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RESUMEN
En este informe se analizan los hechos más importantes ocurridos en Colombia durante el año 2008 sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en el marco del mandato establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmado en Bogotá el 29 de noviembre de 1996. El 9 de septiembre de 2007 las partes acordaron extender el mandato, sin modificaciones, hasta el 30 de octubre de 2010.
Este informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido considerados como prioritarios. No obstante, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará trabajando otros temas que son de su interés y preocupación, realizando un seguimiento constante a los mismos.
Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos. El Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, fundamentalmente incrementando su presencia en lugares que anteriormente estaban bajo control de los grupos armados ilegales. Sin embargo, se contin=FAan produciendo graves violaciones de los derechos humanos.
Algunos altos funcionarios del Gobierno continuaron estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y activistas sociales.
En relación con las ejecuciones extrajudiciales, el Gobierno demostró buena voluntad y realizó importantes esfuerzos, que deberían continuar para garantizar la efectividad y estricto cumplimiento de las políticas institucionales. Hasta octubre de 2008, el n=FAmero de quejas y víctimas registradas evidenciaba que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas graves violaciones. En el informe se concluye que las importantes medidas adoptadas recientemente, incluida la separación del servicio de algunos altos oficiales del Ejército, ha reforzado la política de "tolerancia cero" con las violaciones de derechos humanos. Es necesario que estas medidas sean acompañadas por un mayor control operacional sobre las unidades militares y por una rápida y rigurosa investigación de todas las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.
Todas las partes del conflicto contin=FAan cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario. Además, como en años anteriores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contin=FAan rechazando el estar obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Además de seguir con el reclutamiento de menores y la comisión de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, los grupos guerrilleros han seguido colocando minas antipersonal, tomando rehenes y manteniendo personas secuestradas por largos periodos de tiempo en condiciones inhumanas.
En el informe se expone la complejidad, variedad y naturaleza cambiante e impredecible de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, que contin=FAa siendo uno de los mayores retos para el Estado de Derecho. Estos grupos contin=FAan poniendo en serio riesgo a la población civil y se requiere una acción integral de las autoridades competentes para combatirlos.
Se reconoce que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y p=FAblica durante 2008. Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, pocas víctimas han podido ejercer efectivamente estos derechos, manteniendo, en particular, a las víctimas de acciones u omisiones de agentes estatales marginadas del proceso.
El crecimiento económico obtenido en los años anteriores no se ha traducido en un suficiente y satisfactorio progreso en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Además, la brecha entre aquellos que tienen oportunidades para generar ingresos y aquellos que no las tienen no se ha reducido.
Finalmente, en el informe se resumen algunas de las principales actividades desarrolladas por la oficina en Colombia del Alto Comisionado durante 2008 y se proponen nueve recomendaciones, cuyo cumplimiento se espera que contribuya a la mejora de la situación de derechos humanos y a la aplicación de la normas de derecho internacional humanitario en el país.
La Alta Comisionada reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos, tal y como demostró durante las sesiones del examen periódico universal.