuerdo Final, con énfasis en 2019. Si bien en el informe se señala que en 2019 la ejecución fue mayor en promedio que en los años anteriores, ya que se situó en el 83 %, se indica también que, a este ritmo de ejecución, la implementación se lograría en al menos 25 años, frente a los 15 previstos inicialmente.

  7. Autoridades departamentales y municipales aprobaron sus planes de desarrollo. Miembros de FARC, incluidas muchas mujeres excombatientes, participaron proactivamente en la preparación de muchos de los planes. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 25 departamentos y 166 municipios han incluido indicadores específicos sobre reincorporación en sus planes de desarrollo. Al menos 17 planes departamentales incluyen cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad, en especial sobre la protección de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Varios planes incluyen acciones relacionadas con el Acuerdo Final, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y los PDET.

  8. El 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria preventiva del ex-Presidente y Senador Álvaro Uribe en el marco de una investigación sobre delitos de fraude procesal y soborno a testigo durante su mandato como Senador. El 18 de agosto Uribe renunció a su cargo de Senador, tras lo cual la Corte Suprema perdió su competencia y la investigación se remitió a la Fiscalía General de la Nación. El caso ha intensificado la polarización y provocado fuertes reacciones en varios sectores de la sociedad colombiana

  9. Después de que el 9 de septiembre muriera un hombre durante una detención policial en Bogotá, manifestantes en Bogotá y otras ciudades protestaron contra los abusos por parte de la policía y exigieron reformas. Se registraron actos de violencia, saqueo y enfrentamientos con la Fuerza Pública en varios lugares. Han muerto 13 personas, y unos 300 civiles y decenas de agentes de policía han resultado heridos.