Colombia

MAPP/OEA conmemora 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz y llama a persistir en su implementación

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Septiembre 26 de 2020. A cuatro años de la firma protocolaria del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) valora los logros alcanzados, y anima a las partes y a la sociedad en su conjunto a mantener y profundizar los esfuerzos tendientes a la implementación efectiva e integral.

El Acuerdo constituyó un hito nacional con impacto hemisférico y global. Facilitó la dejación y el silencio de miles de armas de las FARC-EP y, con ello, ha evitado miles de muertes y posibilitó el tránsito de esta guerrilla a partido político. Abrió también oportunidades para el abordaje de asuntos de dimensión histórica, como el desarrollo rural, el problema de las drogas ilícitas, y el acceso de las víctimas a sus derechos.

En el marco de su monitoreo territorial a los avances, desafíos y amenazas para la paz, la MAPP/OEA ha identificado también, como producto del Acuerdo, el impulso de numerosos espacios y procesos de participación ciudadana; el fortalecimiento de la interlocución entre comunidades y Estado; el rescate de agendas sociales, economicas, ambientales y culturales largamente postergadas por la violencia; una nueva arquitectura normativa e institucional para la atención de temas centrales para la seguridad y el desarrollo rural, y la llegada gradual de la institucionalidad a algunos territorios en los que antes no estaba o tenía limitaciones.

También que el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contribuye a la garantía de los derechos de las víctimas y a la reconciliación. Asimismo, la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), concebidos desde y con los territorios, han resultado en una mejor comprensión de las condiciones, las necesidades y las preferencias de las comunidades.

“La MAPP/OEA reconoce que si bien la firma del Acuerdo en 2016 no ha alterado aún las estructuras que generaron y mantienen el conflicto armado, sí ha posibilitado avances significativos para la construcción de paz, a nivel social e institucional”, señala Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA. Agrega que “estos esfuerzos, incluída la solución pacífica de diferencias y conflictos subsistentes a través del diálogo, deben ser afianzados y profundizados para aliviar los graves impactos que sigue generando la violencia armada organizada, principalmente en la ruralidad”.

La implementación del Acuerdo ha estado atravesada por dinámicas críticas. Grupos armados ilegales se disputan el control de las zonas dejadas por las FARC-EP, causando graves afectaciones a la población civil y amenazando la consolidación de la paz. A esto se suma el mantenimiento en armas de algunas facciones de esta guerrilla y la reincidencia de otras, que hoy conforman el fenómeno de las llamadas disidencias o grupos residuales.

Producto de estas dinámicas de conflicto armado, criminalidad e inequidad, la Misión ha alertado sobre la persistencia de desplazamientos forzados, confinamientos, instalación de minas antipersonal, homicidios, violencia sexual y amenazas que afectan, de manera diferencial, a mujeres, menores de edad, jovenes, liderazgos sociales, y autoridades y comunidades étnicas. También ha constatado la continuidad de la vinculación, reclutamiento forzado, uso y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes. Además ha expresado preocupación por el incremento, desde 2016, de la violencia contra liderazgos que promueven la sustitución de cultivos ilícitos, la acción comunal, los Derechos Humanos y la defensa de territorios, y contra personas en proceso de reincorporación.

Si bien los obstáculos que persisten son variados y complejos, consolidar la paz completa es un fin último que requiere los más arduos esfuerzos y la responsabilidad de toda la sociedad. Por eso, la MAPP/OEA reitera su compromiso de seguir acompañando a las acciones de paz de comunidades e instituciones de Colombia, directamente desde los territorios más afectados por la violencia.