Colombia

El desplazamiento forzado indígena en Colombia - La ley del silencio y la tristeza


Harvey Danilo Suárez Morales*
Diego Fernando Henao Arcila**
Resumen:
La aplicación de diversas violencias asociadas a la guerra, a la acumulación vertiginosa e ilegal de capital y a la "domesticación" de lo social hacen parte del repertorio de causas generadoras de desplazamiento forzado en Colombia. El destierro, el despojo y la deslocalización son tres de los resultados más significativos del proceso de desplazamiento forzado al que son sometidos muchas personas, familias, comunidades y pueblos indígenas en Colombia. Estos tres efectos comunes a cualquier desplazamiento forzado tienen significados, impactos y respuestas diferenciales para su afrontamiento según la edad, el género y la pertenencia étnica de las personas afectadas. Someter y/o desterrar, despojar y deslocalizar son a su vez objetivos de los actores armados de la guerra y de otros agentes violentos que encuentran en el desplazamiento forzado una estrategia directa o colateral que les permite controlar y/o usufructuar poblaciones, territorios, y recursos, según sus propios intereses o los de "terceros incluidos" que los financian o promueven. Poderosos intereses económicos, políticos y culturales están a la base de los procesos de expulsión de pueblos comunidades y pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y colonos. En síntesis, la guerra como "actor" difuso oculta actores, sectores, intereses y disputas más concretas.

La ubicación estratégica y el correlativo control de territorios en disputa abarcan corredores de tránsito, zonas de retaguardia o avanzada de los actores armados. Pero desde una lectura complementaria al registro de la confrontación armada, la disputa por recursos no menos estratégicos relacionados con la oferta biofísica: biodiversidad, agua dulce, yacimientos de hidrocarburos, carbón, gas natural, oro, platino, la existencia o posibilidad de expansión de cultivos de uso ilícito, entre otros recursos, hacen parte de los motivos por los cuales se expulsan de sus territorios a indígenas, afrocolombianos y campesinos.

En este artículo, presentamos los aspectos centrales de dos investigaciones que terminaron interconectadas y que intentaron construir un marco de interpretación del desplazamiento de pueblos indígenas en Colombia, sus efectos y el tipo de respuestas dadas a esta problemática.

En las últimas décadas las regiones ocupadas por los grupos étnicos han sido incluidas como zonas estratégicas de disputa, principalmente para la economía pública y privada, nacional y transnacional, porque dichos territorios poseen y conservan muchos de los recursos naturales del país . El Gobierno colombiano reconoce claramente la superposición de formas de gobernabilidad indígena expresada en el gobierno propio y la autonomía territorial, el desarrollo de la guerra e intereses económicos: ". . . el mapa de los territorios indígenas en el país coincide, en parte, con el de grandes proyectos de infraestructura, con el de una gran biodiversidad, con el de riquezas del subsuelo, con el de cultivos ilícitos y con el de la lucha armada"

Los análisis que convergen en esta misma dirección señalan que "Esta situación ha dado lugar a conflictos que se traducen en el desconocimiento de la posesión indígena de su territorio; la concentración de fuerzas e intereses; la violencia física, en especial contra los líderes y dirigentes; el desplazamiento [forzado] de la población; la integración acelerada a la sociedad nacional y, paulatinamente, su arrinconamiento geográfico y cultural". Todo lo anterior, en relación con que aproximadamente el 28% del territorio colombiano ha sido declarado constitucionalmente 'territorio colectivo', con carácter inalienable, imprescriptible e inembargable para 91 pueblos indígenas cuya población asciende a aproximadamente 800.000 habitantes, y para cerca de cuatro millones y medio de afrocolombianos .

Tipos de desplazamiento indígena

Movilizarse dentro de los propios territorios o desplazarse a territorios de comunidades vecinas han marcado, entre otras estrategias, experiencias históricas de resistencia indígena. La búsqueda de condiciones de protección, permanencia y sostenibilidad socioeconómica, sociopolítica, cultural y ecosistémica, han marcado los movimientos migratorios y los patrones de poblamiento indígena frente a las agresiones de actores violentos (agentes externos y hace tiempo atrás los ataques de otros pueblos). Como resultado de los procesos de investigación precitados podemos identificar las siguientes formas y modalidades de desplazamiento indígena:

a. Desplazamientos internos dentro de los propios territorios. La estrategia consiste en no abandonar los límites de los territorio indígenas (resguardos, territorios ancestrales, parcialidades). Los recorridos de los desplazamientos internos intentan alejarse o reducir los efectos del control ejercido por el o los actores armados. Internarse en la selva, retirarse a las zonas más altas del territorio o aquellas de más difícil acceso hace parte del repertorio de formas de movilidad de muchos de los pueblos indígenas.

b. Desplazamientos intraétnicos fuera del propio territorio. El desplazamiento como medida preventiva se realiza hacía el territorio ocupado por una comunidad del mismo pueblo indígena que facilita espacios y servicios comunitarios como "zonas de refugio" para las comunidades en situación de desplazamiento.

En este proceso median acuerdos políticos, culturales y económicos con arreglo a la capacidad de absorción comunitaria y ecosistémica de la o las comunidades receptoras y según el nivel de integración (temporal o definitiva) de las personas, familias y comunidades acogidas. Esta estrategia se pone en marcha en respuesta al confinamiento y las agresiones de los actores armados (amenazas, masacres, asesinatos selectivos de líderes comunitarios locales y regionales, entre otras). El paso transfronterizo en búsqueda de refugio en comunidades indígenas en Panamá, Ecuador, Venezuela, Brasil o Perú también hacen parte de este tipo de desplazamientos.

c. Desplazamientos extraterritoriales. Una de las formas más problemáticas de desplazamiento forzado indígena es la salida de los territorios indígenas hacía cabeceras municipales, ciudades intermedias o grandes ciudades. Las tendencias predominantes en los lugares de asentamiento extraterritorial consisten en la conformación de núcleos de personas provenientes de sectores o pueblos comunes; o en el peor de los casos la dispersión de las familias en contextos radicalmente ajenos y con bajas posibilidades de integración económica, política y cultural. Frente a las dificultades de ajuste a los nuevos entornos se presentan casos de retornos en condiciones extremas de inseguridad, desprotección y sostenibilidad.

d. Desplazamiento disperso o gota a gota. Derivado de acciones violentas selectivas, particularmente en comunidades donde la cohesión social no es fuerte o el momento histórico de la comunidad es frágil por su alta conflictividad interna.

e. Éxodo Simple Desorganizado. Caracterizado por la salida masiva de población indígena frente a las agresiones sostenidas por parte de los actores armados que generan la fragmentación sociopolítica y cultural de las comunidades.

f. Éxodo Organizado Múltiple (indígenas, colonos y afrocolombianos). Como en el caso del Naya (Cauca) luego de la masacre perpetrada en la región del alto y bajo Naya, en el norte del Cauca y sur occidente del Valle del Cauca, entre el 10 y 16 de abril de 2001. En este vaso la configuración sociodemográfica del territorio es pluriétnica y la cohesión social interna fuerte debido a las condiciones históricas de supervivencia socioeconómica y cultural.

g. La colonización y la violencia han forzado estrategias que podemos denominar metafóricamente como "desplazamientos horizontales", migraciones en búsqueda de ecosistemas similares a los habitados y adaptados tradicionalmente que se establecen en zonas de contigüidad sociogeográfica o ecosistémica, en franjas altitudinales similares, o desplazamientos verticales hacia sectores altos o más bajos según el caso, en los cuales es preciso transformar los circuitos y redes de sostenibilidad alimentaria, de salud y aquellos fundamentales en la reproducción simbólica de la comunidad, intentando mantener contacto con las redes ancestrales y aquellas constituidas con sectores campesinos y afrocolombianos. En otros casos se presentan desplazamientos transversales hacia lugares distantes del ecosistema a través del contacto con redes conocidas.

La invisibilización de la diáspora étnica en Colombia

Las referencias y los datos concretos referidos a esfuerzos sistemáticos de monitoreo del desplazamiento indígena son incapaces de captar las verdaderas dimensiones del desarraigo, la desterritorialización y deslocalización.
La cifra gris (por fuera del conocimiento público) del desplazamiento de grupos étnicos y en especial de pueblos indígenas, obedece principalmente a los siguientes factores:

1) la negligencia estatal para adoptar una política seria, estructurada y viable al respecto;

2) las mismas dinámicas de resistencia indígena frente a los procesos de despojo violento (ya reseñadas) ; y,

3) dificultades de orden metodológico referidos a la posibilidad real de acceder a la información básica.

La contradictoria posición del Estado-nación colombiano respecto de las múltiples problemáticas por las que atraviesan los pueblos indígenas incide notablemente en la invisibilidad del desplazamiento. La Carta Constitucional vigente (1991) otorga a los pueblos indígenas y otras minorías étnicas el reconocimiento de derechos desde una retórica normativa sin parangón, no obstante, en la práctica el Estado es incapaz de garantizar la realización de los mismos. Los intentos de apaciguamiento de la cuestión étnica siguen el contradictorio sendero del reconocimiento normativo por la vía constitucional, pero con niveles exiguos de realización de los derechos, al punto que algunos autores la denominan como "la celebración de un contrato simbólico restringido".

Simbólico porque "su eficacia instrumental dependía, por lo menos en parte, de la participación de actores que se quedaron por fuera del proceso constitucional; y restringido, porque incluso a nivel simbólico permitía una super inclusión de algunos rasgos de ciudadanía (derechos sociales, tutela, diversidad cultural y étnica) al mismo tiempo que dejaba impotentes los mecanismos para hacerlos efectivos y ampliar su cobertura en sectores mas vastos de la población (democracia participativa, representación política eficaz, derechos civiles y políticos, etc.)" .

En resumen y en términos de Mauricio García Villegas, se acude a uno de los modelos de eficacia simbólica del derecho que consiste en la promulgación sin aplicación: existe una normatividad que sin embargo no se aplica o se aplica mínimamente.

