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La cuenca del río Calima y el corredor Calima–San Juan continúan enfrentando una grave crisis humanitaria derivada de la disputa territorial entre distintos grupos armados, quienes buscan controlar economías ilícitas y las rutas estratégicas hacia el litoral Pacífico. Durante 2025, se han intensificado los enfrentamientos, ataques con artefactos explosivos, confinamientos prolongados y desplazamientos internos, afectando de manera directa a comunidades afrodescendientes e indígenas. Las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, así como los reportes del Monitor Humanitario, evidencian riesgos persistentes asociados a minas antipersonal, reclutamiento forzado, violencia contra liderazgos y profunda afectación a los medios de vida.
A pesar de la activación de planes de contingencia y de la respuesta complementaria brindada por organizaciones humanitarias del ELC Valle del Cauca y el CIH Buenaventura, persisten brechas significativas en materia de prevención, protección y recuperación temprana. Las restricciones de acceso, la limitada presencia institucional y la insuficiente articulación interinstitucional dificultan el acompañamiento a las comunidades y el restablecimiento de condiciones seguras para retornos y reubicaciones. Este análisis resalta la urgencia de fortalecer las capacidades de respuesta y avanzar hacia soluciones sostenibles que garanticen seguridad, dignidad y continuidad en la protección de las comunidades del Bajo Calima y el río San Juan.