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El conflicto colombiano cruzó el limite - "Las fronteras: zonas de contención y expansión del conflicto"

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Las zonas de frontera se están configurando como otra manifestación de fracaso de las políticas de seguridad, en la medida en que en estos territorios no se han mejorado los niveles de protección de la vida e integridad personal para quienes viven en estas regiones apartadas; donde la presencia de la fuerza pública en décadas anteriores no ha sido permanente ni significativa y, por ende, han sido vulnerables a los mecanismos de regulación social, económica y territorial impuestos por los grupos armados irregulares; han sido susceptibles de vincularse a redes del narcotráfico y otras formas del crimen organizado ante la ausencia de proyectos de desarrollo regional.

Primero, porque estas regiones se han convertido en escenario de profundización y expansión de las acciones armadas sin que el Estado haya garantizado aún el total control del territorio, con la consiguiente afectación de la población civil y los efectos que genera en los países vecinos. Las fronteras hacen parte del radio de influencia de operaciones militares como parte de la ofensiva del Estado contra la guerrilla a través del Plan Patriota (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo) y las operaciones militares Escudo (Norte de Santander y Arauca), Fortaleza (Norte de Santander), Resplandor y Espada (Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María), Zarandeo (Caquetá), Heliconia (La Hormiga, Putumayo) y Omega (Sur del Valle y Norte del Cauca).

Segundo, porque las fronteras han sido tradicionalmente concebidas como espacios de seguridad por parte de los Estados. En la región andina la prioridad desde hace por lo menos cuatro años es fortalecer la presencia militar para prevenir o contener la expansión del conflicto armado colombiano hacia los países vecinos y para garantizar el control territorial por parte del Estado colombiano. Esta concepción ha dejado de lado, en la política pública de los Estados, el carácter urgente de la ayuda humanitaria en regiones fronterizas y las necesidades de protección de la población civil que huye de la confrontación armada hacia los países vecinos.

Durante el primer trimestre del año, esta situación se vio reflejada en la implementación del clon del Plan Patriota o de la ofensiva contra-guerrillera del gobierno colombiano en el departamento de Arauca (Operación Escudo); la intensificación de las fumigaciones en el municipio de Tumaco y zona de piedemonte nariñense así como el inicio de fumigaciones en los departamentos de Chocó y Vaupés; la continuidad de las operaciones militares del Plan Patriota en el sur del país, con el objetivo de capturar a los principales mandos de la guerrilla en 160 mil kilómetros cuadrados de selva, y el copamiento por parte de fuerza pública de territorios de las comunidades de paz en Chocó.

Tercero, porque a pesar de estas operaciones, las fronteras siguen siendo utilizadas para el repliegue de los grupos armados irregulares (las FARC hacia el oriente y los paramilitares de las AUC hacia el norte), como plataformas de abastecimiento, de diseño y de operación de actividades de guerra, como corredores estratégicos para el tráfico de armas, drogas, precursores químicos y para el traslado de tropas. En consecuencia, las actividades ilícitas se convierten en la principal fuente de ingresos para los habitantes de zonas de frontera que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que estas economías están controladas por los grupos al margen de la ley.

Durante el primer trimestre del año esta situación resultó en la reactivación de la disputa armada entre las FARC y las AUC en la zona del municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, por el control de territorios hacia donde se están trasladando los cultivos de uso ilícito, y desde donde se transportan cargas de la pasta básica de coca y del alcaloide procesado hacia el interior del país y a otros destinos de Colombia.

A pesar que el 2004 fue el año en que más se ha fumigado en Colombia como estrategia prioritaria del gobierno nacional para erradicar la oferta (más de 130 mil hectáreas), el departamento de Estado de Estados Unidos con base en imágenes satelitales tomadas por la CIA, señaló que las hectáreas sembradas con coca no disminuyeron en el 2004. A diciembre del año pasado el sistema registró 114 mil hectáreas sembradas con coca, la misma cifra que reportó para el 2003, cuando la reducción fue de más del 30% respecto del 2001, 56 mil hectáreas según el departamento de Estado (de 169 mil en 2001 a 114 mil en 2003).