Tal como señalan de Souza Santos y García Villegas, el "déficit de maniobra política" característico de los gobiernos de turno, sumado a la ausencia de políticas de Estado de larga duración, ha significado -como mencionábamos líneas atrás-, recurrir incesantemente al dispositivo normativo-simbólico que se concentra en la generación de discursos jurídicos con el fin de mostrar la existencia de un corpus de normas y disposiciones que reconocen en el papel el problema, pero carentes de recursos institucionales y acciones concretas y sistemáticas para solucionarlo. Este dispositivo responde a una lógica que consiste en que:

Mientras más limitado es el margen de maniobra política de los gobiernos en Colombia y más incontrolable es la violencia, más inclinados están éstos a tratar dichos problemas de manera tal que el énfasis institucional se ponga en la legitimación, la comunicación y el uso simbólico del derecho y no en la obtención de resultados.

En estos contextos críticos, la producción e implementación de normas da lugar a una reconstrucción de los problemas sociales y a un escape político hacía terrenos en los cuales los gobiernos pueden obtener mayores ventajas o simplemente atenuar los efectos perversos de su incapacidad política. El déficit de legitimidad, originado y causado a la vez por la ineficacia instrumental del Estado, se compensa parcialmente con el aumento de la comunicación a través de la producción de discursos legales como respuesta a las demandas sociales de seguridad, justicia social y participación" .

Sí estas reflexiones son pertinentes para la problemática étnica, con mayor razón en el caso del desplazamiento forzado. El dispositivo normativo de carácter simbólico intenta lo que la escasa voluntad, asignación y ejecución efectiva de recursos y la acción política estatal no logran: legitimar los esfuerzos desconectados y las precariedades de un esquema centralista, con graves fisuras en la aplicación regional y local, además sujeta al apoyo internacional en el marco de la ambigua cooperación simultánea para la guerra y un muy pálido componente social (Plan Colombia).

El discurso de la "atención integral" dista demasiado de las prácticas y logros concretos frente a las dimensiones e implicaciones de la catástrofe humanitaria que conlleva el desplazamiento forzado en Colombia.

Concentrando la escala de análisis a los procesos de destierro y despojo violentos de comunidades y pueblos indígenas, -así como de las comunidades negras o afrocolombianas- el diseño siquiera discursivo de una política de atención diferencial e incluyente para minorías étnicas es sencillamente inexistente.

El conocimiento social, es decir público, de esta problemática obedece a dificultades de orden metodológico, político y simbólico (representaciones e imaginarios sobre la acción estatal e institucional):

Las principales dificultades metodológicas están relacionados con la alta movilidad de la población en situación de desplazamiento, que de alguna manera se expresan en la dispersión e inestabilidad de los patrones de residencia de la población desplazada, y a las estrategias de autoprotección puestas en marcha por ésta.

Dichas estrategias incluyen "el anonimato", "el silencio" y la pérdida de historia personal y colectiva que por razones de seguridad es preferible guardar, callar frente a la estigmatización a la que con frecuencia es sometida la población desplazada como otra forma más de victimización. Estos dos factores en la práctica traen como consecuencia que muchas personas desplazadas no aporten información alguna a los diversos sistemas de recolección de información existentes. Estas situaciones generan un considerable subregistro del total de personas que realmente se encuentran desplazadas.

Dicho subregistro, además se debe a que un gran número de desplazados no acude a instituciones estatales o gubernamentales, ONG, organizaciones de base u otras entidades, por desconocimiento de los programas existentes y de los derechos que les asiste en su condición de desplazados, por la desconfianza en algunas instituciones estatales, y a la ausencia de un sistema interinstitucional de cobertura nacional que brinde confianza a las personas desplazadas que permita recabar información actualizada el respecto y activar respuestas prontas e integrales.

Si a los factores antes expuestos, se le agrega el desconocimiento, la indiferencia y la tramitología, e incluso el rechazo con el que infortunadamente en algunas ocasiones se aborda institucionalmente a las personas desplazadas, el número de quienes se acercan a entidades de atención a población desplazada decrece considerablemente. En segundo lugar, se conjugan diversos factores que invisibilizan aún más el desplazamiento forzado de personas, familias, comunidades y pueblos indígenas. En su orden:

1. El ocultamiento político estructural por parte del Estado de la problemática frente a la labor de las organizaciones sociales, Ong y la comunidad internacional. "Proceso que se inicia desde mediados de la década de los 80, periodo en el cual hay una confrontación entre las agencias del Estado y algunas ONGs que llevan las estadísticas de la movilidad humana, dejando entre los registros de información diferencias abrumadoras. Pudiera decirse que, por lo menos, habría del Estado el propósito de disimular lo que realmente está ocurriendo, estableciendo unos puentes muy estrechos entre el proceso económico, el tipo de poder regional y el desplazamiento"

2. El esquema básicamente centrado en la atención a la demanda y los topes contractuales de atención que conforma la base operacional tanto de la Red de Solidaridad Social como de las Ong que funcionan bajo el esquema de administración delegada, se revierte en el escaso o nulo trabajo de prevención que posibilite el acompañamiento a las comunidades en riesgo o en resistencia pacífica, y que impide conocer y atender muchos de los casos de desplazamiento indígena.

3. Esa distancia opaca aún más el conocimiento de los 'desplazamientos internos', es decir al interior de los propios territorios indígenas, que no por ello son menos traumáticos. Opacidad que se manifiesta en que dichos desplazamientos no son, o conocidos o reconocidos por la Red de Solidaridad Social como entidad encargada de la coordinación del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplaza por la Violencia en Colombia.

4. Del mismo modo, muchos casos de desplazamientos de población indígena quedan por fuera del sistema de información debido a la aplicación de mecanismos locales de exclusión del registro de la RSS que privilegia los casos masivos y en muchas ocasiones dejan de lado los casos unifamiliares o incluso unipersonales que implican una cierta dificultad probatoria, que se define en contra de las y los solicitantes. Mecanismo que vulnera el principio constitucional de la aplicación del principio de buena fe y que invierte la carga de la prueba en contra de quienes se acercan a solicitar (exigir) el reconocimiento de la situación de desplazamiento y los derechos asociados a ese reconocimiento.

El refugio al interior de los territorios indígenas

Una de las estrategias de resistencia puestas en prácticas por los pueblos indígenas frente a la colonización y la violencia que caracterizan la historia del país , ha consistido en el desplazamiento hacía los lugares más alejados e inaccesibles de su propio territorio (repliegue o doblamiento del territorio).

El patrón actual de poblamiento indígena y afrocolombiano, esencialmente periférico respondería a esa doble dinámica de expulsión histórica y de resistencia territorial y poblacional con la cual han respondido las nacionalidades minoritarias sometidas por el embate español en la conquista y luego de los continuos procesos de colonización, explotación de recursos como el oro, la madera, la tagua y la raicilla entre otros recursos naturales, así como la "creación de haciendas, formación de campesinado y fundación de centros poblados" .
Las dinámicas antes descritas provocaron en el caso de los Emberá, incluso profundos procesos:

De diferenciación interna en el seno de estas nacionalidades. Así muchos de los Embera del Chocó huyeron del trabajo de las minas, del pago del tributo y de la reducción en pueblos de indios, refugiándose en las cabeceras de los ríos y quebradas en lo alto de montañas rompiendo el contacto.

Como consecuencia estos grupos se convirtieron en diferentes de aquellos que permanecieron en las partes bajas de la selva, hasta el punto que fueron, y siguen siendo considerados por estos como cimarrones, seres a medio camino entre el ser Embera y lo salvaje, marcados sobre todo por un canibalismo atribuido.

Todavía se cuentan numerosos relatos en los cuales estos cimarrones atacan, dan muerte y devoran a los Embera de río, llevándose a sus mujeres. [. . . ] Otros Embera se dispersaron en forma amplia, y continuaban haciéndolo, para ocupar numerosos lugares nuevos en diversas zonas de lo que hoy es el territorio nacional, buscando regiones cuyas características se asemejan a aquellas de donde partieron, para reconstruir en ellas sus formas de vida tradicionales, hasta donde les era posible".

En este mismo sentido, Luis Guillermo Vasco , señala como en el caso de los Guambianos la estrategia ha consistido en el poblamiento y adaptación de las tierras altas y en los últimos años la recuperación de tierras en zonas más bajas y templadas.
El refugiarse en el interior del propio territorio se apuntala en la clara comprensión que tienen los pueblos indígenas de los altísimos costos sociales, económicos, políticos y culturales que implican la desterritorialización y la desintegración sociocultural, producto de la salida forzada, en últimas el menoscabo progresivo de su sostenibilidad sociopolítica y cultural como pueblos.

Esta lectura ha implicado en la práctica que un muy importante número de desplazamientos se realice en el interior de los territorios indígenas sin que este hecho se conozca fuera de dichos límites. En otras ocasiones, la evaluación de las organizaciones indígenas, las autoridades político-administrativas indígenas regionales y locales (Gobernadores, Cabildos o Capitanes) y los ejercicios de consulta a las autoridades religiosas tradicionales (Jaibanás, Mamos, Taitas, entre otras) señalen como conveniente el repliegue hacía las zonas más alejadas, más altas o de difícil acceso de los territorios indígenas.

Eventualmente, estos procesos pueden desembocar, en que la decisión conjunta de un pueblo indígena, en un determinado momento del conflicto armado o de la situación de violencia en las zonas aledañas, sea la de conducir la problemática en sus propios términos y sin intervención de los organismos de apoyo humanitario externos -Red de Solidaridad Social, ONG, comunidad internacional, Sistema de las Naciones Unidas- mientras se realizan procesos fundamentales de cohesión interna como adivinaciones, consultas, "sanación del territorio", entre otros. En estas circunstancias, la tensión existente entre la prioridad de autonomía y ejercicio del gobierno propio, y la necesidad de apoyo humanitario externo es muy fuerte.

