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En los primeros cinco meses del año las consecuencias humanitarias de los ocho conflictos armados que existen en Colombia se intensificaron de forma considerable. Esto como resultado del recrudecimiento de las acciones armadas en algunas zonas del país y de la disputa territorial entre actores armados no estatales. Los indicadores de las distintas problemáticas muestran la compleja realidad que afrontan las comunidades de diversos territorios, sin embargo, las cifras no alcanzan a reflejar el temor, la incertidumbre y el sufrimiento que experimentan miles de personas.
En lo corrido del año se ha incrementado la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos como el caso de las minas antipersonal, los restos explosivos de guerra, los artefactos lanzados y los de detonación controlada. Esta situación ha tenido efectos devastadores sobre la población civil tanto en zonas rurales como urbanas. En algunos lugares del país comunidades enteras han tenido que confinarse o desplazarse por la amenaza latente de estos artefactos. En este escenario resulta difícil establecer cuántas personas han perdido sus medios de subsistencia o el acceso a bienes y servicios esenciales por no poder transitar libremente por su territorio, o cuántos niños y niñas han dejado de ir a la escuela porque cerca de ella había un enfrentamiento armado o un artefacto explosivo.
El número de víctimas directas también revela la gravedad del fenómeno. Entre enero y mayo de este año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 194 víctimas de distintos tipos de artefactos explosivos. Esto representa un incremento del 35 % respecto al mismo periodo del año anterior.