Colombia

Combinando todas las formas de lucha

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El paro armado impuesto en regiones urbanas y rurales de diez departamentos del país (Córdoba, Antioquia, Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Arauca) hace parte de un desafío al gobierno frente a la aplicación de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y una respuesta violenta a las acciones emprendidas contra los líderes de los nuevos grupos paramilitares.

La razón inmediata de los promotores del paro es rechazar la muerte de alias Giovanni, jefe de la banda autodenominada “los Urabeños”, dado de baja el primero de enero en un operativo de la Policía Nacional en el departamento de la Guajira. La razón estratégica es mostrar todo el poder de intimidación y control armado que estos grupos tienen en buena parte del territorio nacional, regiones en las que se convirtieron en las auto defensas de quienes despojaron a sangre y fuego más de seis millones de hectáreas a campesinos, indígenas y afro descendientes en la última década, tal y como lo advirtieron en su momento informes de organizaciones no gubernamentales como CODHES, Corporación Nuevo Arco Iris, Indepaz, CINEP y la Misión de Observación Electoral.

Atrás quedó la frase pronunciada en su momento por el entonces Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, según la cual “el paramilitarismo en Colombia es cosa del pasado”.

La realidad es que la desmovilización de más de 30 mil paramilitares durante el gobierno anterior no sólo fue una farsa (no todos los desmovilizados eran paramilitares y no todos los paramilitares se desmovilizaron), sino que abrió el camino a una fragmentación de los grupos que siguen actuando en el país (reclutamiento de nuevos integrantes y surgimiento de nuevos grupos, con otros nombres, todos articulados a una misma estrategia).

El gobierno optó por simplificar el asunto llamándolos “bandas criminales”, minimizando sus capacidades y anunciando que pronto serían desarticuladas. Sin embargo, el paro armado de comienzos de 2012 muestra que estos grupos tienen una dirección, se articulan en diversas zonas del territorio nacional, realizan labores de inteligencia, permean la institucionalidad local (apoyo de unidades militares y de policía) y sirven a poderosos intereses económicos y políticos en las regiones que dominan.

Es curioso, por decir lo menos, que el lenguaje de estos grupos coincida con las arengas de sectores extremistas, nostálgicos del poder, que anuncian “guerras civiles” por la aplicación de la Ley de Víctimas y la devolución de tierras a los desplazados, los mismos que cuestionan o burlan la acción de la Fiscalía contra altos ex funcionarios del anterior gobierno, sectores que intentan revivir la justicia penal militar y que, desde ciertos “centros de pensamiento” siguen en la tarea de inventar ONG de derechos humanos y asociaciones de campesinos para crear confusión y desprestigiar a las víctimas. Guerra jurídica, guerra política, infiltración de organizaciones sociales y acciones armadas, parecen ser parte de una misma estrategia de lucha.

Ahora los nuevos grupos paramilitares asumen el desafío y tratan de demostrar que ejercen hegemonía y control en vastas zonas del país, en espacial aquellas en la que se produjo mayor despojo de tierras y el mayor desplazamiento forzado.

El presidente Santos anunció que habrá mano dura contra quienes se oponen a la Ley de Víctimas y amenazan la restitución de tierras. Está bien enfrentar el desafío de estos grupos, desde el Estado de Derecho, pero estaría mejor identificar a quienes orientan, coordinan y aprueban desde la legalidad o la institucionalidad sus acciones criminales.