Varias razones explican estos resultados: aumento de la capacidad de resiembra de los cultivadores, expansión a nuevas zonas, mayor densidad de plantas por hectárea[1], la nueva variedad de coca resistente a las fumigaciones y nuevas especies con mayor productividad. Para el caso de los cultivos de amapola el reporte del Departamento de Estado menciona una reducción del 52 por ciento entre el 2003 y el 2004.

En consecuencia, es evidente la afectación de la población civil como quiera que se encuentra en medio de la confrontación armada y de la ofensiva militar del Estado. Además, es claro el cierre del espacio humanitario que se manifiesta en: la ausencia de un plan de contingencia como componente integral de la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno nacional en el sur - oriente del país; condiciones adversas producto de la intensidad del conflicto que impiden en muchos casos la presencia y permanencia de agentes humanitarios; la ausencia de políticas de desarrollo socioeconómico para prevenir la vinculación de sectores sociales excluidos, a las economías ilícitas controladas por los grupos armados irregulares.

I. DINAMICAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

La situación de las zonas de frontera durante el primer trimestre del año, estuvo caracterizada por:

1. Una intensificación del conflicto armado allí donde la guerrilla de las FARC presenta una respuesta a la ofensiva de la fuerza pública en los departamentos de frontera,

2. La degradación del conflicto armado interno en zonas de disputa entre guerrillas y paramilitares donde se registraron masacres, desplazamientos masivos, desapariciones, detenciones arbitrarias, homicidios selectivos,

3. Expansión del conflicto armado hacia el oriente del país (departamentos limites con Brasil, Venezuela, Perú)

4. Consecuentemente el conflicto tiene un carácter transnacional que involucra grupos organizados y sectores sociales de otros países, la crisis humanitaria traspasa las fronteras, los gobiernos vecinos tienen el reto de atender a la población colombiana que huye de la guerra y proteger sus territorios de posibles incursiones de grupos armados o traslado de los cultivos de coca.

Zonas de expansión del conflicto.

Durante el primer trimestre del año se observa la continua expansión del conflicto armado hacia el oriente del país que se venía registrando desde el 2004. Esta tendencia se vió reflejada en un aumento de las confrontaciones entre Ejército y guerrilla de las Farc en las zonas de la orinoquía y amazonía, en la frontera con Venezuela, Brasil y Perú (departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas). Esta tendencia de orientalización del conflicto se inscribe en la reactivación de la ofensiva militar de las FARC en todo el país, originada en diciembre de 2004, a partir de una declaración expresa por parte de su secretariado. Pero además en la estrategia del gobierno nacional dirigida a fortalecer el control de la fuerza pública en esas zonas[2].

Sirvan de ejemplo los ataques por parte de las FARC a la población de Puerto Inírida en marzo de este año, que trajeron como consecuencia el bloqueo militar de este municipio.

Durante los primeros días del mes de marzo del presente año, varios medios de comunicación registraron la noticia del hostigamiento del cual estaba siendo objeto la población del Guainía por parte de la guerrilla de las FARC. De acuerdo con lo publicado por el diario El Tiempo[3] sobre el suceso, el frente 16 de las FARC dio muerte a dos militares que tripulaban una embarcación de combate fluvial en el río Inírida. En su contraataque, indica el diario, la Armada Nacional con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lanzó una operación que dejó "un número no determinado" de bajas en las filas guerrilleras. Según un informe divulgado por las autoridades locales, la guerrilla también dio muerte a un campesino de la zona. La ciudad fue sometida las dos primeras semanas de marzo a fuertes medidas de seguridad, entre ellas el toque de queda, la prohibición al porte de armas de fuego y algunas restricciones en el transporte público.

