Víctor de Currea-Lugo
Desde principios de este mes de enero las ONG colombianas vienen denunciando un nuevo paso en lo que denominan "la institucionalización del paramilitarismo", mediante el "espejismo de seguridad sin democracia". La Unión Europea (UE), por su parte, empieza a posicionarse en el actual proceso de paz entre el gobierno y los paramilitares; pero su cooperación, en un proceso sin justicia para con las víctimas, puede hacer que termine ayudando, paradójicamente, a consolidar el proyecto paramilitar.
Todo análisis sobre los paramilitares deben incorporar dos realidades: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han tenido un demostrado vínculo con las Fuerzas Armadas, y los paramilitares son, estadísticamente, los mayores responsables de crímenes de guerra registrados hasta ahora (ONG colombianas sostienen que han asesinado a 1.899 personas desde su declaración de cese de hostilidades, en diciembre de 2002).
Estos grupos ilegales forman parte de una estrategia de los gobiernos desde hace varias décadas que, con diferentes nombres, obedecen a la lógica de contar con un brazo armado ilegal que le permita al Estado, impunemente, castigar sectores que se enfrenten al poder(ya sean sindicalistas, intelectuales, estudiantes o campesinos) con métodos como el asesinato selectivo, la masacre indiscriminada y el desplazamiento forzoso.
Las actuales expresiones violentas del paramilitarismo se han "justificado" en los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla, al tiempo que se han logrado financiar a través de su participación en el ciclo de producción y comercialización de cocaína, y han contado con apoyo (en información y en logística) de las Fuerzas Armadas (en 1997, Human Rights Watch denunció que la distribución de la ayuda militar de EEUU a Colombia coincidía con la distribución geográfica de los paramilitares, receptores de parte de esa ayuda).
Desde 2000, los paras empezaron a girar en tres sentidos: a) mayor capacidad militar, b) proyectos de autonomía financiera y, c) creación de espacios políticos de cara a un proceso de paz. Lo primero le valió mayores victorias sobre la guerrilla, pero también pérdida de control de sus jefes e incluso enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Lo segundo le permitió contar con recursos del narcotráfico para sostener su guerra, pero aumentó la descomposición en sus filas y provocó un giro hacia la delincuencia común. Lo tercero es una salida para atraer el respaldo popular y el poder parlamentario acumulado por el paramilitarismo (como afirmaron las AUC, días antes de empezar el proceso de paz, "se trata exactamente de sustituir el combate por el debate, de abandonar las botas por los votos; es decir, de poner en marcha una suerte de repliegue estratégico... hacia la democracia").
El presidente Uribe siempre ha sido un defensor de medidas de fuerza para solucionar el conflicto armado que son compatibles con el proyecto paramilitar: la renuncia al monopolio de la fuerza por parte del Estado, mediante la incorporación de los civiles al conflicto; el rechazo a la categoría de población civil; la visión del conflicto como una cruzada (las AUC se definen como "fuertemente imbuidas por ideales nacionalistas, antimarxistas y democristianos"). No puede extrañar, en consecuencia, que el gobierno Uribe muestre una especial simpatía por lograr un proceso de paz con los paras adecuado a sus intereses.
Después de un año y medio de "acercamientos" (palabra inadecuada, ya que nunca estuvieron alejados), los paras y el gobierno han abierto, desde el 1 de julio de 2004, una mesa de negociación en la población de Santa Fe de Ralito. Como resultado más visible, y de momento más positivo, cabe destacar la desmovilización de los paramilitares, aunque sólo sea porque eso supone la desaparición de un actor combatiente, la disminución de la intensidad de la guerra y la esperanza de que puedan arrancar procesos similares con otros implicados. Pero el problema es confirmar si estos anhelos se reflejan realmente en tal proceso o, por el contrario, si el objetivo es reciclar grupos de criminales de guerra, legalizarlos, darles espacios políticos y, además, premiarlos con el perdón de las violaciones cometidas. Un proceso así no sería un paso atrás en la estrategia paramilitar sino, muy por el contrario, un avance. Según numerosas ONG y las víctimas de los paras, lo que se debate no es la búsqueda de la paz sino una salida particular para los paramilitares, incluyendo la entrega de tierras, muchas de ellas abandonadas por sus dueños tras alguna masacres. Según su líder, Mancuso, "(se requiere) implementación y aplicación de políticas integrales de la tesis de seguridad democrática en las regiones de influencia de las Autodefensas Campesinas".
