CODHES, mayo 13 de 2006. El informe
de CODHES revela un significativo incremento en la población desplazada
y la urgencia porque el gobierno empiece a considerar medidas más efectivas
para dar respuesta a está tragedía humanitaria que cada día se torma más
crítica.
En el 2005 aumentó en un 8% la cifra
de desplazamiento forzado en Colombia.
El municipio de Silva, Cauca, pasó de albergar 5 desplazados en el 2004 a 8.130 personas en el 2005.
Bogotá se constituye en la ciudad que más desplazados recibe y Montería la que menos.
En su último informe, CODHES revela un significativo incremento en la población desplazada en todo el territorio nacional. El estudio revela que en el 2005, al menos 318.387 personas se desplazaron por razones de violencia hacia 754 de los 1.121 municipios ubicados en 31 de los 32 departamentos del país, lo que equivale al 67% de las localidades nacionales.
Para el desarrollo de este informe, CODHES analizó las cifras totales y realizó un cuadro comparativo entre la población registrada por el DANE en cada municipio con la población desplazada, analizó el flujo de desplazamiento y con un análisis cualitativo de los éxodos masivos, de las dinámicas regionales del conflicto armado y las características, efectividad y componentes de la política pública nacional, determinó que la gran mayoría de los desplazados se dirigen a los principales centros urbanos del país.
Calí, Quibdo y Barranquilla, las más críticas
En informe de CODHES revela que el 78% de la población desplazada, es decir 241.956 personas se dirigieron a 50 municipios, entre los que se cuentan 25 capitales departamentales, Bogotá y 14 ciudades intermedias en el Atlántico, Antioquia, Caldas, Bolívar, Cauca, Choco, Cundinamarca, Córdoba, Meta, Nariño, Santander, Valle, Putumayo y Sucre. Los índices de desplazamiento se incrementaron de modo bastante significativo en 20 ciudades capitales de departamento, 16 municipios, y 2 capitales que no registraban elevados niveles, ahora aparecen entre los primeros. Sólo disminuyó el fenómeno en 12 municipios.
La situación de ciudades como Quibdo, Calí y Barranquilla es crítica porque el incremento de la población desplazada superó el 100 % con relación a lo registrado en el 2004. A la ciudad de Calí y zona metropolitana llegaron 26 mil 853 personas desplazadas, es decir el 8.65% del total nacional. Bogotá recibió durante el último año 44 mil 290 personas desplazadas, lo que equivale al 14.27% del total. En Medellín se registró la llegada de 11.037 personas, es decir el 3.56% del total de desplazados del país.
Sin embargo, en cuanto a la gravedad que representa el incrementó de la población desplazada, se considera que la segunda situación más critica se registra en los municipios de Samaná, Popayán, Cúcuta, Pasto, Soledad y Valledupar con un incrementó entre el 60% y el 94% con relación a las cifras que se registraron en el 2004. En Cartagena, Mocoa, Santa Marta, Villavicencio, Ibagué, Bogotá, Tumaco, Bucaramanga y Armenia el número de desplazados recibidos aumentó entre un 14% y un 20%. Neiva, Montería y Pereira presentaron un incrementó entre el 2% y el 11%.
Si bien el estudio demuestra que la gran mayoría de la población desplazada acude a centros urbanos, el año anterior se convirtieron en receptoras de desplazamiento varias ciudades intermedias así como zonas rurales y urbanas en los mismos municipios donde se evidenciaron procesos de expulsión forzada.
En cuanto a los departamentos que registran éxodos, se logró determinar que en 20 de los 32 existentes se produjo el desplazamiento de 38.878 personas, es decir el 13% del total dentro de un registro de 70 éxodos. Antioquia fue el más afectado con 12 éxodos, Nariño con 9, Choco con 8, Norte de Santander con 6, Cauca y Putumayo con 5 cada uno. El registro de nuevos desplazamientos en los departamentos de Vaupés y Guainía, reflejarón la expansión del conflicto hacia el oriente a causa del Plan Patriota emprendido por el gobierno nacional.
En el norte del país el comportamiento del fenómeno evidenció la crisis social y de seguridad que se desprende del ambiguo proceso de desmovilización que adelantan los grupos paramilitares con el gobierno nacional, a las operaciones militares y a los enfrentamientos entre guerrillas y autodefensas no integradas en el 2005 al programa de reinserción. En el Meta y Guaviare, los éxodos registrados reflejan que la fuerte disputa entre operaciones contrainsurgentes, de antinarcóticos y las incursiones de grupos armados ilegales con acciones militares de gran envergadura, desconoce la presencia de civiles.
En el Chocó ante los recientes planes de desarrollo marítimo y los enormes potenciales que se han reconocido en la zona durante los últimos años, la disputa por el control territorial y de cultivos de uso ilícito entre paramilitares y guerrilleros, más la reciente imposición de proyectos de agricultura comercial, han hecho de éste departamento uno de los de mayor vulnerabilidad en el país, lo que constantemente lo enfrenta a graves crisis humanitarias.
La política pública
La gravedad de la situación respecto a la población desplazada, no sólo revela que las políticas de prevención han sido insuficientes, sino el incumplimiento de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional y las evidentes limitaciones que ofrece la controvertida Ley de Justicia y Paz y que no contribuyen a prevenir la tragedia ni a diezmarla mediante acciones puntuales de reivindicación de las victimas, aplicación de justicia, devolución de tierras y garantías para la población vulnerable.
El esfuerzo que realiza el gobierno respecto a la situación de los desplazados se ha visto limitado por la aplicación presupuestal, porque no se han analizado en rigor alternativas efectivas para poder involucrar a la población desplazada al mercado laboral, ni se han reconocido en ellos derechos fundamentales como victimas del conflicto respecto a la obligación estatal de buscar verdad, justicia y reparación. En el horizonte inmediato no se vislumbra la aplicación de una justicia restaurativa que, como señala Desmond Tutu, se constituya en una respuesta sistemática a los males originados por el conflicto armado. Este tipo de justicia, contrario a la justicia penal que se limita a determinar cuáles fueron las leyes violadas, quienes la violaron y que sanciones deben ser aplicadas, intenta tender puentes hacia la comunidad afectada, reconociendo a las victimas como tal, analizando sus necesidades y afirmando la urgencia porque sean reparadas debidamente. A este respecto la ley 906 del 2004 en su artículo 518 establece un programa restitutivo de amplia participación que permita construir un camino de conciliación entre sociedad civil, victimas y victimarios con el apoyo de un ente facilitador. La ley de Justicia y Paz también se refiere a este tipo de justicia a través del decreto 4760 del 30 de diciembre del 2005, según el cual es potestad de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación aplicar la justicia restitutiva. Pero para ello resulta de vital importancia que la Comisión empiece por reconocer que entre los delitos imputados a los paramilitares, además de trafico de narcóticos, lavados de activos y conexos así como apropiación de tierras y hurto agravado entre otros tantos delitos, dentro de un accionar criminal que dista mucho de ser político, se han producido crímenes atroces o de lesa humanidad que además de nos ser prescriptibles, tampoco son amnistiables.
En cuanto al presupuesto nacional que se debe emplear en reparar a los más de tres millones de victimas desplazadas que deja el conflicto, y familiares de desaparecidos y ejecutados, la Comisión afirma que la sociedad colombiana debe asumir está responsabilidad mediante el pago de nuevos impuestos, sin tener en cuenta que la responsabilidad es del Estado colombiano por omisión en materia de seguridad y garantías y por prestarse para la consolidación de grupos paramilitares garantizándoles impunidad e injerencia política territorial ante la ineficacia de la justicia y la corrupción administrativa. Sin embargo presupuesto hay, sólo que no se destina para este fin, porque el gobierno sostiene otro plan de inversión. En el 2005 Colombia gastó 30 mil millones de pesos diarios del presupuesto general de la nación para "seguridad y defensa". Presupuesto que se destina en la compra de armas, helicópteros, aviones, municiones, uniformes, botas, miles de hombres y mujeres adscritos al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares y de Policía, al Das y a la red de informantes. También el sostenimiento de Casas fiscales y Clubes, instalación de batallones de Alta Montaña, Brigadas Móviles, fumigaciones y demás gastos de guerra en una confrontación que deja ver la escandalosa derrota militar, el aumento en la siembra de cultivos de uso ilícito como lo denunció días tras el Departamento de Estado norteamericano y de personas desplazadas, que según CODHES, entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2005, ha sido de 1.069.000 personas
El 28 de noviembre de 2005, el documento CONPES 3400, determina la necesidad porque se concedan recursos presupuéstales para atender la tragedia humanitaria que representa la población desplazada. El documento establece que es necesario asignar 5.1 billones de pesos para atender a la población desplazada y que las entidades territoriales asuman el 25% del presupuesto a ejecutar entre el 2007 y el 2010.
Sin embargo pese a los esfuerzos del gobierno, el tema de recursos sigue siendo un enorme obstáculo para la aplicación de los urgentes programas de ayuda y asistencia social.
LA PROPUESTAS DE CODHES
En su estudio, CODHES propone el desarrollo de una tributación progresiva con carácter redistributivo que permita financiar la política con recursos provenientes de aquellos sectores que se han beneficiado de la concentración del ingreso durante los últimos 10 años.
En segundo lugar, propone la devolución de tierras y bienes usurpados por grupos ilegales mediante una intervención del latifundio tradicional que permita dotar al campesino de sistemas productivos sostenibles.
La transformación de los instrumentos políticos, que se basan en la cofinanciación de la ayuda humanitaria a las victimas, por una política redistributiva que permita desarrollar genuinas acciones de reparación es la tercera propuesta de CODHES. Esta iniciativa es contraria a la propuesta del gobierno nacional que considera necesario recurrir al endeudamiento exterior para poder atender la crisis humanitaria y aplicar reformas tributarias que protejan los intereses de los grandes gremios empresariales con la consolidación de capitales privados a través de medidas de exención que aumenten las cargas tributarias para la población menos favorecida en términos económicos.
CODHES reconoce en los problemas relacionados con el tema agrario, -cuya solución implica una necesaria e impostergable adjudicación de tierras mucho más equitativa-, el carácter estructural del desplazamiento forzado. Para asumir está realidad de modo justo y coherente con las demandas reales de la nación, es indispensable plantear alternativas de reparación ligadas a procesos de reforma social, agraria y tributaria.