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Mecanismos de autoprotección: Comunidades rurales y defensores de derechos humanos en Colombia

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Resumen Ejecutivo

Para los defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) y las comunidades rurales los riesgos aumentan considerablemente cuando sus derechos territoriales están asociados a intereses económicos como, por ejemplo, el caso de la agricultura y de la industria minera (en particular, la minería y la explotación de petróleo) a gran escala.

La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos colombianos ha sido, durante muchos años, una de las peores del mundo. Desde el inicio oficial de las negociaciones de paz de La Habana (octubre de 2012) entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército de Pueblo (FARC-EP), el número de defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) asesinados anualmente ha aumentado año tras año, manteniéndose como el más alto del mundo durante el 2015. Los defensores y defensoras más atacados estuvieron trabajando por las víctimas, la tierra y el medioambiente; recientemente, han aumentado los ataques contra aquellos involucrados en el activismo por la paz y el liderazgo político.

Los DDH rurales han sufrido asesinatos y ataques desproporcionadamente. La organización no gubernamental (ONG) Somos Defensores informó que en los últimos cinco años, hasta fines de 2015, la categoría de defensores más frecuentemente asesinados ha sido la de los Pueblos Indígenas. La situación de las defensoras también se ha deteriorado, con un aumento del 160 por ciento en los ataques contra las mujeres defensoras, de 2013 a 2014. De acuerdo con la evidencia documentada, los principales responsables del 66 por ciento de los ataques y homicidios contra defensores y defensoras rurales en 2015 han sido los grupos paramilitares de derecha postdesmovilización (GPPD).
En contraste, el número de defensores y defensoras atacados por grupos guerrilleros de izquierda es extremadamente pequeño, menos del uno por ciento en 2015. Por lo tanto la firma del Acuerdo de Paz con las FARC no garantizará la disminución de los ataques contra DDH.

Un elemento clave para crear un entorno más seguro y propicio para los y las DDH, es enfrentar la impunidad. Y para ello los y las DDH han solicitado, en repetidas ocasiones, que el Gobierno de Colombia ponga en marcha mecanismos especiales. Uno de los acuerdos realizados en La Habana está diseñado para hacer frente a la impunidad asociada con ataques a DDH y líderes políticos, lo que implica una serie de mecanismos reunidos bajo el tema de las ‘Garantías de Seguridad’. Éstos están dirigidos a desmantelar las estructuras económicas y políticas detrás de los GPPD y forman parte de los Acuerdos de La Habana, por lo que su eficacia sólo puede ser juzgada una vez una vez estos sean implementados. Estos mecanismos, serán discutidos en mayor detalle en el presente informe, resaltando que a la vez que ofrecen motivos para la esperanza, esta esperanza debe ser realista frente a la negativa reputación de Colombia en la aplicación de políticas y en su fracaso para poner fin a la impunidad en el caso de violaciones de derechos humanos.

Con el fin de protegerse de la violencia generada por todos los actores armados del conflicto, los y las DDH y las comunidades rurales han desarrollado una serie de medidas de autoprotección.
Estos mecanismos son esenciales no sólo debido a la falta de cumplimiento por parte del Estado de la obligación de proteger sus derechos, sino también debido a que las Fuerzas de Seguridad estatales están implicadas en las atrocidades cometidas contra las comunidades y en los ataques contra los y las DDH.
LaOficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Bogotá (ONU-OACDH) resaltó que, a pesar de que el accionar de las Fuerzas de Seguridad estatales puede estar cambiando en las zonas urbanas, sigue siendo la misma en las zonas rurales, donde la ‘construcción de la contra-insurgencia’ sigue señalando como ‘el enemigo’ a los y las DDH y a las comunidades dedicadas a la resistencia pacífica, generándoles graves riesgos.

Para los y las DDH y las comunidades rurales los riesgos aumentan considerablemente cuando sus derechos territoriales están asociados a intereses económicos dentro de su territorio como, por ejemplo, el caso de la agricultura y de la industria minera (en particular, la minería y la explotación de petróleo) a gran escala. Como resultado, la mayoría de los modelos de autoprotección desarrollados por las comunidades en áreas rurales incorporan al individuo, la comunidad y su territorio. Para los defensores rurales y, en particular, los grupos minoritarios, la integridad cultural es fundamental para su bienestar y seguridad. Por lo tanto, los mecanismos de autoprotección no sólo se refieren a la protección física, sino también a la seguridad relacionada a la permanencia en su territorio, que implica: seguridad política, económica y del medio ambiente, así como bienestar psicosocial, espiritual y cultural. Las amenazas a la seguridad de estas comunidades no sólo se asocian con los actores armados, sino que también incluyen la contaminación del medio ambiente, la destrucción del territorio y la pérdida de la tierra.

Los mecanismos de autoprotección utilizados por los y las DDH y las comunidades rurales, han sido eficaces durante todo el conflicto. Quienes han desarrollado y usado estos mecanismos mantienen una valiosa experiencia en la construcción de paz, ya que todos los modelos de autoprotección fueron diseñados para neutralizar la violencia utilizando métodos no violentos.
Estos modelos también promueven el estado de derecho, insistiendo en que funciona cuando los derechos humanos están protegidos. Además, los DDH rurales, promueven la organización de la comunidad y proporcionan habilidades técnicas y conocimientos necesarios para equilibrar la desigualdad de poder y facilitar el diálogo con el Estado y las empresas. Todo esto constituye una experiencia muy valiosa en la construcción de paz. Por lo tanto es esencial que la comunidad internacional y el Estado colombiano apoyen a los DDH y las comunidades rurales en la utilización de esa experiencia.

La información contenida en este informe viene de entrevistas y conversaciones con los socios locales de los miembros de ABColombia, así como de otras ONG colombianas y algunas organizaciones intergubernamentales que trabajan sobre el terreno, en Colombia. Los modelos de autoprotección presentados en este informe son los que los socios de los miembros de ABColombia han desarrollado y se centran en su mayor parte en las zonas rurales, pero no son una lista exhaustiva de todos los mecanismos de autoprotección utilizados en Colombia.