Históricamente frente al avance de la conquista a través de emplazamientos en centros de poblamiento costero o ribereños como Cartagena de Indias o Monpox y las posteriores avanzadas en terrenos altos como Popayán, Santa Fe de Antioquia, Tunja o Bogotá la supervivencia de muchos pueblos indígenas consistió en huir hacia zonas distantes de los centros poblados por españoles o criollos. En ese entonces todavía era posible encontrar zonas de refugio relativamente apartadas del control de los hacendados y las misiones encargadas de "cristianizar y castellanizar" a los indígenas, de reducir su diferencia cultural respecto de los europeo, como afirma Vasco Uribe . Sin embargo, a pie juntillas, reafirma Vasco como en la actualidad:

Los procesos de colonización (otra forma de desplazamiento) la incorporación a la explotación capitalista de un número creciente de recursos naturales, de los cuales los de la biodiversidad no son los menos importantes, los grandes megaproyectos oficiales y privados y la constitución de casi todo el territorio colombiano en zona de guerra, son factores que cada vez dejan menos lugares a donde ir en los desplazamientos, de ahí que, a diferencia de lo ocurrido durante varios siglos, los miembros de las nacionalidades indígenas que se ven compelidos a abandonar sus territorios no tienen otra opción que huir a los centros poblados, únicos espacios en donde parecen contar con una mínima protección para sus vidas.

Y es claro que en estas condiciones, las posibilidades de reconstitución cultural ya no son posibles. La vida urbana o semiurbana, dependiendo del lugar a donde vayan, no ofrece las posibilidades para ello y, en consecuencia, tampoco para el mantenimiento de la diferencia. [. . .] Es posible, sin embargo, que algunos núcleos tomen como eje algún aspecto de su cultura, como han hecho los Ingano de Bogotá, Cali y otras ciudades alrededor de la medicina tradicional basada en el uso de plantas curativas, para construir una nueva peculiaridad contrastante y seguir siendo diferentes" .

I. SOMETIMIENTO, DESLOCALIZACIÓN, DESTIERRO Y DESPOJO

"Para los indios el territorio está donde está uno, porque se siente y se lleva siempre por dentro. Lo que marca la relación con el territorio es nuestra conciencia, es la manera como yo me comunico con la tierra, con la naturaleza. Por eso a donde vaya le entabla conversación, la respeta, le reclama, la observa, la rodea, la camina, la siente. Por eso también decimos que la territorialidad no es mera apropiación, es ante todo para el Nasa, la manera de relacionarse con ella. Por eso hay que cuidarla y respetarla, sea que uno ande en Bogotá, en Europa, en Estados Unidos, en la ciudad o en la selva, en cualquier parte no deja de ser madre".

Las estrategias de sometimiento económico, político, social y cultural dirigidas por los actores armados hacia muchos de los pueblos indígenas en Colombia, intentan erosionar su autonomía, apropiarse de sus formas organizativas, dividirlos, cooptarlos o en su defecto expulsarlos de sus territorios mediante el desplazamiento forzado.

El desplazamiento implica la deslocalización y el despojo de bienes y medios fundamentales de subsistencia y consolidación como pueblos. En casos extremos de cambio estructural, estaríamos incluso en presencia del etnocidio (desaparición material y cultural) de pueblos indígenas sistemáticamente reducidos y desdibujados al punto de perder su especificidad cultural entendida desde los siguientes aspectos:

Condiciones de Realización Cultural

Luis Villoro enfatiza como la cultura, cada cultura particular "satisface necesidades, cumple deseos y permite realizar fines del hombre (sic) ¿Cómo? Mediante una triple función:

1) expresa emociones, deseos, modos de ver y de sentir el mundo.

2) Da sentido a actitudes y comportamientos. Señala valores, permite preferencias y elección de fines. Al dar sentido, integra a los individuos en un todo colectivo.

3) determina criterios adecuados para la realización de esos fines y valores; garantiza así, en alguna medida, el éxito de las acciones emprendidas para realizarlos".

Bajo estas consideraciones, y en una perspectiva ética, una matriz cultural será preferible a otra en la medida en que "cumpla mejor con esa triple función de expresar, dar sentido y asegurar el poder de nuestras acciones". En ese mismo orden de ideas, Villoro plantea la necesidad de unas condiciones o principios normativos ideales para la realización de las funciones de cada cultura -que en estricto sentido ninguna cultura cumpliría, pero que serviría como lente de la situación existente a partir de la exigencia normativa no cumplida-. Esos principios normativos, necesarios o deseables son los de autonomía, autenticidad , sentido y eficacia .

a. Autonomía
El principio de autonomía de una cultura encarna el desarrollo de la mayor capacidad de autodeterminación sin coacción ni violencias ajenas, dentro de los marcos dispuestos por los modelos de regulación constitucionales y del sistema jurídico y político vigentes en cada caso particular. La autonomía como principio normativo de realización de los fines de la cultura se expresa en la posibilidad de:

1.) Fijar sus metas, elegir sus valores prioritarios, establecer preferencias y determinarse por ellas.

2) Ejercer control sobre los medios a su alcance para cumplir sus metas.

3) Establecer los criterios para juzgar la justificación de sus creencias y atenerse, en el proceso de justificación, a las razones de que esa comunidad dispone.

4) Seleccionar y aprovechar los medios de expresión que juzgue más adecuados". La inserción en una cultura específica implica para los sujetos que hacen parte de ella de procurar la autonomía de esa cultura tanto al interior de la misma como frente a culturas ajenas, -insiste Villoro-, y genera el "deber de contribuir en la creación y transmisión de la cultura, a que las creencias, actitudes y expresiones culturales estén basadas en las decisiones libres de la propia comunidad, de luchar, por lo tanto contra la imposición de formas culturales como instrumentos de dominación".

b. Autenticidad
Podemos calificar como relativamente auténtica a una cultura, o para ser más exactos, a sectores o parcialidades de un grupo, según el grado de consistencia de creencias y comportamientos en relación con las disposiciones y necesidades de sus integrantes, cuando:

"1) Sus manifestaciones externas son consistentes con los deseos, actitudes, creencias y propósitos efectivos de sus miembros. Será tanta más auténtica cuando responda de manera adecuada a disposiciones permanentes y profundas y no a otras cambiantes.

2) Puesto que esas disposiciones están condicionadas, a se vez, por necesidades, otro rasgo de autenticidad de una cultura será su adecuación a las necesidades de la comunidad que la produce".

c. Sentido
El principio de sentido se relaciona con la posibilidad y la necesidad colectiva e individual de señalar fines y establecer valores preferenciales que orienten la vida de cada individuo y que lo integren a la comunidad. El principio de sentido establece ámbitos basados en determinados valores.

La legitimidad y por tanto la permanencia de fines y valores que conforman el principio de sentido, esta ligada a "que hayan sido elegidos en forma autónoma por el sujeto [la comunidad] y que respondan a sus verdaderas actitudes y creencias ante el mundo, es decir que sean auténticos". De hecho una de las expresiones más identificables de la dominación es la imposición de fines y valores ajenos.

d. Eficacia
El principio de eficacia, como una de las condiciones o principios normativos ideales para la realización de los fines de una cultura consiste en la posibilidad o necesidad de la puesta en práctica de los medios requeridos para garantizar el cumplimiento de los fines elegidos. Los medios a los que se refiere Luis Villoro incluyen productos de la propia comunidad o de sociedades ajenas. La justificación de los medios para cumplir con los fines, individual y colectivamente elegidos y ajustados a valores compartidos, es lo que podemos considerar como racionalidad de una cultura. La mejor justificación es "aquella que garantiza de manera más firme para alcanzar la realidad y, en consecuencia asegurar el éxito de nuestras decisiones guiadas por esas creencias".

Dentro de los medios puestos en obra para asegurar el principio de eficacia están las técnicas "aplicadas al entorno natural o social, las técnicas de comunicación en la interrelación humana y las de expresión en el arte", las técnicas aplicadas en cada caso están relacionadas con creencias que son consideradas "conformes a la realidad y, por ende, le presten una garantía de que las acciones dirigidas por esas creencias, tengan éxito.

Las creencias que cumplen con esos requisitos son consideradas racionales" .
La autenticidad presupone altos grados de autonomía; la autonomía y la autenticidad no bastan sin que un pueblo sea capaz de investir el futuro de fines y valores deseables por los cuales luchar individual y colectivamente.

La eficacia de los medios puestos en acción sin autonomía puede poner en peligro la autenticidad. Los principios antes expuestos, aclara Villoro son de igual rango, "no sólo son compatibles sino complementarios, porque cada uno se refiere a un aspecto distinto de la cultura. Sin embargo, en el choque entre culturas surge un conflicto entre los principios de autonomía y autenticidad, por una parte, y los de sentido y eficacia, por la otra" las tensiones entre arraigo a la propio y asimilación de lo ajeno están signadas por procesos de dominación no siempre identificables a primera vista.

Sistemas de control cultural

Guillermo Bonfil Batalla a través del análisis de la noción de "sistema de control cultural"' puntualiza las relaciones entre cultura, patrimonio cultural, identidad étnica y grupo étnico en contextos de contacto cultural. Uno de los aspectos centrales en la comprensión del significado e implicaciones éticas de la noción de control cultural parte por reconocer las 'situaciones de contacto' interétnico entre grupos con "patrimonios culturales, identidades, culturas diferentes; pero que están relacionadas bien sea de manera permanente por vecindad, por otras formas de articulación, bien sea incluso de manera temporal".

Bonfil Batalla analiza el concepto de patrimonio cultural entendido como: "un conjunto de bienes, unos tangibles y otros intangibles, que abarcan desde un territorio hasta formas de organización social, conocimientos, símbolos, sistemas de expresión y valores que consideran suyos. Suyos en el sentido de que sólo los miembros del grupo, sólo los que son admitidos dentro de esa identidad colectiva, dentro de ese nosotros [en contraste con los otros. Los otros son los que participan de identidades diferentes] tendrían derecho en principio al uso y al usufructo, al manejo de esos elementos que forman su patrimonio cultural creado históricamente por el grupo" . No obstante, aclara que los diversos elementos constitutivos del patrimonio cultural están articulados y toman significación en matrices culturales, es decir en "un plano general que permite ordenar, valorar y jerarquizar también todos los elementos culturales materiales e inmateriales que forman ese patrimonio cultural exclusivo del grupo" .

