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Resumen

1. Contexto humanitario

2. Cierre del Fondo Humanitario de Colombia en Diciembre 2018

3. Proyectos en implementación y aprobados

4. Nuevos lineamientos globales del Fondo Humanitario de Colombia

5. Common Performance Framework (CPF)

6. Seguimiento y Monitoreos

7. Capacitaciones

8. Historias exitosas y lecciones aprendidas

1. Contexto Humanitario

Continúa el flujo migratorio de venezolanos al país, registrándose mes a mes un incremento en el ingreso neto. El ejercicio de HNO estimó una cifra oficial de más de 700.000 venezolanos con vocación de permanencia para suplir necesidades básicas y en búsqueda de empleo. De otro lado, se evidencia un deterioro de la seguridad en algunas zonas fronterizas (Norte de Santander y Arauca) ante la presencia de actores armados (EPL y ELN) evidenciados en homicidios intencionales en persona protegida cuya autoría no se define. Adicionalmente las denuncias sobre incursiones en territorio colombiano por parte de militares de ese país, estarían verificándose por parte del Ejército y la Armada.

El balance de los dos primeros meses del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) entre el ELN y Gobierno Nacional, considerando que hay eventos que corresponden a más de una categoría de conflicto armado y de acuerdo al monitoreo que realiza OCHA, se reportan al menos 22 casos de presunta autoría de este grupo armado y tres confirmaciones al CFBNT. Entre los eventos se destacan secuestros, homicidios intencionales en persona protegida, homicidio de un militar, denuncias de reclutamiento forzado, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento masivo, enfrentamientos con otros grupos armados, incursión y restricción al acceso. En Chocó se ha confirmado una violación y una infracción al CFBNT, además de otras que también se atribuyen a este grupo armado y se encuentran en verificación por parte del mecanismo verificación (Misión ONU e iglesia).

El Equipo Humanitario País (EHP) sigue preocupado por el impacto humanitario dada la presencia, expansión y accionar de los diferentes grupos armados (pos desmovilización ELN, EPL y nuevos actores armados), concentrando las afectaciones en varias regiones del país como: Pacífico, Frontera con Venezuela, Noroccidente y Sur. Estas consecuencias humanitarias se ven reflejadas en desplazamientos masivos incluso en lugares donde estos habían cesado desde hace algún tiempo, ataques contra la población civil, control social representado en amenazas, intimidación y restricciones a la movilidad y acceso, especialmente en zonas rurales y apartadas donde persiste una débil presencia del Estado.

En lo corrido del año, alerta el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en varias regiones del país, a pesar de estar en un escenario de implementación de un acuerdo de paz. El mayor impacto se refleja en el incremento de personas desplazadas en eventos masivos (más de 15.000) frente a los años 2015 y 2016, considerando que en 2017 hay un actor armado menos que no hace parte del conflicto. Las comunidades afrodescendientes e indígenas siguen concentrando el 782% de la población afectada. Los departamentos más afectados de manera reiterada están ubicados en el pacífico, frontera y noroccidente, repercutiendo en la capacidad de respuesta de los municipios.

Los ataques contra civiles aumentaron un 31% en el último trimestre, frente al mismo período en 2016. Son las amenazas, homicidios y heridos intencional en persona protegida, secuestro y atentados los ataques que persisten. Los líderes sociales y defensores de los derechos humanos siguen siendo el blanco principal por la labor que desempeñan, afectando la estructura y tejido social en comunidades vulnerables. El número de eventos de restricciones de acceso y acciones bélicas también han aumentado en 51 y 33 por ciento respectivamente, concentrados particularmente en departamentos de la región pacífico. En las restricciones persiste el vacío para cuantificar las afectaciones por la falta de denuncia, además de invisibilizar otros hechos victimizantes que se presentan ya sea como medida de autoprotección o por intimidación de los grupos armados.

Las inundaciones propias de las temporadas de lluvias en el país, es el evento causante de las mayores afectaciones en la población (79%). Las regiones con mayor impacto y recurrencia de estos eventos de desastres naturales son Pacífico y noroccidente (Chocó, Cauca, Córdoba, Bolívar y Antioquia); estas zonas coinciden con impacto humanitario desencadenado por conflicto y violencia generalizada, configurándose en muchas ocasiones situaciones de doble y/o múltiple afectación.

Debido al desborde de capacidades de los entes municipales e incluso departamentales, en muchas ocasiones se emiten decretos de calamidad pública que requiere el apoyo de La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD). Las organizaciones humanitarias que hacen parte de los Equipos Locales de Coordinación, en muchas ocasiones apoyan de manera complementaria para el cubrimiento de vacíos que quedan de la respuesta Estatal principalmente en sectores de seguridad alimentaria (pérdida de grandes hectáreas de cultivos), educación (afectación infraestructura, muebles y enseres de escuelas) y salud (física y mental) asociado a temas de agua, saneamiento e higiene.

Las necesidades multisectoriales identificadas en el Humanitarian Needs Overview (HNO) son el punto de partida y reto que tiene la comunidad humanitaria en el país, para la priorización y enfoque de sus planes sectoriales a través del Humanitarian Response Plan (HRP) en las comunidades más vulnerables. Para el 2018, se estimo la población con necesidades de 4.8 millones de personas, las cuales incluyen a ciudadanos venezolanos (+700.000 personas) que se encuentran en el país en calidad de permanencia, además de otras variables correspondiente a afectación por violencia armada, desastres e incluso contaminación ambiental, que repercuten negativamente en el acceso a bienes y servicios.