Este 9 de abril, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, Naciones Unidas expresa su respaldo a todas las víctimas del conflicto armado y a su lucha por la restauración de sus derechos, la cual hemos venido acompañando a lo largo de las últimas dos décadas.
Desde que se instauró este día en honor de las víctimas ha habido muchos avances. La ley de Víctimas y Restitución de Tierras es un ambicioso intento de reparación integral de las víctimas y restitución de sus derechos. El informe ‘Basta Ya’ del Centro Nacional de Memoria Histórica ha construido una de las narrativas más completas de la victimización en medio siglo de conflicto armado. En Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos presenta hoy oficialmente el predio en el que se construirá el Museo Nacional de la Memoria.
Estos y otros avances se han dado en medio del conflicto armado, que los limita e impide su mejor ejecución. Por eso, la mejor noticia para muchas víctimas, para su reparación integral y para la restitución de sus derechos sería un acuerdo de paz. El fin del conflicto armado pondría fin al motor principal de victimización.
La sola negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP ha acarreado efectos positivos. Ambas partes han reconocido en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”. En las cinco visitas de 60 víctimas a La Habana y en cuatro foros en los que participaron más de 3.000 personas, las víctimas tuvieron voz y un papel protagónico jamás visto en otros procesos de paz. El cese unilateral de las FARC-EP en vigor desde el 20 de diciembre, su compromiso de no reclutar menores de 17 años y el histórico acuerdo sobre desminado humanitario son pasos concretos que contribuyen a reducir la victimización ocasionada por el conflicto armado.
Sin embargo, la victimización continúa. Según la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA), entre noviembre de 2012, cuando empezaron las negociaciones, y diciembre de 2014, el número de personas desplazadas en eventos masivos ha disminuido en 33 por ciento y las víctimas de minas antipersonal, en 38 por ciento.
Sin embargo, un promedio de 16.400 colombianos fueron desplazados cada mes; hubo 713 víctimas de minas antipersonal y las denuncias de extorsión —un crimen que se ha generalizado y refuerza la pobreza y la desigualdad— se han duplicado. Entre enero de 2013 y diciembre de 2014, un millón y medio de personas sufrieron confinamiento y limitaciones a la movilidad y al acceso a bienes básicos y 619 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados entraron al programa especial de Bienestar Familiar. Seis millones de personas desplazadas registradas y más de 400.000 colombianos refugiados en otros países aún esperan soluciones duraderas.
Una mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Contra ellas, en su mayoría, se registraron 694 delitos contra la integridad y la libertad sexual en el marco del conflicto armado entre enero de 2013 y octubre de 2014, de acuerdo a datos de OCHA. Persisten, además, las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y de las víctimas, promotores de la paz y líderes políticos. Preocupan, en particular, las amenazas colectivas, proferidas mediante panfletos que siembran un clima de intimidación y zozobra. Desde septiembre pasado, han circulado 29 panfletos en los que se amenaza a 751 personas. Y estas amenazas se dan con altos niveles impunidad.
En este día de reconocimiento de las víctimas, las Naciones Unidas, llama a todos y todas, a partidos políticos y organizaciones de la sociedad, a partidarios y críticos del proceso de La Habana, a buscar nuevas formas de renovar el compromiso para acelerar la restauración de los derechos de las víctimas existentes y de hacer mayores esfuerzos para poner fin a las fuentes de nueva victimización. La voz de muchas víctimas pide la paz y debe ser escuchada.
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