La Fuerza Publica, bajo Santos, responsable por 85 asesinatos ya

La FIDH y organizaciones colombianas que conforman la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCE-EU, presentaron en el día de hoy, en audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe según el cual, bajo el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se habrían producido por lo menos 85 casos de violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes de la Fuerza Pública, tipificadas en el derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales, lo cual contradice la anunciada política gubernamental de “cero tolerancia” frente a estos crímenes.

Para las organizaciones que participaron en la audiencia, las ejecuciones extrajudiciales no son cuestión del pasado, como tampoco lo es, la falta de adopción de garantías de no repetición. A pesar que la Fiscalía no cuenta con cifras consolidadas al respecto, de acuerdo con OACNUDH, existirían 4.716 investigaciones (30 % activas) de las cuales el 60 % se encuentran en fase preliminar y solo 6 % en juicio. Pero la Fiscalía, no es la única responsable de la impunidad. Las organizaciones citaron casos y políticas concretas del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de la Procuraduría General de la Nación y del propio Ejecutivo, que otorgan privilegios exorbitantes a los miembros de la Fuerza Pública, en perjuicio de los derechos de las víctimas.

Sigue siendo uno de los aspectos de principal preocupación el que los máximos responsables no están siendo investigados, tal como lo revela el informe conjunto presentado a la Corte Penal Internacional “La Guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad”.

Es por esa razón que la oficina de la Fiscal de la CPI en su informe de noviembre 2012 sobre su examen preliminar de Colombia, señaló que va a seguir examinando la grave situación de impunidad de estos crímenes. “En ese informe, la Fiscal de la CPI confirma que existe más allá de toda duda razonable fundamento suficiente para creer que los falsos positivos se cometieron conforme a una política adoptada, al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas, como una política que constituye una política de Estado para cometer estos crímenes” recordó la representante de la FIDH.

Las organizaciones presentes en la audiencia, solicitaron a la CIDH que declarara que la reciente reforma constitucional al fuero penal militar es contraria a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, desconoce el principio democrático y de independencia de la judicatura, y constituye un obstáculo para que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan acceder a la justicia, y así debe ser declarado en el informe que publicará próximamente la CIDH.

La CIDH solicitó información acerca de la preocupante nueva jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, que otorga competencia a la jurisdicción penal militar en casos de ejecuciones extrajudiciales, en contravía de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, que han reafirmado el carácter restrictivo y excepcional del fuero castrense.

CCE-EU: Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Comisión de Justicia y Paz, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Grupo Interdisciplinario por los derechos humanos