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Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia - Informe del Secretario General (S/2021/824)

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Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2574 (2021), en que el Consejo prorrogó y amplió el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 26 de junio y el 24 de septiembre de 2021.

Principales acontecimientos

2. Se aproxima el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), que coincidirá con el último año del mandato del Presidente Iván Duque y del período legislativo 2018-2022. En este contexto, en agosto de 2021 se logró un hito importante en la implementación: el Presidente Duque promulgó el acto legislativo por el que se crearon las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, tras su envío por el Congreso a raíz de la sentencia dictada por la Corte Constitucional. Estos nuevos escaños de la Cámara de Representantes tienen como finalidad permitir la participación de las poblaciones excluidas históricamente en las regiones afectadas por el conflicto. Las circunscripciones transitorias se aplicarán en los períodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030.

3. El período sobre el que se informa se caracterizó por el incremento de los preparativos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, que serán las segundas elecciones nacionales que se celebran desde la firma del Acuerdo Final. Las entidades del Estado han empezado a trabajar en sus ámbitos de responsabilidad para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin problemas.

4. Las prioridades del Gobierno para su último período legislativo incluyen una nueva reforma tributaria, que fue aprobada en septiembre, y cambios en la Policía Nacional. Todavía está pendiente de presentarse al Congreso, y de ser aprobada por este, otra legislación clave para la implementación del Acuerdo Final y sobre cuestiones conexas, como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que ha sido firmado pero no ratificado. Los partidos de la oposición han presentado proyectos de ley relacionados con el reciente paro nacional, sobre cuestiones como la reactivación económica, una renta básica de emergencia, garantías para la protesta pacífica y reformas policiales. Diferentes partidos políticos han presentado también varios proyectos de ley para implementar el Acuerdo Final, entre ellos uno que anteriormente no fue aprobado por el Congreso, sobre un mecanismo judicial específico para la resolución de las disputas relacionadas con la tierra. Partidos de la coalición de gobierno han presentado proyectos de ley para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, el proceso de restitución de tierras y la participación de la ciudadanía.

5. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, que fue presentado por el Gobierno al Congreso en agosto y está previsto que se apruebe en octubre, incluye un anexo sobre el gasto en construcción de la paz. Según la propuesta, los fondos relacionados con la paz aumentarían un 3,8 % con respecto a 2021, pero disminuirían los dedicados a algunas partes del Acuerdo Final, como la solución del problema de las drogas ilícitas, y a elementos relacionados con la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección. También se producirían recortes en los fondos para entidades públicas con responsabilidades clave en la implementación de la paz, como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio. El proyecto de presupuesto prevé un aumento de los fondos para la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y no incluye fondos para la Comisión de la Verdad, a la espera de que se tome una decisión sobre la prórroga de su mandato (véase el párr. 68).

6. En agosto, la Contraloría General presentó al Congreso su quinto informe sobre la ejecución de los fondos para la implementación del Acuerdo Final, que abarca desde la firma hasta marzo de 2021. En el informe se destaca que el gasto relacionado con la paz ha aumentado en promedio un 5 % al año desde que se firmó el Acuerdo Final y que entre 2017 y 2020 se gastó en promedio el 65 % de los recursos asignados. No obstante, se señala también que los recursos asignados nunca se han gastado íntegramente y que, al ritmo actual, se estima que se tardará 26 años en implementar el Acuerdo Final, en vez de los 15 años previstos inicialmente.

7. La Jurisdicción Especial para la Paz sigue avanzando en los casos de los que se ocupa. En el período sobre el que se informa hizo sus dos primeras imputaciones en el caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, contra 25 exmiembros y miembros en activo de la Fuerza Pública (incluidos un ex brigadier general y cuatro excoroneles) y un tercero civil, a quienes se les imputan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que estos crímenes fueron sistemáticos en la región del Catatumbo y en los departamentos del Cesar y La Guajira. Ha identificado a 271 víctimas en estas regiones y el impacto de los crímenes ha afectado desproporcionadamente a comunidades indígenas. La Jurisdicción Especial para la Paz dio a los imputados 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o aportar sus observaciones y les ordenó que presentaran un plan para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas.