Córdoba: Contexto de contaminación por artefactos explosivos - Ficha situacional de 2023

Este reporte es producido por el Equipo Local de Coordinación de Córdoba (ELC Córdoba). Comprende el periodo entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2023

MENSAJES CLAVE

• En 2023, en el departamento de Córdoba se logró la caracterización de 34 sobrevivientes (víctimas directas) y víctimas indirectas conforme la Ley de Víctimas, pertenecientes a la Asociación de Víctimas por Minas Antipersonal (AVIMAP). Es importante mencionar que el municipio de Montería es principalmente receptor de sobrevivientes del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño.

• Las principales barreras de acceso a la Atención Integral a Víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin explosionar (MSE) y Trampas Explosivas (TE) son: acceso a servicios de salud, historias clínicas desactualizadas con código CIE10, certificado de discapacidad y priorización de la indemnización administrativa ante la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).

• La contaminación por artefactos explosivos ha obstaculizado el saneamiento de la titulación del Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú ante la Agencia Nacional de Tierras.

• Entre 2020 y 2023 se presentaron 27 eventos -accidente e incidentes- con artefactos explosivos, el 63 por ciento ocurrieron en el 2020.

SITUACIÓN

La contaminación por artefactos explosivos está concentrada en los municipios de Puerto Libertador, Tierralta y Montelíbano pertenecientes a la subregión del sur de Córdoba, dada la disputa territorial que se ha presentado entre actores armados por el control de los corredores de movilidad para el tráfico de armas, los cultivos de uso ilícito, los primeros eslabones de la cadena de narcotráfico, la minería ilegal y por la soberanía. Además, San José de Uré está bajo sospecha de contaminación por acciones armadas con uso de artefactos explosivos, según información de las comunidades. El municipio de Tierralta concentra el 47 por ciento de todas las víctimas de Córdoba desde 1994 (135 víctimas); indicador que evidencia riesgos de protección para la población que habita territorios contaminados por artefactos explosivos, siendo de gran preocupación las consecuencias humanitarias para las comunidades campesinas e indígenas Emberá Katío del Alto Sinú. Aunque las restricciones autoimpuestas como mecanismo de protección -en algunos casos- evitan accidentes; existe un alto riesgo para las comunidades de las zonas dispersas y de difícil acceso de los cuatro municipios que han sido escenarios de acciones armadas con uso de artefactos explosivos. Sumado a esto, la contaminación por Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explosionar (MSE) y Trampas Explosivas (TE) ha obstaculizado el proceso de saneamiento de titulación del Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú.

Por otro lado, Puerto Libertador concentra el 46 por ciento de víctimas, por lo que fue priorizado para desminado humanitario (DH) y se focalizaron 42 veredas para iniciar la primera etapa en mayo de 2023, teniendo en cuenta que cumplía con las condiciones. A la fecha no se han identificado áreas peligrosas dado que se priorizaron terrenos que las comunidades reconocen como libre de sospecha, lo que ha hecho que se pierda la confianza en el proceso. Si bien Tierralta tiene mayor afectación, no cumplía con las condiciones de seguridad para tener intervenciones de desminado humanitario en el territorio. Otra barrera para la priorización de los municipios se relaciona con el reporte de contaminación en el Formulario de Ubicación y Localización de Evento (FULE), dado que es un requisito para solicitar desminado operacional; en ocasiones la institucionalidad identifica zonas contaminadas en los ingresos al territorio sin hacer el respectivo reporte en el FULE.

Entre 2020 y 2023 se presentaron 27 eventos -incidentes y accidentes- con artefactos explosivos, el 63 por ciento ocurrieron en el 2020 durante la pandemia dadas las acciones armadas que iniciaron ante el ingreso de un nuevo GANE a los municipios de Tierralta y Puerto Libertador. Asimismo, se evidencia que en 2022 con la hegemonía total de un GANE, disminuyeron en 88 por ciento los eventos por artefactos explosivos respecto al 2021. Para el año 2023, se ha identificado que las dinámicas del uso de artefactos explosivos han variado en el sur de Córdoba por parte del GANE quienes informan a la comunidad y señalizan las nuevas zonas contaminadas para evitar accidentes e incidentes, dado que su objetivo principal es la Fuerza Pública. Como consecuencia, ha aumentado el temor de las comunidades por la contaminación de MAP, MSE y TE y sus restricciones a la movilidad. Es importante mencionar que, no se han registrado víctimas civiles directas en Córdoba en lo corrido del año pero si víctimas indirectas, y que el departamento de Córdoba es receptor de víctimas directas del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Este escenario ha desbordado la capacidad del municipio de Montería como primer respondiente en la Ruta de Atención Integral a Víctimas de MAP, MSE Y TE en las etapas II y III.