Las relaciones establecidas entre grupos en situación de contacto incluyen relaciones simétricas, de relativa igualdad (bastante improbables o al menos 'escasas') y relaciones asimétricas es decir de dominación de unos grupos sobre otros, que son la generalidad.

Respecto del concepto de control cultural, resulta esencial distinguir los elementos culturales propios y los elementos culturales ajenos y las decisiones propias frente a las decisiones ajenas. En las relaciones interétnicas o con grupos dominantes que se autodenominan como no étnicos (grupos, sectores o la sociedad hegemónica) se colocan en constante tensión el sistema de control cultural de cada grupo étnico en particular. Esta tensión y transformación se manifiesta en los casos en que las decisiones sobre elementos culturales propios de la comunidad son enajenadas, en aquellos casos en que elementos de la cultura propia son puestos en juego en función de decisiones ajenas a la comunidad y los casos en que la comunidad es capaz de decidir sobre la puesta en juego o el uso de elementos culturales originalmente ajenos. Los ámbitos culturales en los que se desenvuelve las situaciones de contacto interétnico de dominación contienen:

1. "Un ámbito de cultura autónoma donde los elementos culturales y las decisiones son propios del grupo; un ámbito de cultura apropiada donde las decisiones son propias pero los elementos culturales no, porque no se ha adquirido la fabrilidad necesaria para producirlos; un ámbito de cultura enajenada donde los elementos culturales son propios, pero las decisiones son ajenas; y un ámbito de cultura impuesta donde los elementos culturales y las decisiones son ajenas al grupo". Frente a estos ámbitos los pueblos indígenas desarrollan procesos de resistencia cultural, de apropiación y de innovación.

La cultura dominante establece tres procesos de sometimiento de las culturas subordinadas o por subordinar. El primero de ellos es el proceso de imposición, la introducción forzada de elementos de la cultura dominante en la cultura dominada, en función de los intereses y necesidades del grupo dominante. El segundo proceso es el de exclusión o negación de ciertos rasgos y ciertas prácticas de la cultura dominada, y el tercer proceso es el de expropiación de elementos que originalmente hacen parte del patrimonio de las culturas de los grupos dominados (entre ellos principalmente el territorio) En esta situación de dominación, de colonización se esgrimen justificantes ideológicos de la misma, que Bonfil Batalla resume en una supuesta superioridad racial, cultural, religiosa y tecnológica y por ende una "valoración negativa de las culturas de los otros" que serían culturas atrasadas, sin un verdadero idioma, que practican seudo-religiones demoníacas, por lo cual la dominación resulta ser una "empresa de salvación, redención y civilización". Así las cosas, las transformaciones culturales que provienen de los sectores dominantes a través de imposiciones, negaciones, exclusiones o expropiaciones alteran el sistema de control cultural de los grupos dominados.

A las estrategias y dispositivos emplazados por los grupos y culturas dominantes, surgen tres tipos de respuesta correlativos: la resistencia cultural, la apropiación y la innovación. La resistencia cultural a la dominación se expresa en la conservación de una serie de aspectos de la cultura autónoma y que se intentan mantener como espacios de autonomía, entre ellos el udo del idioma, ritos y costumbres que en casos extremos se desarrollan en la clandestinidad al punto que con el paso del tiempo se pierde su sentido original pero pervive la práctica. En este sentido, recalca Bonfil Batalla, sobre la importancia de la costumbre como base fundamental de un proceso de resistencia y como manifestación de autonomía respecto de las decisiones propias sobre elementos culturales propios. La apropiación consiste en la "capacidad de poner bajo control, bajo la decisión del propio grupo, elementos culturales ajenos".

Y el proceso de innovación que se materializa en la capacidad de producir cambios en la propia cultura para ajustarse al cambio de la situación de dominación. La innovación hace "alusión a pequeños cambios que son los que permiten ese ajuste y ese mantenimiento de los ámbitos de control cultural de cada grupo".

Los procesos de encuentro y contacto intercultural hacen parte de la configuración de los patrimonios culturales de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y de colonos que históricamente han intercambiado saberes. El "mestizaje" o la hibridación cultural conforman identidades complejas en las cuales se comparten segmentos de los patrimonios culturales. La dominación ejercida por los actores armados y/o sectores hegemónicos intentan a través de la violencia erosionar, restringir o someter los sistemas de control cultural de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y las organizaciones campesinas.

2. Deslocalización y Desterritorialización

Por deslocalización entendemos la "pérdida de lugar" resultado del desplazamiento forzado. La pérdida de lugar hace referencia a la desconexión temporal o definitiva de los espacios y circuitos geográficos, sociales, económicos, culturales y políticos que adquieren significado y valoración diferenciales para las diversas subjetividades individuales y colectivas inmersas en procesos sociales con ocurrencia histórica y territorial específicas .

El análisis del desplazamiento forzado desde la 'perspectiva de lugar' permite correlacionar la ubicación (espacio geográfico concreto) que incluye los conceptos de localidad afectada por "procesos económicos y políticos que operan dentro de un marco más amplio regional, nacional y global" y el sentido de lugar, el sentimiento de 'vivir en un lugar particular' que implica una serie de relaciones construidas históricamente que brindan medios materiales de subsistencia, permanencia sociopolítica y socioeconómica e identidad individual y colectiva.

El lugar, los lugares interrelacionados conforman los territorios apropiados y aprovechados por las comunidades y pueblos indígenas. La pérdida de lugar producto del desplazamiento a su vez implica la desconexión de espacios en donde la memoria y la identidad construyen referentes y anclajes colectivos. Por su parte Marc Augé entiende el lugar antropológico como "la construcción concreta y simbólica del espacio [. . . ] que es al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa". Los lugares antropológicos son tales en tanto que son considerados como lugares de identidad, relacionales e históricos (lugares de la memoria) .

La ocupación del 'lugar común', el espacio geográfico y social compartido por un grupo de individuos es el lugar de las identidades individuales y colectivas. En el proceso constante y simultáneo de incorporación y diferenciación al interior del grupo es necesario simbolizar las relaciones "constituyentes de la identidad compartida (por el conjunto de un grupo), de la identidad particular (de tal grupo o de tal individuo con respecto a los otros) y de la identidad singular (del individuo o del grupo de individuos en tanto no son semejantes a ningún otro)".

Este proceso relacional de construcción social de las identidades individuales, colectivas y en general del grupo étnico, se actualiza y reedita cotidianamente; no es un proceso acabado y determinado para siempre, en razón de las constantes transformaciones, tensiones, contradicciones y conflictos en los que se ven expuestos los individuos y los grupos. Pese a la diversidad y a la coexistencia de singularidades y particularidades al interior de un determinado grupo, aclara Augé, "nada impide pensar ni las relaciones ni la identidad compartida que les confiere la ocupación del lugar común".

Las prácticas culturales imprimen significado a los lugares rituales, a aquellos consagrados a ciertos cultos, a los lugares de encuentro religioso, de realización de las asambleas, a los lugares de celebración y encuentro lúdico, a los espacios de circulación del saber ancestral (tradicional) y construcción de nuevo conocimiento.

Desde una perspectiva histórica, la memoria individual y colectiva vincula procesos de larga duración o acontecimientos significativos para una comunidad o grupo, con los lugares en los cuales se escenificaron éstos procesos y hechos. De alguna manera los monumentos, altares, lugares ceremoniales, así como los textos narrativos (escritos u orales) intentan condensar la memoria colectiva.

En ciertas culturas este razonamiento y aprehensión afectiva del mundo es de vital importancia al punto que en el caso de los Guambianos señalado por Vasco, Dagua y Aranda : "Ubicar el lugar en que ocurrieron los orígenes, en qué pasó cada suceso, es fijar un centro y atar el tiempo, desarrollar una cronología que significa moverse por ese espacio, recorrerlo; el tiempo fluye, se desenrolla a partir de ese centro, ahí está amarrado al extremo del hilo. Pero ese tiempo se repite y confluye con el presente en la medida en que sigue estando ahí y es escenario de la vida de la gente, como el territorio, la gran casa"

Marc Augé indica cómo "la organización del espacio y la constitución de los lugares son, en el interior de un grupo social, una de las apuestas y una de las modalidades de las prácticas colectivas e individuales". Manuel Castells esboza de alguna manera la relación entre lugares, identidad y la permanencia comunitaria: "las sociedades locales deben preservar sus identidades y fundamentar sus raíces históricas a pesar de las dependencias económicas y funcionales de un espacio en movimiento.

La construcción simbólica de los lugares, la preservación de los símbolos de reconocimiento, la expresión de la memoria colectiva en las prácticas de comunicación . . . son todos medios fundamentales a través de los cuales los lugares siguen posibilitando las comunidades".

Oslender, correlaciona los conceptos antes citados y los procesos de construcción identitaria y aclara que estos tres conceptos no están rígidamente separados, sino que son "momentos fluidos cuyas interacciones se influencian y forman entre sí [y luego agrega].

Los movimientos sociales deben entenderse en conjunción con las redes culturales sumergidas de la vida cotidiana de la cual emergen. Las identidades están construidas como un proceso dinámico; no son un producto dado fijo. Y precisamente porque las identidades son específicas de un lugar, debemos entenderlas como constituidas por los tres elementos de localidad, ubicación y sentido de lugar". Oslender acude a las investigaciones sobre movimientos sociales y los enfoques preocupados por las subjetividades en el marco del 'paradigma de la identidad colectiva' (PIC) que pone énfasis en la reproducción cultural y el control de la historicidad. Finalmente Oslender concluye que es necesario ir más allá de las metáforas espaciales (para nuestro análisis: zonas de expulsión, de tránsito, de asentamiento, de retorno) y "analizar los conceptos de 'espacio' y 'lugar' como terrenos específicos en que se manifiestan las múltiples relaciones de poder en formas específicas de dominación y resistencia".

