En el 2016, un acuerdo de paz histórico termino el conflicto armado de 50 años entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero implementar el acuerdo – que significa cementar lo acordado en la legislación nacional y asegurarse que sus provisiones lleguen a todas las partes del país de forma equitativa – sigue siendo difícil.
Prevenir la violencia depende de la efectiva reintegración y reincorporación colectiva de los excombatientes en la sociedad, así como de compensar las víctimas, devolviéndoles sus tierras, y de atender las disparidades socioeconómicas, así como de la exclusión política siendo estas las raíces del conflicto. La crisis humanitaria, económica y política en el país vecino de Venezuela hace que priorizar el acuerdo sea aún más difícil. El Gobierno Colombiano también ha buscado varias avenidas de ceses al fuego y procesos de paz con una insurgencia más pequeña, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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