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¡Más Vida, Menos Armas! - Comunicado a la comunidad internacional, a las organizaciones y gobiernos que apoyan el proceso de paz en Colombia, a la Organización de las Naciones Unidas y al gobierno de Colombia

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La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF, LIMPAL), en respaldo a nuestras hermanas en Colombia, condenamos las acciones represivas y violentas de la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional, que inició el pasado 28 de abril y que continúa hasta la fecha actual. Al noveno día de manifestaciones en contra de la propuesta de reforma tributaria, la fuerte represión del Estado en contra de los y las manifestantes y la militarización de las calles, se han reportado, según Temblores ONG, 1.728 casos de violencia policial, 234 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 934 detenciones arbitrarias en contra de los y las manifestantes, 341 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública, 26 víctimas de agresión en sus ojos, 98 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 11 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.

Rechazamos rotundamente el uso de las armas para reprimir las manifestaciones pacíficas, el uso de la fuerza excesiva y desproporcionada de la Fuerza Pública, el silenciamiento de las denuncias por parte de civiles, la violencia sexual en contra de mujeres, la militarización de las calles, la censura de los medios de comunicación alternativos, la tergiversación de la información en los medios de comunicación tradicionales, la nula rendición de cuentas de las instituciones y la violencia homicida del Estado.

Exhortamos a la comunidad internacional a que:

  • Realice un monitoreo y reporte riguroso de la situación crítica de violación de los derechos humanos;

  • Active protocolos de asistencia en la comunicación e información de los hechos que están siendo silenciados por parte del gobierno y de los medios de comunicación tradicionales;

  • Se enfoque en la situación crítica de las mujeres que han sido abusadas sexualmente y vulneradas en las manifestaciones, así como en las investigaciones en los casos de personas que han perdido la vida en medio de la protesta;

  • Exigir a las autoridades que desarrollen investigaciones exhaustivas, prontas, independientes, imparciales y transparentes sobre todos los casos de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que han provocado la perdida de vidas, personas heridas o desaparecidas en medio de las protestas, los actos de violencia sexual y las detenciones arbitrarias, con el fin de que las autoridades defiendan los derechos de las victimas a la justicia, la indemnización y la reparación;

  • Instar al gobierno a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacífica, que son esenciales para crear un espacio significativo de diálogo plural, transparente y de responsabilidad.

A las organizaciones y gobiernos que apoyan el proceso de paz, les llamamos con urgencia a:

  • Brindar su apoyo frente a la violencia que se está viviendo en Colombia y que va en detrimento de lo pactado en el Acuerdo de paz;

  • Instar al gobierno a garantizar un diálogo social, en el que se incluye a todos los actores de la sociedad, grupos y organizaciones con opiniones diversas, antes de adoptar cualquier política sobre los impuestos o cualquier otra reforma económica. Dichas políticas o reformas deben ir en concordancia con las obligaciones de Colombia en derechos humanos;

  • Instar al gobierno a emprender urgentemente evaluaciones de impacto de género y derechos humanos en el proceso de planificación y ejecución de políticas tributarias y otros procesos económicos, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia COVID-19 y sus impactos diferenciales, y utilizar los hallazgos para tomar medidas correctivas a acciones donde se presenten impactos negativos, como discriminación directa o indirecta o aumento de los niveles de pobreza;

  • Instar al Grupo del Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a utilizar los mecanismos disponibles para garantizar que los préstamos otorgados a Colombia se inviertan en la paz y en el desarrollo, de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos del país, y no en políticas regresivas.

A la Organización de las Naciones Unidas le pedimos hacer acompañamiento presencial en las manifestaciones a modo de veeduría sobre las acciones de la Fuerza Pública.

Instamos al gobierno de Iván Duque a desmilitarizar las calles y nuestras vidas y a:

  • Detener la violencia y la represión contra los y las manifestantes, incluido el uso de municiones reales, armas de uso militar y otros medios de fuerza letal y violenta;

  • Reconocer las atrocidades ejercidas por la Fuerza Pública;

  • Realizar una investigación a profundidad, imparcial, independiente y transparente sobre las denuncias presentadas por organizaciones, colectivos y la sociedad civil en general; exigir rendición de cuentas a los responsables de las desapariciones, asesinatos y violaciones en el marco del Paro Nacional, y asegurar justicia y reparación para las víctimas y sus familias;

  • Desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD);

  • Atender las denuncias sobre censura en las redes sociales con respecto a publicaciones sobre el Paro Nacional y los abusos policiales, como también atender a las denuncias sobre los cortes de la luz e internet en zonas donde se han presentado mayores cifras de violencia por parte de Fuerza Pública. Esto es esencial para garantizar la libertad de buscar, recibir e impartir la información. No garantizar esto iría en contraposición al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre libertad de opinión y expresión;

  • Abrir procesos de diálogo amplio con diferentes organizaciones, colectivos y la sociedad civil para llegar a un consenso colectivo sobre las demandas del Paro Nacional;

  • Facilitar la presencia de supervisores de derechos humanos y de los medios en las manifestaciones y permitir la libre circulación de estos, sin impedir u obstruir su trabajo;

  • Aceptar y facilitar las visitas solicitadas por el Relator Especial sobre la Tortura y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Como movimiento feminista, antimilitarista y pacifista, llamamos a la solidaridad de los pueblos y al apoyo de la comunidad internacional, para que cesen estas horribles noches de violencia y miedo, que han arrebatado las vidas de jóvenes que soñaron con una Colombia en paz.

Por un país donde todas las vidas importen y sea posible vivir dignamente.

¡Más vida, menos armas!