Por su parte, el presidente de la República, en su visita posterior al Guainía, reiteró la estrategia de acorralamiento de la guerrilla, aclarando "...Tan necesario es sacar el terrorismo de las calles de Bogotá como sacarlo de esta bella aldea..."[4]

Para los pobladores los hechos no fueron más que una réplica de lo que a menudo sucede en las inmediaciones del río Inírida, afirman que la guerrilla hostiga cuando así lo decide y amenaza con tomarse el pueblo de manera bastante frecuente. Sin embargo, para ellos son igualmente preocupantes las agresiones y los abusos a los que se han visto sometidos a raíz de estos últimos hechos. De acuerdo con datos ofrecidos por una de las organizaciones indígenas de la región, luego de los sucesos 24 indígenas -pertenecientes a la vereda Garza Morichal-, han sido detenidos y sin pruebas que así lo corroboren, se les sindica de ser auxiliadores de la guerrilla.

De otro lado, las vías de transporte fluvial (río Guaviare, río Inírida, río Guanía y río Vaupés) son escenario de combates casi a diario. Esta situación afecta principalmente a comunidades indígenas, por cuanto casi en su totalidad se ubican en las zonas ribereñas.

De acuerdo con información suministrada por las comunidades indígenas, el departamento de Vaupés es escenario permanente de enfrentamientos entre Ejército y guerrilla. Las comunidades indígenas de los municipios de Mitú y Carurú en Vaupés ya han alertado a las autoridades, organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional, sobre posibles combates entre AUC y FARC en este departamento por el control del tráfico de armas y de drogas. Así mismo, la población es víctima de infracciones al Derecho Internacional Humanitario por acciones como la siembra de minas anti-personal en las riberas de los ríos y el reclutamiento forzado[5]. El Informe de Riesgo emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 1 de octubre del 2004, señala que se encuentran en peligro aproximadamente 20.000 indígenas de distintas comunidades ubicadas en los municipios de Mitú y Carurú. También se registran otras violaciones a los derechos humanos como las desapariciones y los asesinatos selectivos que configuran una crisis humanitaria en la región. Además, las fumigaciones en zona de resguardo están afectando a familias de estas comunidades indígenas y sus cultivos de pancoger.

La orinoquía y la amazonía colombiana han tenido presencia histórica de las FARC dada su ubicación estratégica para el tráfico de drogas y de armas por los ríos hacia Venezuela, Brasil y Perú. Adicionalmente, recibe los efectos de las estrategias de seguridad nacional aplicadas en los departamentos vecinos (Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo), específicamente del Plan Patriota y del Plan Colombia en su componente de erradicación forzada por aspersión aérea.

Estos efectos son: traslado y concentración de cultivos de uso ilícito[6], estrategias de guerra orientadas a garantizar el control del narcotráfico en el territorio (campos minados), desplazamiento forzado, dinámicas propias de la radicalización de la guerra tales como el confinamiento y el reclutamiento forzado de jóvenes, estrategias de seguridad por parte del Estado basadas en restricciones a la movilidad y controles al ingreso y salida de alimentos, de recursos e insumos básicos como la gasolina[7].

El Plan Patriota en el suroriente del país contempla en sus estrategias el doble propósito de aislar a la guerrilla y desabastecerla, así como enfrentar sus zonas de retaguardia y áreas campamentarias[8]. Durante el primer trimestre del año, estas medidas generaron un aumento en los precios de productos de consumo diario debido a la dificultad para trasportar mercancía[9], pueden resultar en escasez de alimentos y ponen en riesgo la vida e integridad personal de sectores sociales específicos[10], como el gremio de los transportadores de gasolina, quienes manifestaron abiertamente que no quieren ser monitoreados vía satélite por el Ejército en una zona de presencia histórica de la guerrilla, ya que esto pone en riesgo su seguridad personal.

En síntesis, la segunda etapa del Plan Patriota ha presionado la extensión del conflicto hacia nuevos territorios y ha producido una diseminación de plantaciones de coca, procesos de colonización y migraciones hacia el oriente del país.

