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Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia - Informe del Secretario General (S/2020/1301)

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Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2574 (2021), en que el Consejo prorrogó y amplió el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y 2366 (2017), en que el Consejo solicitó al Secretario General que informara sobre la ejecución del mandato de la Misión cada 90 días. Abarca el período comprendido entre el 27 de marzo de 2021 y el 25 de junio de 2021. Los avances y desafíos se presentan en el marco de las cinco prioridades para la implementación integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera recomendadas por el Secretario General para 2021, a saber: protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos; sostenibilidad del proce so de reincorporación; consolidación de la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto; fortalecimiento del diálogo constructivo entre las partes; y fomento de la reconciliación.

Principales acontecimientos

2. El período sobre el que se informa estuvo marcado por un gran malestar social en Colombia y por la polarización en torno a las protestas en todo el país y la violencia asociada. Los sucesos suscitaron grave preocupación a nivel nacional e internacional, así como llamados a la no violencia, al respeto de los derechos humanos y a la solución de las diferencias mediante el diálogo pacífico.

3. El 28 de abril comenzó un paro nacional, acompañado de manifestaciones generalizadas, concentradas principalmente en entornos urbanos, y con el apoyo de diversos actores de la sociedad civil, como sindicatos, estudiantes, campesinos y organizaciones de mujeres, indígenas y afrocolombianas. Las protestas también contaron con una participación sin precedentes de los jóvenes. Las demandas de los manifestantes giraron en torno a una amplia gama de cuestiones, especialmente una reforma tributaria propuesta por el Gobierno (que retiró el 2 de mayo), así como cuestiones relacionadas con la atención de la salud, la educación, una renta básica garantizada para las personas más vulnerables en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el desarrollo agropecuario. Los partidos y movimientos de la oposición se hicieron eco de las demandas realizadas en el marco del paro. Las organizaciones juveniles, de mujeres, de pueblos indígenas y de campesinos de varias regiones también mencionaron, como parte de sus demandas, la implementación integral del Acuerdo Final.

4. Las protestas durante el paro nacional fueron en su mayoría pacíficas, pero también se produjeron violentos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes, abusos de la Fuerza Pública, actos de vandalismo contra la infraestructura pública y bloqueos de carreteras. Algunos de los incidentes de violencia más graves se reportaron en las ciudades de Bogotá, Cali y Popayán. Entre el 28 de abril y el 16 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró alegaciones de 56 muertes, a saber, 54 civiles y 2 agentes de policía, en el contexto de las protestas. Otros cientos de personas resultaron heridas. Las Naciones Unidas hicieron varios llamados para que se respetaran los derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica, se redujera la violencia y se dialogara para buscar una solución a la crisis. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron amplios abusos policiales en el contexto del paro, lo que dio lugar a un aumento de las demandas de mayores garantías de seguridad para los manifestantes, así como de reformas policiales. El Presidente de Colombia, Iván Duque, condenó la violencia y los bloqueos de carreteras que impedían la movilidad y el flujo de bienes esenciales y aseguró que se investigarían todos los casos de abusos cometidos por miembros de la Fuerza Pública. El 6 de junio anunció una serie de reformas policiales. Funcionarios del Gobierno y el Fiscal General de la Nación declararon que grupos armados ilegales podrían haber estado vinculados con algunos actos de violencia durante el paro.

5. A solicitud del Gobierno y del Comité Nacional del Paro, que agrupa a muchos de los actores de la sociedad civil que participan en las protestas, el Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, junto con la representante del ACNUDH y un representante de la Iglesia católica, facilitó diálogos dirigidos a alcanzar una solución negociada al paro a nivel nacional. Se apoyaron esfuerzos similares mediante buenos oficios en las regiones más afectadas por el paro, incluida Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia. La Misión y los miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país también han prestado su apoyo para facilitar el establecimiento de corredores de suministros vitales, y el ACNUDH monitoreó el cumplimiento de las normas de derechos humanos durante las protestas.

6. El 15 de junio, sin haberse alcanzado una solución negociada al paro, el Comité Nacional del Paro anunció la suspensión temporal de las movilizaciones y declaró que los actores de la sociedad civil seguirían defendiendo sus demandas, entre otras cosas mediante la presentación de proyectos de ley ante el Congreso.

7. Colombia logró un importante hito en el proceso de paz en abril, cuando exmiembros del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP), contra los que la Jurisdicción Especial para la Paz había dictado en enero un auto de determinación de hechos y conductas en el caso 01, sobre toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, presentaron sus respuestas al auto, incluida información en respuesta a los requerimientos específicos formulados por las víctimas acreditadas en el caso. Tras presentar su respuesta, los excomandantes reconocieron que había existido una política de secuestros en el antiguo grupo guerrillero y asumieron su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. También dijeron que no habían ejercido un control efectivo sobre sus subordinados y que eran responsables de los malos tratos infligidos a las víctimas de secuestro. Asimismo, los líderes de las antiguas FARC-EP pidieron perdón y se comprometieron a ayudar a localizar los restos de las víctimas de secuestro que fueron asesinadas o murieron en cautiverio.

8. La Jurisdicción Especial para la Paz también recibió observaciones sobre el auto presentadas por las víctimas acreditadas y por la Procuraduría General. Estas observaciones serán fundamentales para el siguiente paso del proceso, en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará si la respuesta de los exmiembros del secretariado de las FARC-EP constituye un reconocimiento pleno de responsabilidad y una contribución exhaustiva a la verdad.

9. La respuesta fue ampliamente elogiada, también por el Representante Especial, como un paso importante para la verdad, la justicia y la reconciliación, así como para la satisfacción de los derechos de las víctimas, y como una importante demostración del compromiso de los exmiembros de las FARC-EP con el Acuerdo Final.

10. El 17 de junio, los excomandantes de las FARC-EP objeto del auto de la Jurisdicción Especial para la Paz aportaron información a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para iniciar la búsqueda de 55 civiles y miembros de la Fuerza Pública secuestrados por las FARC-EP. También se comprometieron a aportar información sobre otras 136 víctimas. Según la Unidad, 192 víctimas relacionadas con el caso 01 siguen desaparecidas.

11. En mayo, tras una serie de acciones legales, la Corte Constitucional dictaminó que el Congreso, en una controvertida votación celebrada en 2017, había aprobado un proyecto de ley que creaba 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, previstas en el punto 2 del Acuerdo Final. El objetivo de las nuevas circunscripciones electorales es promover la participación de poblaciones históricamente excluidas de zonas afectadas por el conflicto, incluidos los miembros de organizaciones de víctimas y de mujeres. La Corte dictaminó que los 16 escaños adicionales en la Cámara de Representantes se aplicarán en los períodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030.

12. También en mayo, el Presidente Duque sustituyó a los ministros y altos funcionarios que habían dimitido. Designó a la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para que desempeñe también el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores. Hubo cambios asimismo en los Ministerios de Hacienda, Comercio y Cultura, y se nombró a un nuevo Alto Comisionado para la Paz.

13. El 15 de junio estalló un carro bomba en el interior de una base militar en Cúcuta (Norte de Santander), que causó heridas a 36 personas. El ataque fue ampliamente condenado por actores políticos y la sociedad civil. Ningún grupo armado ilegal ha reivindicado el ataque y se están llevando a cabo investigaciones al respecto.

14. El período sobre el que se informa también estuvo marcado por la tercera, y más grave, ola de la pandemia de COVID-19, que hasta el 25 de junio se había cobrado la vida de 103.321 personas. La estrategia de vacunación dirigida por el Gobierno está avanzando y se han administrado unos 16 millones de vacunas.