En otras palabras, el enfoque construido nos permite correlacionar la actividad de agentes sociales, tiempos (continuidades y series discontinuas) y lugares de ocurrencia de los procesos asociados al desarraigo violento.

Cultura, Identidad y Territorio

¿Cómo es posible relacionar en lo concreto de la vida cotidiana, los conceptos de territorio, cultura e identidad? El significado construido y asumido por los diferentes actores sociales sobre el espacio, guarda relación con el hecho de ser simultáneamente soporte material y simbólico de la cultura, de la vida misma del grupo y de sus integrantes.

Podemos entender el territorio como el espacio apropiado y valorizado, simbólica y/o instrumentalmente por los grupos humanos. El territorio es una "producción", el producto, el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, inscritas en el campo de poder, de relaciones que se ponen en juego para el logro de unos determinados objetivos.

El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades. Consideramos pertinentes estas precisiones para adentrarnos en la complejidad del análisis del desplazamiento forzado vista desde tres perspectivas complementarias: las estrategias de apropiación del territorio, el conflicto y la violencia.

El proceso de puesta en escena identitaria transforma con ritmos y en intensidades diferenciales tanto a los individuos como a los entornos en los que éstos interactúan. Es más, la lectura que de los entornos y de sí mismos -del "mí-mismo", del "nosotros" y de los "otros"- realizan los distintos individuos está constantemente mediada por las experiencias significativas que permiten la identificación yoica, que brindan "lugar en el mundo", en el sentido dado a este concepto por Hannah Arendt. Es decir, los agentes sociales requieren consolidar los referentes identitarios que permiten a los sujetos incorporarse en los ámbitos relacionales en condiciones de dignidad y reconocimiento.

Contrario sensu, la pérdida de lugar, y es precisamente el ejemplo con el cual H. Arendt señala las implicaciones de los procesos de pérdida de inserción social por la vía del desplazamiento forzado en el período fascista y en la segunda guerra mundial, generada por los procesos migratorios y las deslocalizaciones a las que se ven sometidos desplazados refugiados y apátridas "consiste, en primer lugar, en el hecho de que los desplazados han sido arrancados de los puntos de referencia de su identidad personal y colectiva e inclusive de aquellos que marcan su memoria. La pérdida de su "residencia" no es sólo una pérdida de propiedades, sino de todos los elementos que los enmarcan en una tradición que es parte de su individualidad".

Es más, prosigue Pécaut, retomando a H. Arendt, la pérdida de la residencia significa "la pérdida de toda la trama social en la cual se ha nacido, y en la cual se ha organizado un espacio particular en el mundo". Las desterritorializaciones producto de las migraciones son otra dimensión problemática de la identidad en la que es necesario profundizar.

En contextos de alta conflictividad, violencia, expoliación, despojo y destierro como en los que se desenvuelven la inmensa mayoría de pueblos indígenas en Colombia, cobran especial importancia e inusitada fuerza las reivindicaciones territoriales, por la autonomía, y la identidad cultural como referentes de una política colectiva de resistencia.

Esto sucede mientras son muchas las voces hegemónicas y los discursos tecnocráticos que le hacen coro, que afirman el acelerado y cuasi-necesario proceso de 'desterritorialización' de los flujos de capital, de bienes y de servicios, y de la incorporación de mercados periféricos poblaciones y territorios a los contextos y procesos globalizados de producción de capital.

A los históricos embates modernizantes en los que han estado inmersos los pueblos indígenas, no pocas veces caracterizados por la aplicación de la fuerza, la violencia e incluso el terror en muchas ocasiones, para doblegarlos y someterlos, cuando no sobrepasando los límites del etnocidio, se han sumado en la última década la creciente y diferencial victimización de la que han sido objeto por parte de los diversos actores del conflicto armado colombiano.

Los reclutamientos forzados, la cooptación de integrantes de las comunidades en las filas de los grupos en combate, en algunos casos el control ejercido sobre los territorios indígenas y sus decisiones internas, cuándo no el desplazamiento forzado de comunidades enteras, son algunos de los factores que paradójicamente han reforzado en los pueblos indígenas la necesidad de afianzar estrategias de resistencia cifradas en el apego al territorio, la exigencia a los actores de la guerra (Estatales, Insurgentes, Paraestatales) al Estado y a la sociedad en general, del respeto por su autonomía, jurisdicción y cultura propia.

Territorio-Identidad

La pertenencia socioterritorial permite definir las identidades territoriales atravesadas por sentimientos de lealtad al compartir en diversos grados el "complejo simbólico-cultural" (representaciones comunes) de la colectividad identificada a su vez a partir de un fuerte sentido de territorialidad como principal marcador de pertenencia que resume visiones del mundo, acumulados de conocimiento y sistemas de comunicación, la cultura concreta en cada caso. La construcción de la identidad personal se logra según Pollini "mediante la socialización primaria de los individuos en el ámbito de múltiples colectividades de pertenencia territorialmente caracterizadas" a partir de la pertenencia socioterritorial.

La posible clave de desciframiento de la relación entre territorio e identidad, puede provenir de una comprensión de los múltiples significados que los diversos actores sociales asignan a cada relación concreta entre ambos conceptos, es decir, desde una comprensión histórica y cultural de la red de significados que le dan vida social a la relación entre territorio e identidad.

Sentido de Interioridad Cultural

De alguna forma, esa red de significados se enmarca en lo que denomina Gómez como 'sentido de interioridad cultural' a partir del análisis de la relación entre lugares y memoria en el caso de los indígenas Paeces, así denominados por los españoles en el proceso de conquista. Los Paeces se designan a sí mismos como Nasakiwe, gente-territorio, noción que:

implica al mismo tiempo un sentido de pertenencia espacial-cultural, una concepción del mundo, un modo de ser cultural y un límite o diferencia frente a todos los demás que no poseen tal adscripción y concepción espacial-cultural. En tanto límite marca una forma de relación con el adentro y el afuera, en la que la memoria da cuenta, a su manera de una parte, de lo que es "propio" y "ajeno", de lo que ha sido "impuesto" y "apropiado".

Además, organiza socialmente formas de exaltar la unidad y cohesión internas frente a las relaciones con el exterior. La memoria construye, así, una relación de singularidad, de interioridad, de trascendencia con el territorio.

No obstante, puntualiza Gómez a ese sentido de 'interioridad cultural' que caracterizaría de alguna forma a los distintos pueblos indígenas, se le enfrentan las lecturas que desde el Estado, la sociedad y actores globales histórica y sistemáticamente han desconocido, subvalorado e incomprendido dicho concepto:

Cuando se le ha reconocido parcialmente el derecho a un territorio, desde la Colonia hasta hoy, siempre ha sido por criterios diferentes a los de su propia concepción cultural del territorio e imaginario de sociedad construido a su alrededor. Dicho reconocimiento ha provenido de invocaciones jurídicas, de estrategias políticas de sujeción, de relaciones económicas de expoliación y explotación, pero no como el producto del reconocimiento de la diferencia cultural. Esta sólo ha sido motivo de interés por parte de los poderes hegemónicos nacionales y transnacionales en las últimas tres décadas, interés que muestra una fase nueva de la economía del ejercicio del poder: del viejo sistema basado en la "exacción-violencia" se está pasando al de la "suavidad-producción-provecho" (Foucault 1978).

Objetaríamos sin embargo a Gómez, que si bien la ponderación del sentido de interioridad cultural se ha revalorado, como parte de nuevas estrategias de dominación global, tampoco es menos cierto que otros dispositivos menos 'disciplinarios' para lograr sujetos 'dóciles y productivos' -como apuntara M. Foucault- a través de tecnologías de poder unas veces sutiles y otras más burdas pero no menos eficaces han enfilado baterías en contra de los pueblos indígenas en Colombia. Hablamos entonces de la coexistencia de espacios de reconocimiento formal, constitucional y legal, aparejados con diversas formas de violencia y el terror como parte de las estrategias de los actores de la guerra y de otras formas de violencia sociopolítica no necesariamente inscritas en las lógicas de la confrontación armada. Por ejemplo, la denominada 'limpieza social' y algunos eventos de desplazamiento forzado ajenos a los campos de combate o zonas de disputa y que hacen parte de las apuestas de algunos terratenientes, especuladores en el marcado negro de tierras, comerciantes y ganaderos que 'pescan en río revuelto'.

El dispositivo es, como señalan Gutiérrez y Delgado , una categoría experiencial, performativa y no meramente analítica que nos remite a considerar "el tipo de orden dominante en una determinada organización social (dispositivo) está expresado en la totalidad de las dimensiones productivas y reproductivas del sistema en cuestión y de cada uno de sus individuos". El concepto de dispositivo se refiere a "un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos" .

La aprehensión del territorio se establece a partir de marcadores de identidad sociocultural. Algunos de esos marcadores identitarios tienen que ver con valores y costumbres locales, la intensidad de los lazos familiares y comunitarios, el grado de solidaridad e integración colectivo, el apego al terruño a lugares significativos (tatuados por la historia local, regional o nacional) Sin embargo la identidad se desdobla en diversas pertenencias territoriales -barriales, veredales, regionales, nacionales- y en pertenencias no territoriales como la identidad religiosa, política, étnica, generacional, de género, de opción sexual, entre muchas otras. La relación entre identidad y territorio se expresa de manera simbólico-expresiva por medio de iconografías y toponimias con las que se nombran y remarcan los lugares, las cosas y las personas. A su vez, las prácticas de apropiación territorial pueden tener un carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el primer caso la relación con el espacio es utilitaria: explotación económica o ventajas geopolíticas, en el segundo, el territorio es "un espacio de sedimentación simbólicocultural como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales o colectivas".