Notas:

[1] Según campesinos del Caquetá, las variedad de coca peruana produce 18 gramos por arroba y las nuevas variedades que están llegando a la zona alcanzan a producir hasta 40 gramos. Entrevista realizada por CODHES a campesinos y líderes de la región amazónica en Bogotá, 5 de mayo de 2005.

[2] En los departamentos donde opera el Plan Patriota se encuentran 18 mil efectivos militares y se espera que finalizando el 2005 entrarán en operación 10 nuevos barcos nodrizas en los cuales 23 mil hombres de la Armada seguirán patrullando los ríos. Ver "Los ríos: vías claves en la guerr entre Ejército y las FARC" en Revista Cromos, Bogotá, 28 de febrero de 2005, páginas 58-61.

[3] El Gobierno calificó de "tremendistas" las versiones sobre los ataques a Puerto Inárida. Versión electrónica del 5 de Marzo 2005. www.eltiempo.com

[4] Palabras del presidente Uribe durante su visita a Inírida, 6 de marzo de 2005. www.presidencia.gov.co

[5] Según Informe de Riesgo No 070 AI-04 del Sistema de Alertas Tempranas -SAT de la Defensoría Delegada para la evaluación de riesgo de la población civil como consecuencia del Conflicto armado- emitida en octubre 1 de 2004. "Los habitantes informaron que el río Vaupés está bloqueado en tres distintos segmentos a lo largo del cauce por la Fuerza pública, el frente armado Ríos de las FARC y paramilitares del Bloque Centauro estacionados a 6 horas por esta vía; las condiciones complican la transportación desde y hacia las comunidades para el ingreso de víveres agudizando la crisis alimentaría".

[6] De acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen del año 2003, se preveía un incremento de cultivos en la región orinoquía y amazonía y se reportó en ese año una mayor densidad de plantas de coca por hectárea para los departamentos del oriente del país. UNODC (2004) Colombia coca cultivation Survey, Bogotá, página 17.

[7] Una medida clara en este sentido es la Resolución No. 016, 30 de Julio de 2004 "Por la cual se aumentan los controles para el transporte de gasolina, aceite combustible para motor (A.C.P.M.) y kerosene (petróleo) y se incluyen como sustancias químicas objeto de control administrativo ejercido por la Dirección Nacional de Estupefacientes". CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 91 de la Ley 30 de 1986, artículos 1 y 29 del Decreto 1146 de 1990 adoptado como legislación permanente por el artículo 4 del Decreto 2272 de 1991, parágrafo del artículo 9 del Decreto 1609 de 2002. RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Los vehículos que transporten gasolina, aceite combustible para motor (A.C.P.M.), y kerosene (petróleo), con destino a las estaciones de servicio automotriz y fluvial ubicadas en los Departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainia, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Santander, Vaupes y Vichada, municipios de El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorema y Tibú del departamento de Norte de Santander, Municipios de Barbacoas, Guapi, Ipiales, Policarpo, Ricaurte, Samaniego, Túquerres y Tumaco en el Departamento de Nariño, deberán poseer: 1. Rótulos de identificación fijos o movibles para cada clase de precursor especial, ubicados en la parte lateral de la unidad de transporte y a una altura media que permita su lectura. 2. El logotipo o nombre de la empresa proveedora de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) o kerosene, visible en todas las caras de la unidad de transporte. 3. Un sistema de control satelital con GPS, a efectos de conocer su recorrido y ubicación en el momento en que se requiera.

[8] Discurso del Presidente Álvaro Uribe en la instalación del foro "Sostenibilidad de la Política de Seguridad Democrática", realizado en Bogotá el 23 de febrero del 2005.

[9] "Guaviare, la nostalgia del Rey Midas" en Diario El Tiempo, martes 3 de mayo de 2005, página 1-9.

[10] "Quejas transportadores de crudo", Puerto Asís, versión electrónica del Diario El Sur.