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Comunicado público
Medellín, 11 de abril de 2018
El Instituto Popular de Capacitación (IPC) en su calidad de organización defensora de derechos humanos que acompaña procesos de víctimas reclamantes de tierras en Urabá y Bajo Atrato, rechaza públicamente el ataque ocurrido en la mañana de este miércoles 11 de abril en la vereda El Tomate del municipio San Pedro de Urabá, en el que murieron ocho policías del Escuadrón Motorizado Rural (Esmor) que acompañaban a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en esa zona de Antioquia.
Preocupa enormemente que este ataque, cometido en el sitio El Pozón a través de la detonación de un artefacto explosivo, atente contra la labor de las instituciones administrativas y judiciales encargadas de adelantar los procesos de restitución de tierras y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la región.
Lo anterior, toda vez que la comisión atacada estaba compuesta por funcionarios de la URT, un juez de restitución de tierras, dos escoltas y un abogado, quienes recibían el acompañamiento de la Policía. Parece ser se ha vuelto indispensable en el norte y en el sur de Urabá el acompañamiento de la policía por la presencia de estructuras paramilitares y principalmente ante los continuas agresiones al proceso de restitución de tierras.
De 2008 a la fecha han sido asesinados en la región 21 reclamantes de tierras. Además, esta no es la primera vez que ocurren ataques armados en este tipo de diligencias. Ver al final anexo reclamantes asesinados.
Un informe de rendición de cuentas de la URT del año 2013, advirtió que las principales dificultades en la zona norte de Urabá, para avanzar con la restitución, eran “presencia y hegemonía de varios grupos armados, alto grado de necesidades básicas insatisfechas, falta de vías acceso, víctimas reclamantes amenazadas y baja presencia institucional que garantice el retorno en condiciones dignas y seguras”.
El reciente ataque da a entender que, cuatro años después, las condiciones para el proceso de devolución de predios no han mejorado y que no sólo siguen faltando garantías para las instituciones y funcionarios encargados de la labor, sino principalmente para las familias campesinas reclamantes que de manera permanente están expuestos a las amenazas y agresiones de los grupos paramilitares y de los empresarios que se oponen a la restitución de tierras.
En los últimos años, zonas como Guacamayas, Macondo, Blanquicet y Madre Unión, los campesinos vienen siendo blancos de diferentes agresiones e incluso asesinato de sus líderes como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por ésta y otras organizaciones que acompañan a las víctimas. Todo esto, pese a que dichas comunidades, integradas al Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, están protegidas con medidas cautelares a través del Auto Interlocutorio 00181 del 12 de diciembre de 2014 emitido por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó.
Nuestra solidaridad con las familias campesinas reclamantes de tierras, con el equipo humano de la Unidad de Restitución de Tierras y con las familias de los ocho policías asesinados subintendente, Fabio Sarmiento; y los patrulleros, Never Sierra, John González, José Pérez, Darlin Rodríguez, Jorge Pacheco, Giovanny Rodríguez y José Saade.
Solicitamos al Gobierno nacional y al Estado colombiano que adelante todas las acciones que le corresponden, para que estas situaciones no vulneren la integridad de los funcionarios que adelantan las labores para materializar la restitución de tierras, y también que termine con el circulo de impunidad en el caso de los asesinatos, amenazas y nuevos desplazamientos forzados de familias de reclamantes que están siendo revictimizadas.