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Contexto humanitario
El conflicto armado en Colombia ha aumentado el riesgo que representa la contaminación por artefactos explosivos a nivel nacional. De acuerdo con la OACP, entre enero y diciembre del 2023, se reportaron al menos 99 víctimas por Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MSE) o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), de los cuales 60 fueron civiles y 39 miembros de la Fuerza Pública.
Como en años anteriores, las cifras de civiles representa un alto porcentaje (60% para el 2023), lo que parece indicar los cambios en las dinámicas del conflicto, en las que las disputas territoriales se dan entre GANE rivales, y no entre los GANE y las fuerzas armadas estatales.
En el 2023, los departamentos con mayores reportes de víctimas por MAP/MSE/AEI fueron: Nariño, Chocó, Cauca, y Bolívar, que concentraron el 80% de víctimas reportadas.
Con el reporte de nuevas víctimas por MAP/MSE/AEI preocupan los desafíos que estas enfrentan para el acceso a la rehabilitación integral. Esto se refleja en las dificultades de acceso a servicios esenciales y a las rutas de atención a las víctimas de manera estatal, particularmente en las comunidades étnicas quienes para el 2023, representaron el 22% del total de víctimas reportadas.
En el 2023, de acuerdo con OCHA, al menos el 11% de los desplazamientos y el 9% de los confinamientos en el país estaban relacionados con la presencia de MAP/MSE/AEI.
El desplazamiento forzado y el confinamiento son, igualmente, violaciones graves a los derechos humanos de las comunidades afectadas, ya que se restringe la libre movilidad, el uso y aprovechamiento de los territorios, que a su vez deriva en un deterioro en el acceso a servicios básicos como educación, salud y alimentación, y limita la entrada de ayuda humanitaria, dejando en mayor vulnerabilidad a las comunidades.