El territorio es producto de la interacción entre ambiente físico y la acción histórica y cultural de los seres humanos. El territorio es uno de los principales espacios de inscripción de la cultura y es una de sus formas de objetivación (de la cultura) La relación interconceptual propuesta es todavía más estrecha cuando entendemos la existencia de territorios próximos o identitarios, más vívidos, más íntimos si se quiere, y territorios más vastos o abstractos como la noción de Estado-Nación, espacios supranacionales o los diversos espacios de la globalización.

Los territorios identitarios son a la vez "espacios de sociabilidad sociocomunitaria y refugios frente a agresiones externas de todo tipo". Entre tanto los territorios abstractos dan una idea de jerarquía, de administración y de frontera. Pero la noción de territorio es impensable sin la noción de frontera, de límite, de borde, de cohesión al interior del espacio delimitado del territorio controlado y de exclusión de quienes no hacen parte del grupo de referencia cobijado por dichos límites. A su vez existen territorios culturales producto de la apropiación expresivo-simbólica del espacio. El territorio no es sólo el producto de dinámicas económicas o políticas, es el "lugar de una escritura geosimbólica". En este sentido, "los territorios están tatuados por la historia, la cultura y el trabajo humano" como afirma Giménez, la naturaleza es entonces antropizada, transformada en bienes culturales en formas objetivadas de la cultura -a través de acciones individuales o colectivas-.

Es así como el territorio se puede concebir desde diversas interpretaciones como: "zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-administrativa, etc.; Pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva y, en fin, como geosímbolo". El significado social del concepto de territorio no es unívoco, está mediado por condiciones socioeconómicas y sociopolíticas concretas, por entornos culturales, representaciones e imaginarios, por decirlo de alguna manera "diferenciados" según contextos y situaciones específicas por el devenir histórico por la acción colectiva.

Territorio y Cultura

La relación territorio-cultura se expresaría en tres dimensiones :

1. El territorio como espacio de inscripción de la cultura;

2. El territorio como marco o área de distribución de instituciones o prácticas culturales espacialmente localizadas; y,

3. El territorio como espacio-objeto de representación, apego afectivo y símbolo de pertenencia socioterritorial. El territorio entonces es a la vez, pero de forma diferenciada: substrato, marco, producto y símbolo que contiene-expresa rasgos culturales. Giménez muestra como:

- La cultura es un factor condicionado, pero también condicionante de las dimensiones económicas, política y demográfica de cada sociedad.

- La cultura solo puede proyectar su eficacia por mediación de la identidad de actores sociales que la hacen posible ("agency" o teoría de la agencia) En este sentido, la identidad es el lado subjetivo de la cultura (desde los actores sociales concretos)

- La cultura orienta y hasta cierto punto condiciona la acción social, sin que ello implique que necesariamente la estructura determine la actividad de los agentes sociales.

- Todo actor individual o colectivo se comporta 'necesariamente' en función del entorno cultural en el que está inmerso. La ausencia de una cultura específica -identidad- provoca la anomia y la alienación y conduce finalmente a la desaparición del actor.

- Sin identidad no hay autonomía, y sin autonomía no puede haber participación en los procesos de desarrollo local, regional y nacional.

- La base del poder no es sólo la fuerza, sino también y sobre todo la legitimidad, que es un concepto cultural, puesto que en muchas ocasiones se basa en fundamentos ideológicos, filosóficos, morales e incluso religiosos.

Condiciones "especialmente difíciles" de las personas, unidades familiares, comunidades indígenas en situación de desplazamiento.

Una mirada sociojurídica

Los procesos diferenciales de desplazamiento forzado de pueblos indígenas constituyen una sistemática, integral, continuada y muchas veces progresiva vulneración de derechos.

Uno de los sectores sociales más golpeados por la guerra y otras formas de violencia lo constituyen los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otras minorías étnicas. Sin lugar a dudas la gravedad y dimensiones del desplazamiento forzado indígena en Colombia abarcan múltiples dimensiones inter-relacionadas: la violación compleja sistemática y continuada de los derechos civiles y políticos, económicos sociales y culturales, los derechos colectivos y del medio ambiente y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros cuerpos normativos.

Estos aspectos que se concentran en la vida diaria de las personas afectados(as) en la deprivación compleja de recursos socioeconómicos, sociopolíticos y culturales, y la pérdida de referentes identitarios que hemos tratado de entender por mediación de las categorías de pérdida de lugar o deslocalización, de desterritorialización (en sentido estricto la pérdida de propiedades y territorios). El desplazamiento forzado amenaza la integridad y la permanencia sociocultural de los pueblos indígenas y conlleva aquello que en el lenguaje común humanitario se denomina "ruptura del tejido social", y que implica el desgarramiento y vertiginosa transformación de específicos vínculos intersubjetivos, comunitarios, geosimbólicos y ecosistémicos.

La realidad diaria, vivida por las personas que han sido sometidas al destierro forzado y al despojo, y que podemos englobar desde una lectura relacional, procesual e histórico-geográfica, es el correlato sociojurídico de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (el desplazamiento es una de esas infracciones) entendidas como las principales violencias que empujan el desplazamiento forzado.

Consideraciones Generales

Las obligaciones estatales derivadas de los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, debido a la complejidad, multiplicidad y continuidad de las violaciones acaecidas en el proceso de desplazamiento forzado, se ven en términos generales incumplidas.

Las disposiciones de estos convenios, grosso modo están referidas a "desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. [e incluir medidas]

a. Que aseguren a dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población.

B. que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c. Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los pueblos indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida" .

En los procesos de desplazamiento forzado estos convenios especiales sobre pueblos indígenas y tribales, se ven seriamente vulnerados. Las disposiciones allí contenidas reconocen la conciencia de la identidad indígena, la no discriminación de los mismos bajo ningún motivo, la prohibición de formas de coacción o fuerza que violen los derechos fundamentales o libertades de los mismos; la adopción de medidas especiales para salvaguardar las personas, instituciones, bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas; la plena ciudadanía; el reconocimiento de sus prácticas y valores; la consulta previa a los pueblos frente a medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar, además de la participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

En esa misma línea se contemplan el derecho a la participación en espacios e instancias responsables de políticas que les conciernan; el establecimiento de los medios para el pleno desarrollo de las iniciativas de estos pueblos; el respeto a la jurisdicción indígena; la importancia especial que para las culturas y valores de los pueblos indígenas revisten sus tierras y territorios (totalidad del hábitat de las regiones ocupadas o utilizan dichos pueblos); el reconocimiento y protección de la propiedad y la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan; el derecho de los pueblos indígenas a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, o en los beneficios que reporten la explotación de recursos del subsuelo, previa consulta con los pueblos interesados sobre los perjuicios de su explotación.

Otras de las principales disposiciones de los convenios precitados, hacen alusión a la prohibición de los traslados y reubicaciones de pueblos indígenas sin que medie consulta y acuerdos con pleno conocimiento de causa; cuando el retorno no sea posible, los pueblos interesados deben recibir tierras de calidad y estatuto jurídico que sean por lo menos iguales a las tierras que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro; se deben indemnizar plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia del desplazamiento. Las demás disposiciones se refieren a las condiciones de contratación y empleo; la formación profesional, las artesanías e industrias rurales; la seguridad social y salud; la educación y los medios de comunicación; los contactos y cooperación a través de las fronteras y otras disposiciones generales.

El desplazamiento forzado de minorías étnicas es uno de los factores que vulnera con mayor intensidad y recurrencia el derecho a la libre autodeterminación puesto que lesiona, deteriora e imposibilita el establecimiento libre de su "desarrollo económico, social y cultural", al acceso y disponibilidad que tienen los pueblos a sus riquezas y recursos naturales, y sobre todo cuando se priva a "un pueblo de sus propios medios de subsistencia" por medio de bloqueos, retenes y controles que imposibilitan la libre circulación de esos medios. A través del desplazamiento y los confinamientos establecidos se alteran notoriamente los sistemas de control cultural de cada uno de los pueblos sometidos a estas estrategias. Es decir se atacan y someten por medio de relaciones de dominación las decisiones propias de cada cultura, se imponen modelos de sociedad y de cultura desde la lógica propia de la cultura dominante de los actores violentos.

No Discriminación, Igualdad y Participación

La aplicación del principio de no discriminación por razones de "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social" y el principio de igualdad a hombres y mujeres en el goce de todos los derechos, se vulnera cuando las estrategias de atención desconocen estándares mínimos de DDHH que contemplen y asuman la igualdad de género, generación, etnia y opción sexual (además de las propias condiciones de discriminación, subordinación y desigualdad al interior de las propias comunidades).

Es preciso reconocer la gran dificultad que implican los enfoques de género que buscan eliminar el androcentrismo y reflexionar sobre la construcción de la feminidad y la masculinidad en sociedades indígenas, en donde el machismo es una de las prácticas más usuales de subordinación de las mujeres, las niñas y los niños. Sin embargo, se han logrado avances en el mismo contexto de Mutatá con la conformación de grupos de mujeres, especialmente en torno del trabajo artesanal. Las transformaciones culturales en procura de condiciones más justas de reconocimiento (estatus) y distribución equitativa de oportunidades, saber y poder (económico, político, social y cultural) al interior de las comunidades indígenas, es uno de los grandes desafíos al interior de éstas, y una cuestión ética que todas y todos debemos discutir en nuestra calidad de agentes externos y sí las condiciones de deconstrucción de los esquemas inequitativos se afianzan, conjuntamente con las comunidades.

Pérdida de Propiedades y Territorios

La pérdida de la posesión o propiedad sobre las tierras de las comunidades y la nucleación (concentración poblacional) en las tierras de la parentela consanguínea o ritual (compadres) alteran una serie de procesos de afianzamiento sociopolítico y sociocultural, los circuitos de abastecimiento alimentario y la consecución de ingresos, presionan las redes de apoyo y el ecosistema, debilitan las autoridades locales, y eventualmente generan conflictos intracomunitarios y con los vecinos.

