La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas - Informe sobre América Latina N°68

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from International Crisis Group
Published on 12 Jul 2018 View Original

Resumen Ejecutivo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el último movimiento guerrillero de Colombia. Forjado en la turbulencia de la década de 1960 e influido por una mezcla de credos marxistas y religiosos, el grupo ha resistido luchas internas, ofensivas del gobierno y enfrentamientos con otros insurgentes. Pero su “resistencia armada” ante un Estado que considera que sirve únicamente a los intereses de las élites económicas, parece anticuada y dañina. A pesar de que otras guerrillas y paramilitares han negociado acuerdos con el gobierno, las conversaciones con el ELN avanzan a un ritmo agonizante. Varias unidades del ELN, con una creciente fuerza y participación en el tráfico de drogas, parecen cada vez más reacias a poner fin a su lucha armada, aunque su posición podría cambiar si las conversaciones avanzan. El presidente electo Iván Duque, quien asumirá el poder el 7 de agosto, ha establecido estrictas condiciones para continuar las negociaciones, lo que aumenta el riesgo de reanudación de las hostilidades. Si quieren persuadir al nuevo presidente de que no abandone las negociaciones, las partes deberían rápidamente acordar un cese al fuego bilateral mejorado, mayor participación de la sociedad en el proceso de paz y medidas de fomento de la confianza.

Las conversaciones entre el ELN y el gobierno, después de haber sido suspendidas en enero de 2018 y más tarde expulsadas de Ecuador, se reanudaron en Cuba a principios de mayo, pero será un desafío superar los reveses y las oportunidades perdidas en los últimos dos años. Una agenda vagamente definida sentó las bases para el inicio del proceso de paz el año pasado, y un cese al fuego bilateral, que comenzó en octubre de 2017 y duró más de 100 días, les infundió un cauteloso optimismo. Con el antecedente de la dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anteriormente el movimiento guerrillero más grande del país, el aparente progreso creó el año pasado la sensación de que el Presidente Juan Manuel Santos podría lograr la paz con ambas fuerzas insurgentes.

Estas expectativas se frustraron a principios de 2018. Unidades recalcitrantes del ELN, sobre todo en el departamento del Chocó y en la frontera con Venezuela, utilizaron su poder en la estructura de comando del movimiento para bloquear la reanudación del cese al fuego. El ataque el 27 de enero por parte de una unidad del ELN contra una estación de policía en la ciudad portuaria de Barranquilla, en el norte del país, mató a siete policías e hirió a más de 40, lo que provocó gran indignación pú- blica e impulsó al Gobierno a suspender las conversaciones.

Mientras tanto, en lo profundo de sus bastiones rurales, donde el ELN ha dicho actuar durante mucho tiempo como defensor armado de las organizaciones sociales y proveedor de orden público, muchos habitantes locales se hastían de la creciente brutalidad y beligerancia del ELN. Los enfrentamientos entre unidades del ELN y otros grupos armados en regiones del Catatumbo y el Chocó han desplazado a miles de personas. La participación en el tráfico de drogas, nominalmente prohibida por el Comando Central de la guerrilla, se ha vuelto evidente en ciertas regiones. Y su simpatía de vieja data por el gobierno venezolano le tiende a la guerrilla un salvavidas transfronterizo hacia el país vecino, donde residen los comandantes superiores mientras los combatientes actúan cada vez más abiertamente en las ciudades y pueblos de ese país.

El escepticismo del ELN hacia el proceso de paz y la violencia que despliega no le han permitido ganar amigos en la política nacional. El presidente electo Duque insiste en que se impongan condiciones estrictas a los 2.000 combatientes del grupo antes de que puedan continuar las conversaciones, condiciones que el ELN seguramente rechazará. Su oponente en la segunda vuelta del 17 de junio, el ex guerrillero Gustavo Petro, advirtió que el ELN enfrentaba una dura elección: optar por la paz o transformarse en un grupo dedicado al tráfico de drogas. Al mismo tiempo, existe el ries- go de que un nuevo gobierno diluya la implementación del acuerdo de paz con las FARC, profundizando así la enorme desconfianza del ELN hacia el Estado colom- biano. Un escenario en el que Duque abandona el proceso con el ELN y declara gue- rra abierta al grupo es una posibilidad real. Su gobierno probablemente tratará al ELN como un grupo “terrorista”, justificando la medida argumentando que operan desde refugio seguro en Venezuela, un Estado paria.

Sin embargo, la reanudación de la lucha no es inevitable. Ya de frente a la posibi- lidad de que el gobierno de Duque abandone la dedicación del presidente Santos a la paz negociada, las dos partes deberían usar esta ronda de conversaciones en La Habana para llegar a acuerdos emblemáticos. Funcionarios del gobierno han notado un cambio en la voluntad del ELN de dar pasos importantes en la mesa de negociacio- nes, especialmente luego de varios ceses al fuego unilaterales y a una significativa reducción de la violencia en los últimos meses. Si las dos partes acuerdan medidas para fomentar la confianza y un marco para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, promueven acuerdos locales para reducir los costos humanos del conflicto, y establecen los términos de una tregua bilateral con condiciones claras y una verificación mejorada, los negociadores alcanzarían mayor ímpetu. El nuevo presidente definitivamente no es un ferviente defensor del proceso, pero puede lle- gar a serlo a regañadientes si se ha llegado a acuerdos que reduzcan la violencia y gocen del respaldo de la sociedad civil y de los Estados extranjeros.

Finalmente, todos los que respaldan las negociaciones deben enfatizar a Duque los graves peligros de volver al conflicto. El ELN ha sufrido daños por ofensivas mili- tares del Estado, incluidos los ataques al grupo a principios de este año después de que el cese al fuego bilateral caducara. Pero al otro lado de la frontera, en Venezuela, la seguridad y protección histórica a los guerrilleros continuará siendo una ventaja. Los territorios en los que opera el movimiento a lo largo y ancho del país son difíciles de penetrar y controlar, y los combatientes del ELN, a menudo disfrazados de civiles, siguen siendo difíciles de identificar para las autoridades. Declarar la guerra al grupo puede saciar el deseo del nuevo gobierno de imponer el control estatal sobre la tota- lidad del territorio nacional de Colombia, pero el poder del fuego por sí solo no enterrará a la última de sus guerrillas.