El desplazamiento forzado en Colombia continua perfilándose como una catástrofe humanitaria que se expande e incluye a cada vez más sectores sociales y áreas geográficas. Entre el 1=B0 de enero y el 31 de marzo de 2002, al menos 90.179 personas fueron desplazadas en Colombia. Masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos masivos y comunidades sitiadas configuran el trasfondo de la migración forzada en el primer trimestre del año. El incremento y degradación de la confrontación armada caracterizan el primer trimestre del año 2002 y constituyen un pésimo augurio para la crisis humanitaria que representa el desplazamiento forzado en Colombia.
En este primer trimestre del año se
mantiene el dramático promedio de mil desplazados cada día, 42 personas
cada hora, un hogar cada diez minutos. El 29.47%, 321, del total de municipios
del país recibieron población desplazada entre enero y marzo de 2002. Entre
tanto se pasó de 26 departamentos de llegada de población en situación
de desplazamiento en el 2001 a 31 en 2002, lo que muestra la expansión
geográfica y poblacional del conflicto. Por primera vez en los registros
históricos de Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento
"SISDES" del Observatorio de la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento, aparece información sobre la llegada de población
en situación de desplazamiento en el departamento de San Andrés y Providencia
(13 personas).
El 35% de las personas desplazadas en los primeros tres meses de 2002 salieron en forma masiva, en promedio cada éxodo expulsó 1392 personas. En el primer trimestre de 2002 se presentaron menos éxodos que en el mismo período de 2001, pero fueron expulsadas más personas: 17 y 38 desplazamientos masivos; y 32.023 y 32.518 personas desplazadas, respectivamente. Así mismo, en el primer trimestre de 2002 se expulsó población masivamente de menos municipios (23 en 2001 y 8 en 2002) y en menos departamentos (19 en 2001 y 5 en 2002). Esto significa que el promedio de personas expulsadas en la modalidad de desplazamientos masivos se incremento 2.27 veces (842 en el primer trimestre de 2001 y 1912 en el mismo período de 2002) mientras tanto se redujo la cantidad de municipios expulsores en una proporción similar: 2.8 veces. Es posible concluir entonces, que en el período analizado y en esta fase del conflicto, más personas son expulsadas de menos municipios, lo que nos mostraría que las acciones de los actores armados, si bien son menores son más contundentes en términos de la violación de los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre éstas el desplazamiento forzado como principal estrategia de guerra en el país.
Los departamentos y municipios con mayor índice de recepción de población sometida al desplazamiento forzado son en su orden:
PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE LLEGADA ENERO-MARZO DE 2002
DEPARTAMENTO No. PERSONAS
MAGDALENA: 16.586
BOGOTA D.C:. 14.000
N. SANTANDER: 13.178
ANTIOQUIA: 7.212
SUCRE: 3.640
CALDAS: 3.601
CUNDINAMARCA: 3.238
TOLIMA: 3.000
CÓRDOBA: 2.649
VALLE EL CAUCA: 2.604
BOLOVIAR: 2.576
META: 2.476
HUILA: 2.113
RISARALDA: 1.473
NARIÑO: 1.484
SUBTOTAL : 79.830
TOTAL PERSONAS: 90.179
% SOBRE TOTAL PERSONAS: 88%
TOTAL DEPTOS: 31
PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LLEGADA ENERO-MARZO DE 2002
Municipios No. Personas
SANTA MARTA: 16.441
BOGOTÁ D.C.: 14.000
MEDELLIN: 5.000
CONVENCIÓN: 4.000
EL TARRA: 3.500
OCAÑA: 3.500
IBAGUé: 3.000
SINCELEJO: 2.701
LA PALMA: 2.000
CALI: 2.000
CÚCUTA: 1.617
LA DORADA: 1.300
MANIZALES: 1.246
VILLAVICENCIO: 1.182
PEREIRA: 1.149
SUBTOTAL: 62.636
TOTAL: 90.179
% SOBRE TOTAL PERSONAS: 69.45%
TOTAL MUNICIPIOS: 321
Respecto de las masacres y los asesinatos selectivos como eventos desencadenantes de desplazamientos se realizaron 23 masacres con un saldo de 128 personas asesinadas, para un promedio de 5 personas en cada masacre. Los presuntos responsables de las masacres reportadas son: las Autodefensas Unidas de Colombia en 6 casos; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 5 casos; el Ejército de Liberación Nacional en un caso; y 11 casos de autor desconocido. En los tres primeros meses de 2002 se presentaron 42 asesinatos selectivos de autoridades locales, eclesiásticas, líderes comunitarios y de organizaciones sociales.
La crisis humanitaria relacionada con el desplazamiento forzado se expresa de dos maneras: las comunidades sitiadas y las comunidades desplazadas. En ambos casos los denominadores comunes son desprotección estatal y desatención; o en su defecto respuestas reactivas, parciales, tardías e insuficientes frente a la vulneración de derechos y al deber de asistencia estatal. Los bloqueos alimentarios, de medicinas, insumos o la imposibilidad de movilización se agravan a=FAn más con los obstáculos que se imponen a la ayuda humanitaria.
Casos como los del sector del Catatumbo (Norte de Santander) y amplios sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, dan cuenta de la grave situación de Derechos Humanos que genera movilizaciones dentro de los propios departamentos y en algunos casos la b=FAsqueda de refugio en el vecino país de Venezuela, con cifras de tránsito y retorno de muy complejo cálculo.
La ruptura de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia, implicó el recrudecimiento de las hostilidades y el ataque a la población civil como característica principal de la guerra en Colombia, en donde las principales víctimas son quienes no hacen parte de la confrontación armada. En los procesos de desplazamiento forzado se concentran las agresiones a la población civil que huye de las amenazas, atentados, ataques indiscriminados y combates, entre otros eventos generadores de desplazamiento. Roto el diálogo, asistimos al crecimiento sostenido de una guerra antipopular prolongada y sin salida militar en la que más civiles están siendo afectados por el uso de armas de efecto indiscriminado (artesanales o de alta tecnología) por las masacres y asesinatos de personas en estado de indefensión, por el reclutamiento voluntario o forzado de niños, niñas y jóvenes y por el desplazamiento forzado.
Frente a este panorama de creciente y profunda crisis humanitaria, el país y la comunidad internacional estamos a la espera de los compromisos que el nuevo gobierno establezca con una política de Estado, que implique el cumplimiento de las obligaciones de protección y atención integral con las personas, familias y comunidades en riesgo y aquellas que ya fueron sometidas al desarraigo forzado. En el marco del nuevo gobierno, la contracción o desdibujamiento de la política existente, o la pérdida de continuidad sobre los avances logrados, serían pasos en falso, retrocesos con un costo social demasiado grande. En este sentido acciones concretas de prevención y protección en el marco de vigencia, realización y respeto irrestricto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario hacen parte de la agenda p=FAblica que esta compleja problemática requiere.