En el terreno político ese proceso podría conducir a la formación de organizaciones políticas, transformando su poder militar en poder político, lo que les permitiría perpetuar su control territorial, como ya sucede en Cúcuta y Medellín. En palabras del propio Mancuso, en la instalación del proceso "nosotros, como Autodefensas Campesinas, avanzaremos, no hacia la desaparición como organización, sino hacia la transformación en un movimiento político". La apropiación paramilitar de reivindicaciones que le son ajenas a su naturaleza es la norma: justicia social (aunque se alimentan del latifundismo generador de injusticia), lucha contra la violencia de la insurgencia (al margen de que hayan superado la violencia guerrillera), una agenda que incluye los derechos humanos... Una idea que, en su intento de aparecer ahora como una "guerrilla de derechas", queda claramente reflejada en su lema actual: "Por una Colombia en paz y sin hambre".
Sin que existiera todavía una ley marco que regulara la desmovilización, no deja de resultar extraño que los paras empezaran ya en 2004 tal proceso (el año pasado 2.624 paramilitares se desmovilizaron, pero aún quedarían en armas una gran mayoría de sus 20.000 miembros). En palabras de los propios paras, la verdadera negociación empieza ahora (así, la ley que regule la desmovilización será parte importante de la agenda de negociación de 2005).
Los paras han ido mostrando mientras tanto sus divisiones internas (varios de los comandantes han sido asesinados por otros paramilitares) y su gran dependencia de los carteles de la droga. De esta forma se explica que la mesa de negociación no haya contado con una posición única por parte de ellos y no puede descartarse que el proceso de paz tenga más de un quiebre en el inmediato futuro.
Por su parte, las víctimas del paramilitarismo y las ONG insisten en tres conceptos claves: verdad, justicia y reparación. Sin embargo, la agenda que se va configurando sólo parece contemplar aspectos prácticos para el bienestar de los paras, que poco tienen que ver con la justicia. El proceso ofrece tan claramente una puerta a la impunidad que numerosos líderes del narcotráfico tratan de hacerse pasar por paras, para entrar así en la lista de los perdonados. Para tal perdón el gobierno había propuesto un Proyecto de Alternatividad Penal, que preveía penas simbólicas para cualquier delito cometido miembros de un grupo que "esté en diálogos de paz". Al mismo tiempo, el proceso es también una estrategia para lograr el olvido sobre los vínculos que se han ido estableciendo entre las Fuerzas Armadas y los paras.
En definitiva, un proceso así poco ayudará a la paz en Colombia. Una cosa es desmontar una estructura paramilitar y otra, muy distinta, es reciclar criminales de guerra al tiempo que se avanza en la aceptación social (perdón, olvido y hasta justificación) de sus crímenes. Aquí es donde la UE tendría un papel que jugar: en la lucha contra la impunidad. Hasta el momento Bruselas ha utilizado la cooperación internacional como su instrumento de presencia política en Colombia, sustituyendo a la política internacional por la cooperación. Entre las ONG colombianas preocupa que una ayuda comunitaria de 20 millones de euros- originalmente destinados a los desplazados- sea desviada a programas de desmovilización y de reinserción de los paras, con lo cual gana el paramilitarismo y pierde la justicia.
* Víctor de Currea-Lugo - Doctor en Estudios Latinoamericanos y experto en derecho internacional. Colaborador de IECAH