Gaceta de la Paz: Del 2 al 8 de octubre de 2019

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU; el reclutamiento y desplazamiento forzado que persiste en el departamento de Risaralda; la expulsión de Márquez, Romaña y Zarco Aldinevar por parte de la JEP; la petición de perdón por parte del Estado por participación de militares en la masacre de San José de Apartadó; entre otras.

Informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia

El Secretario General de la ONU hizo un llamado a la implementación integral del Acuerdo de Paz en su más reciente Informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia.

El informe resalta que, “transcurridos dos años desde la conclusión del proceso de dejación de armas, es de suma importancia seguir enfatizando que la inmensa mayoría de los excombatientes siguen participando en el proceso de paz y desarrollando esfuerzos productivos en colaboración con las comunidades locales, realizando estudios académicos, participando en la política local, creando y buscando oportunidades para sus familias y contribuyendo a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.”

Adicionalmente el informe anota que “en la coyuntura actual, es más importante que nunca acelerar y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz en su conjunto”, y que “la consolidación total de una paz que es una valiosa oportunidad para Colombia requerirá un esfuerzo integral, para el cual los colombianos pueden continuar contando con el apoyo decidido de las Naciones Unidas”.

Reclutamiento y desplazamiento forzado, los males que persisten en Risaralda

Desde la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda, los representantes de la comunidad y defensores de derechos humanos denuncian que grupos armados, más recientemente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están ofreciendo dinero a las familias a cambio de reclutar a los niños para la guerra.

“Ofrecen cerca de 500 mil pesos a las familias para que dejen ir a sus hijos, y si no acceden los amenazan”, cuenta Eisenhower D’janon Zapata, abogado miembro de la Mesa de Víctimas. Por su parte, Jaime Gutiérrez Ospina, otro miembro de la Mesa, afirma que, por medio de numerosas denuncias puestas por la comunidad, ograron sustentar los hechos y llevarlos a las autoridades, quienes desestiman las denuncias.

La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas ante los desplazamientos y confinamientos, la más reciente data de junio de 2019, en la que alertó sobre la situación de riesgo que vivían cerca de 24.130 personas en el municipio de Quinchía, entre ellos menores de edad, mineros, líderes campesinos y pueblos indígenas. Además de la denuncia asegurando que más de 200 menores de edad que figuran como desparecidos en el departamento, correrían riesgo de haber sido reclutados por grupos al margen de la ley.

JEP expulsó a “Iván Márquez”, “Romaña” y al “zarco Aldinever”

La Jurisdicción Especial para la Paz consideró que los exguerrilleros rearmados Iván Márquez, el zarco Aldinever y Romaña, incumplieron gravemente con el régimen de condicionalidad de la JEP al no cumplir con la verdad, la justicia, la reparación ni las garantías de no repetición, que incluyen el aporte a la reincorporación propia y colectiva. Por ello, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad los expulsó de la Jurisdicción y les dictó la pérdida de todos los beneficios transicionales, jurídicos y económicos.

En la decisión de los magistrados de la Sala quedó claro que la Fiscalía deberá reactivar las órdenes de captura que fueron suspendidas cuando los tres excomandantes guerrilleros se sometieron a la JEP y que la ARN debe quitarles todos los beneficios económicos a los que se acogieron con la dejación de las armas. Esta determinación se da después de que la Procuraduría aportara como prueba el video en el que aparecen “Iván Márquez” y compañía anunciando su regreso a las armas.

Estado pidió perdón por participación de militares en la masacre de San José de Apartadó4

En acto conmemorativo, el Estado ofreció excusas públicas en este corregimiento del Urabá antioqueño. El evento fue presidido por el coronel Carlos Padilla, comandante de la Décimo Séptima Brigada del Ejército Nacional. El evento respondió a lo sucedido el 21 febrero de 2005, día en el que uniformados del Ejército llegaron a las veredas La Resbalosa y Mulatos, del municipio de San José de Apartadó, en compañía de paramilitares del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas.

Hoy la justicia sabe que cerca de 300 soldados presenciaron y no evitaron el asesinato de dos familias. Las víctimas de la vereda Mulatos fueron el líder comunal Luis Eduardo Guerra, su esposa Beyanira Aleiza, su hijo Deyner Andrés de 11 años; y de la vereda La Resbalosa las víctimas fueron Alfonso Tuberquia, su esposa, Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia y Santiago, de 5 y 2 años respectivamente, así como Alejandro Pérez, jornalero de la finca.

La masacre –ocurrida durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez–, fue aceptada por el Estado colombiano en un proceso de conciliación con la defensa de las víctimas. De acuerdo con un comunicado de prensa del Ejército Nacional, mediante estos actos también se busca ratificar el compromiso de proteger los derechos de los colombianos.

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