Un caso paradigmático negativo que ejemplifica de algún modo estas dificultades, es el del reasentamiento en Jaikerasabi (Mutatá) que llegó a contener a tres Jaibanás (sacerdote Embera) y seis comunidades distintas en un momento determinado. Los conflictos no se hicieron esperar. En consecuencia la organización comunitaria se fractura. La propuesta de la organización indígena (en este caso la OIA) ha consistido en la preparación preventiva de zonas de refugio -en los propios territorios- como estrategia de mitigación de los efectos del desplazamiento forzado.

Vida y Libertad

El derecho a la vida y la privación de la libertad, son en muchos casos factores que motivan los desplazamientos a las que fueron sometidas unidades familiares o comunitarias. El efecto de los atentados al derecho a la vida no solo golpean a quienes directamente son victimizados, sino que además desajustan las redes personales, familiares, comunitarias y en algunos casos el tejido social en general. Tal es el caso de los asesinatos selectivos o las desapariciones de autoridades (Cabildos, Capitanes o Jaibanás, Mamos, entre otras autoridades políticas y religiosas) o de cabezas centrales en las redes de parentesco y comunitarias. El peso específico de estas pérdidas de personas es muy grande, puesto que a su vez eran nodos de las redes que concentraban información, saber acumulado y poder. Además en estas personas la comunidad depositó confianza por lo que soportaban buena parte de multiplicidad de procesos familiares, comunitarios e incluso de la organización indígena.

La imposibilidad de la libre circulación, de elección del lugar de residencia y los bloqueos económicos, tiene materialidad en las órdenes y prácticas expresas por parte de los actores armados, -y en particular de las AUC, y de la fuerza pública, para aislar, sitiar y/o expulsar o eliminar a la insurgencia y a su presunta o real base social; o las prohibiciones de salida por parte de la insurgencia- que restringen y coartan la movilización de personas, bienes y servicios. De esta manera se estrangulan circuitos económicos y simbólicos que conforman parte integral de la vida de los pueblos indígenas y por extensión de las comunidades negras, de campesinos, colonos y habitantes urbanos con los que se tienen relaciones de vecindad o intercambio económico o cultural.

Las dificultades generadas por el control económico, cultural impuesto por los actores armados en la diversidad de intercambios de recursos, la adquisición de bienes y el acceso a servicios esenciales, acrecientan la inseguridad alimentaria, en muchas ocasiones niegan el derecho a la salud y el acceso a lugares vitales en el trabajo de las autoridades religiosas indígenas, que de paso han tenido que transformar el contenido simbólico de las interacciones con sus comunidades; en estos contextos ha aparecido por fuerza de la necesidad, la moneterización de sus actividades chamanísticas (en el estudio de caso intensivo).

El costo de la vida en las regiones -debido a los bloqueos económicos impuestos- se ha incrementado colocando en mayor vulnerabilidad a las comunidades indígenas en general, y con mayor a las comunidades en situación de desplazamiento. Las condiciones de explotación a los que son sometidos los indígenas que venden su fuerza de trabajo como trabajadores(as) asalariados(as), o sus productos en condiciones de explotación vulnera el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.

Las masacres y otras formas de eliminación (selectiva o indiscriminada) constituyen ataques aleve a la población civil que desestructuran y desgarran las redes sociales indígenas. Estos actos caracterizados por una fuerte carga de violencia, instalan el miedo y el terror en los sobrevivientes y en la comunidad en general, moviliza procesos de victimización y estigmatización, marca los lugares de los hechos y los excluye de los circuitos simbólicos de reproducción cultural.

La libertad de expresión, de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas está fuertemente coartadas por los actores armados, a tal punto que en los asentamientos, como medidas de autoprotección hay temas vedados referidos a la socialización sobre los hechos concretos del desplazamiento, la identificación del actor armado responsable de los ataques a las comunidades, los contactos de las redes comunitarias, entre otros aspectos. En muchos sentidos se colapsan las redes de comunicación internas y las interacciones comunicativas con redes externas. El espacio social se sobrecarga de prevención, desconfianza y miedo, el ruido como desinformación y el rumor como su expresión más clara, en no pocas ocasiones ha significado la intrusión de los actores armados para "resolver el problema" ajusticiando a la persona señalada por agentes externos o por "algún miembro de la comunidad", situación que una vez más deteriora los vínculos de confianza, solidaridad y apoyo que cohesionan el tejido comunitario.

Las posibilidades de reunión, asociación y participación se ven mermadas por diversas condicionantes impuestas por los actores armados. Las restricciones a la movilidad de personas y recursos han desembocado en la disminución de la frecuencia de los contactos entre los integrantes de las comunidades. Los asesinatos de líderes amedrentan a las comunidades y las atemoriza, aunque su fuerte convicción y perseverancia construye estrategias organizativas orientadas a recomponer las redes atacadas y establecer nuevas confianzas y compromisos.
La actividad política electoral como componente del ejercicio de la ciudadanía por parte de las comunidades en riesgo y las ya desplazadas, está fuertemente atravesada por los intereses de los actores violentos (desarmados y armados) que intentan imponer a "sus candidatos" o evitar ejercicios electorales autónomos.

Los derechos de las minorías étnicas (pueblos indígenas en este caso) a tener su propia vida cultural, a profesar una religión (cosmovisión y cosmogonía) y a emplear su propio idioma, debido al proceso de desplazamiento forzado se están viendo intensa y rápidamente afectados sin que medie la voluntariedad en la toma de decisiones ajenas que transforman profundamente los núcleos fundamentales de cada cultura indígena.

Bloqueos y Confinamientos (Comunidades Sitiadas)

Los bloqueos y confinamientos a los que son sometidas algunas de las comunidades, desatan una serie de problemáticas de suma complejidad en las comunidades que incluyen procesos progresivos de desnutrición de niñas y niños; conflictos con campesinos y colonos vecinos a los lugares de asentamiento; transformaciones traumáticas en las pautas alimentarias (consumo continuo de enlatados y productos procesados industrialmente). Se pasa del autoabastecimiento más o menos estable a la dependencia en circuitos de intercambio eminentemente capitalistas o a la dependencia de apoyos humanitarios externos basados en discursos y prácticas signadas por el asistencialismo, lo que a la postre reproduce y afianza esquemas de subordinación de las comunidades en claras condiciones de desigualdad e inequidad. El derecho a la alimentación en condiciones de dignidad se afecta notoriamente.

Reclutamiento Forzado

Los reclutamientos forzados de menores y adultos, por parte de la insurgencia y de la contrainsurgencia ilegal, además de vulnerar la libertad de las personas y preceptos del DIH, además de sus innegables efectos psicosociales (sensación de pérdida, impotencia y culpa, entre otros) altera la composición de las redes a las cuales se les sustrajo las personas obligadas a tomar parte directa de la guerra, genera conflictos interpersonales, intra e intercomunitarios, desconfianza e inseguridad e implica el repliegue comunitario como mecanismo de autoprotección.

Torturas y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Infracciones al DIH

Las torturas, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidas familias y comunidades indígenas atemorizan a las comunidades, las aíslan y en no pocos casos las silencian como estrategia para resguardarse de nuevos ataques que en muchas ocasiones provocan desplazamientos forzados. Estas condiciones de miedo, angustia y mutismo abren las compuertas para nuevas violaciones de los DDHH e infracciones del DIH, el círculo vicioso de la impunidad de esta forma se afianza.

El uso de las comunidades como escudos humanos, de las escuelas, puestos de salud y otros bienes protegidos configuran infracciones del DIH. Estas acciones transforman la geografía simbólica del territorio y de alguna manera instauran topologías del miedo que aislan y segmentan las comunidades.

Las intromisiones realizadas principalmente por los actores armados irregulares (la insurgencia y los grupos paramilitares) en los procesos de decisión interna de las comunidades, alteran el ejercicio autónomo de la propia jurisdicción, desajustan las redes de autogobierno, propician la erosión de la legitimidad de las autoridades indígenas y obstaculizan la construcción de espacios democráticos de deliberación; estigmatizan a las autoridades y a las comunidades colocándolas en grave riesgo de ataques de los adversarios del actor armado que implanta sus modelos de "resolución de conflictos"; y provocan conflictos internos, desunión y polarización de las comunidades (en riesgo y en situación de desplazamiento).

Ataques a la Autonomía Indígena

La proclamación por parte de las comunidades indígenas y sus organizaciones de su autonomía, de la decisión de asumir opciones distintas a las de tomar partido en la confrontación armada, de defender un pensamiento distinto al de los actores armados y de actuar en consecuencia, son a su vez una acción colectiva contrahegemónica, y un motivo de posibles ataques por parte de los actores armados que las asumen como un claro signo de adscripción automática a los intereses y objetivos del "enemigo". La posibilidad de disentir en contextos de guerra como los analizados constituye un ejercicio político de autonomía pacífica constantemente atacados por los actores armados, estas son pociones que debemos revisar, apoyar y potenciar.

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales

El derecho a la educación formal y a la capacitación informal se vulnera cuando las escuelas están vacías gracias al reclutamiento forzado, al desplazamiento de los(as) docentes, las vías de acceso están sometidas a bloqueos, o sencillamente cuando la escuela como lugar de socialización y encuentro intra e interétnico (de múltiples redes familiares y comunitarias) fue destruido o se encuentra ocupado por un actor armado. El propósito de orientar la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de dignidad y el deber de fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), queda desdibujado en zonas en dónde estos temas están vetados por el poder hegemónico violento regional y local.

Los derechos a la salud, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales de las personas, unidades familiares y comunidades (en riesgo y aquellas desplazadas) se vulnera cuando el sistema de atención a la población en situación de desplazamiento es minimalista y excluyente; cuando el acceso a los servicios de salud es deficiente y la atención precaria y tardía; los niveles de morbimortalidad y desnutrición no ceden debido a la ausencia de políticas estructurales en este aspecto; los medicamentos se reducen a calmantes y antipiréticos; cuando el esquema de salud no es preventivo sino que se basa en la atención a una demanda focalizada (un nuevo filtro) y cuando los prestadores del servicio alegan que el Estado les adeuda varios meses de pagos; cuando la tramitología está diseñada para entorpecer la atención y la realización del derecho a la salud en condiciones de dignidad.

