Colombia

Fortalecimiento de la Registraduría Nacional en la atención a población en riesgo o situación de desplazamiento

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Introducción

Colombia, un país de renta media con 46 millones de habitantes y un conflicto armado interno que ya supera los 50 años, ha tenido que hacer frente a una de las mayores consecuencias humanitarias de esta guerra: las personas desplazadas por la violencia. El Estado colombiano desde la expedición de la Ley 387 de 1997, que crea el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, SNAIPD, ha diseñando una estructura que compromete instituciones, presupuestos, órganos de control y mecanismos jurisdiccionales, entre otros, para enfrentar y superar la situación.

Uno de los derechos en ocasiones invisibles de este fenómeno es el Derecho a la Identidad, entendido como el reconocimiento de un nombre, una nacionalidad y la posibilidad para ser sujetos de derechos (políticos, sociales, económicos y culturales) y de deberes u obligaciones.

En Colombia hay cerca de 3.943.508 personas desplazadas1 y todas ellas, para acceder a los bienes y servicios del Estado, deben contar con documentos de identidad. Colombia ha sido uno de los países líderes a nivel latinoamericano para consolidar y actualizar su sistema de registro civil, gracias al proceso de modernización desarrollado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde el año 1999, la oficina del ACNUR en Colombia, como agencia de protección y teniendo como eje de trabajo la colaboración armónica y la asistencia técnica a las entidades del Estado y el acompañamiento a comunidades, ha asesorado a la Registraduría Nacional del Estado Civil para promover procesos de documentación que tengan en cuenta la situación de las personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento y, con ello, la plena garantía de su derecho a la identidad. Es en ese sentido que en 1999 la Registraduría Nacional del Estado Civil, ACNUR y la Corporación Opción Legal suscribieron un convenio para fortalecer la capacidad de respuesta institucional para la atención de esta población.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene como misión garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, así como promover y garantizar las labores de identificación de los colombianos y colombianas. Es una de las pocas entidades que tiene presencia en los 1.102 municipios de Colombia, con 1.139 Registradurías que funcionan en todo el país, lo que garantiza una gran cobertura geográfica y atención a todos los sectores poblacionales. Sin embargo, y tal como ocurrió con otras entidades del Estado que debieron poner en marcha políticas de atención a población desplazada, la Registraduría no contaba con un marco para el trato diferenciado de esta población:

 Una entidad que la Ley 387 de 1997 no le había asignado una responsabilidad específica frente al tema de documentación de la población desplazada y, en ese sentido, no estaba obligada a reportar avances en este tema.

 Una entidad en la cual, pese a tener amplia presencia nacional, la acción de los registradores municipales estaba restringida a la oficina ubicada en la cabecera del municipio y sin un presupuesto financiero que les permitiera hacer un trabajo en las zonas rurales y más apartadas.

 Los registradores municipales deben cumplir con la misión registral y electoral, siendo innegable que las actividades electorales representan parte importante de su tiempo.

El proceso de fortalecimiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido constante y firme. Comienza como un modelo piloto en el que funciona de manera exitosa la fórmula cooperación internacional – Estado. El trabajo que se propuso realizar de manera inicial es novedoso porque lo que existía para ese momento eran Registradurías ubicadas en los cascos urbanos de los municipios para que las personas llegaran hasta allí a realizar sus trámites. Es a través de la incidencia del ACNUR y dentro de su trabajo de protección que la Registraduría inicia el proceso de movilizarse y realizar campañas de identificación hacia población en alto riesgo por cuenta del conflicto armado. Lo anterior se consolida como un proceso de fortalecimiento que logra llevar el servicio a la gente y de esta manera facilitar que una dependencia pública realice su trabajo a favor de quiénes, en un marco de derechos, requieren tener un tratamiento diferenciado. En la actualidad se cuenta con una normatividad y una adecuación institucional que ha permitido llevar a cabo el trabajo que se realiza a favor del derecho a la identidad de las poblaciones afectadas por el conflicto en Colombia.

Las jornadas de documentación se han convertido en espacios humanitarios, pues contribuyen al mantenimiento y apertura de éstos y son respetadas por los actores armados. Así mismo facilitan un trabajo de protección que va más allá de brindar los documentos de identidad, pues permiten visibilizar situaciones de riesgo de las comunidades.

Pero es también un proceso inacabado que tiene como gran reto conservar el espíritu con el que fue creado, con un enfoque humanitario de prevención y protección, atendiendo a la perspectiva diferencial de las poblaciones, buscando la participación y la voluntad política de las Alcaldías y Gobernaciones y teniendo en cuenta las iniciativas de las comunidades.

Las comunidades donde se ha trabajado consideran el apoyo del ACNUR como una “veeduría” y un garante internacional del proceso que se adelanta. Le asignan calificativos como “jalonador de procesos” y como una agencia que “se pone en los zapatos de la gente”. Estas valoraciones, entre otras, permiten concluir que el esfuerzo ha sido importante.