La desprotección de las personas de la tercera edad o discapacitadas, a través de programas concretos que generan contraproductos, como el caso de iniciativas similares en otros contextos promovidos por la Red de Solidaridad Social por medio de políticas asistencialistas a indígenas de la tercera edad que las desvincularon de sus redes familiares y comunitarias y que posteriormente lograron lo que no se pretendía: la segregación social de los beneficiarios de dicho programa, es otra muestra de vulneración de derechos y el incumplimiento estatal de los Pactos suscritos por éste.

El derecho a la alimentación adecuada, se vulnera en el momento en que se diseña un único menú para diversidad de comunidades (indígenas, afrocolombianas, campesinas, de colonos, urbanas, cuando no asentamientos absolutamente entremezclado como el caso de Las Carpas en Mutatá), sin que sean tomadas en cuenta las diferencia culturales, incluso en localidades muy cercanas de la misma pertenencia étnica.

El derecho a la vivienda digna de la población desplazada indígena se ve vulnerado en el momento mismo del desplazamiento, pero muchas veces también en el marco de las políticas públicas de atención. Una vivienda digna está abismalmente lejos de habitar en carpas de plástico durante casi dos años, en medio del lodo y la lluvia que inunda buena parte del año los asentamientos. Un solo día en esas condiciones es una dolorosa muestra de la negación del derecho a una vivienda digna. Las imposiciones urbanísticas en los asentamientos como copia fiel de la racionalidad urbana, vulneran las diversas culturas indígenas y generan conflictos que se han podido evitar con una "sensibilidad cultural" mas consecuente con la labor de las instituciones estatales encargadas de estos programas: la demora injustificada de varios meses en la entrega de material para el mejoramiento de las viviendas restringe o imposibilita el derecho a una vivienda digna, sobre todo si el argumento esgrimido es que la comunidad es "apática y está desorganizada" como mencionará algún funcionario(a) público de manera informal.

La participación en la vida cultural, el goce de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura quedan ostensiblemente reducidos cuando el saber ancestral y los aprendizajes de hombres y mujeres es cortado de tajo o imposibilitado el contacto cultural frecuente entre comunidades debido a la eliminación de autoridades tradicionales y líderes, cuando se abre el paso a la expropiación de ese saber ancestral.

Como se ha destacado en este trabajo reiteradamente (como unidad analítica) la debida protección y asistencia a las unidades familiares y por extensión a las comunidades y pueblos indígenas ha sido insuficiente, precaria y tardía en todas las fases formales e informales de atención a la población en situación de desplazamiento (prevención, urgencia, emergencia, transición, restablecimiento socioeconómico, sociopolítico y sociocultural y eventual retorno). No existe ninguna política pública destinada a identificar las rupturas ocurridas, y mucho menos la puesta en obra de estrategias para reunir a las familias y comunidades dispersas.

Otro tanto podemos decir del interés superior, la especial, preferente y prioritaria atención de la niñez indígena, y especialmente de la niñez en situación de desplazamiento que se ve inmersa en múltiples procesos de discriminación y exclusión a lo largo de la situación de destierro. El cuidado especial que merecen las mujeres gestantes y en proceso de lactancia, son otra ausencia notable en las políticas públicas sobre población en situación de desplazamiento.

Los procedimientos legales de reconocimiento de la condición de desplazamiento, llevados al punto de convertir el proceso en un laberinto burocrático inextricable y que en muchos casos niegan arbitrariamente dicho reconocimiento, o aplican mecanismos de exclusión, restricción o preferencia, vulneran los principios de igualdad, no discriminación y buena fe, y agravan aún más las condiciones de deprivación y vulneración de derechos de las y los solicitantes, en este caso indígenas.

II. EL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTUDIO ONIC-CODHES

Aclaraciones pertinentes

La posibilidad de un análisis comparativo en este estudio se vio reducida por la manera en que los equipos desarrollaron el análisis de los resultados. Se presentaron informes con distintos niveles de acercamiento al problema y con diferentes enfoques según las necesidades de las organizaciones locales y regionales. En otras palabras, la forma de abordaje del problema en cada región fue diferente, no solo por las experticias de los profesionales involucrados y las condiciones del conflicto armado en cada región, sino también por los entendimientos diferenciales sobre la metodología propuesta (análisis de redes y análisis de contexto). El trabajo realizado se orientó al desarrollo de estudios de caso: Desplazamiento del Alto Naya hacia el municipio de Santander de Quilichao (CRIC); Desplazamiento de las comunidades indígenas del Municipo de Juradó hacia las cabeceras del Rio Jurado (OREWA); desplazamiento de la comunidad indígena de Río verde hacia el resguardo Polínes (OIA); Desplazamiento Forzado de familias indígenas del territorio Kankuamo hacia Valledupar (OIK) y del territorio Yukpa hacia Valledupar (ORIYEPI). Las conclusiones que a continuación se presentan solamente comprometen a los investigadores firmantes del presenta artículo y en absoluto a las organizaciones regionales, a la ONIC o a las entidades financiadoras.

Los efectos del desplazamiento forzado en los pueblos indígenas son múltiples, intentaremos en apretada síntesis recoger los más significativos:

1. Erosión de los sistemas de control cultural sobre los territorios y procesos sociales, económicos y políticos fundamentales para la permanencia e integridad cultural de los pueblos indígenas.

2. Fragmentación territorial, simbólica y sociopolítica de las organizaciones regionales, especialmente en los ámbitos locales. El ataque a las formas e instancias organizativas indígenas coincide con los escenarios de control, copresencia y disputa entre los diversos actores armados.

3. Debilitamiento de la autonomía, gobernabilidad y jurisdicción indígenas a través de la injerencia, presión o ataques a los procesos, autoridades e instancias de gobierno, mecanismos de resolución de conflictos y formas de administración de justicia indígenas por parte de los actores armados. Estas situaciones han provocado mayor desconfianza social -y en algunos casos- desconfianza en la estructura organizativa de la comunidad y de los mecanismos internos de resolución de conflictos.

4. Los sitios (confinamientos) y bloqueos armados han generado mayor aislamiento y situaciones de crisis humanitaria representada en el control o bloqueo de medios de transporte, alimentos, medicinas, insumos agrícolas, al igual que el control o la obstrucción de la ayuda humanitaria, o de la actividad de funcionarios públicos relacionados con la prestación de servicios de salud, educación, titulación de tierras, entre otros.

5. Los circuitos de autoabastecimiento, de producción para el intercambio y de consumo en mercados externos, son intensamente controlados y atacados por los diversos actores armados. En consecuencia se debilitan o tienden a desaparecer sistemas productivos ancestrales adaptados a relaciones de contacto intercultural y a ecosistemas frágiles y de alta complejidad.

6. En este orden de ideas, se afecta gravemente la seguridad alimentaria de dichos pueblos y se presentan devastadoras perdidas económicas, sociales y culturales debido al abandono forzado de parcelas y chagras lo que ha obligado a recurrir en casos extremos a la mendicidad o en casos aislados a que algunos integrantes de las comunidades se alisten en las filas de los actores armados.

7. Restricción o intentos de control al acceso y administración de los programas y servicios de salud que los distintos pueblos indígenas han logrado desarrollar a partir de la aplicación de las políticas de descentralización.

8. Desintegración de las unidades familiares, parentelas y comunidades a partir de la dispersión territorial, la pérdida de vínculos con ecosistemas, redes de intercambio y redes de gobernabilidad, con motivo de los procesos de desarraigo y despojo.

9. La disgregación de las familias y comunidades dificultan las posibilidades de consolidar procesos de permanencia e integridad cultural de las comunidades y de los pueblos indígena en general. La deslocalización (pérdida de lugar, de contextos) rompe con desarrollos sociales, políticos, económicos y culturales producto de luchas históricas por el territorio, el reconocimiento y la redistribución. Las pérdidas son entonces múltiples y pueden conducir a la fragmentación territorial y la desestructuración familiar, comunitaria y en extenso de la permanencia e integridad cultural de los pueblos indígenas, al punto de constituir en casos extremos un verdadero etnocidio (eliminación física o cultural de una minoría étnica).

10. Desestructuración de las redes sociales primarias, es decir de las redes personales, familiares y comunitarias. En estos casos quienes deben afrontar los mayores impactos son la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

11. Empantanamiento de los procesos de constitución y/o consolidación jurídica de los resguardos y la jurisdicción indígena.

12. Ruptura, parálisis o desaparición de los procesos etnoeducativos así como de los procesos de recuperación cultural de cara al conflicto armado y las presiones modernizantes.

13. Ausencia progresiva de los funcionarios locales y regionales de gobierno que se debaten entre la falta de garantías, la ausencia de recursos efectivos y la falta de voluntad política, generando la progresiva pérdida de legitimidad del Estado y la desprotección y desatención de las comunidades.

14. Rupturas y profundas transformaciones de los calendarios tradicionales en los que se enmarcan las actividades culturales, económicas y políticas, que favorecen la interacción local e interregional. Han desaparecido o están seriamente coartados procesos culturales enmarcados en los valores propios de cada grupo étnico como fiestas, encuentros regionales, rituales colectivos e interfamiliares, recolección y siembra de cosechas, festivales folclóricos, eventos familiares, que constituyen espacios fundamentales de socialización y consolidación sociopolítica y cultural.

15. Incremento progresivo del miedo y el terror, especialmente entre la población más joven.

16. Deterioro del estado de salud de amplios sectores de la población indígena especialmente niñas y niños, mujeres y adultos mayores.

17. En algunos casos el descenso en la autoestima individual de las personas, así como de la autoestima colectiva de las comunidades.

18. Construcción o renovación de formas de resistencia cultural, de nuevos acuerdos y alianzas estratégicas con otros sectores sociales para afrontar los desafíos de la guerra, los embates de modelos de intervención económica, social, política y ambiental, y las exigencias de los procesos de modernización e inclusión de regiones y poblaciones en la lógicas de la globalización.