Colombia: Y entonces...¿Por qué se van?

Las cifras del éxodo

Durante el segundo trimestre de 2005 el desplazamiento forzado afectó a por lo menos 91.467 personas, alrededor de 18.293 hogares, que llegaron a 564 municipios de 29 departamentos, huyendo de regiones en las cuales se evidencia un progresivo escalamiento del conflicto armado interno que persiste en Colombia.

Esta cifra consolida un total aproximado de 153.463 víctimas de este delito durante el primer semestre de 2005, lo que representa un incremento del 17.7% con relación al mismo período de 2004 cuando se registró el desplazamiento de una población estimada en 130.346 personas. Es decir, Colombia pasó de un promedio de 724 personas desplazadas cada día durante el primer semestre de 2004 a un promedio diario de 848 de los primeros seis meses de 2005.

Pero la gente también se va del país. Sólo en Ecuador, Panamá y Perú, 3.065 compatriotas solicitaron refugio entre el 1 de enero y el 30 de junio, aduciendo temores fundados de ser perseguidas por razones políticas. Al menos otros 2.110 pasaron las fronteras con otros países vecinos o viajaron por la misma razón a otras regiones del mundo, lo que significa que durante el primer semestre de 2005 se ha incrementado a más de 5.175 el número de compatriotas que se fueron de Colombia por circunstancias asociadas al conflicto armado interno. La cifra acumulada de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana entre 2000 y 2004 en todos los países del mundo asciende a 104.474 personas.

Las ciudades no crecen, "se hinchan"

Durante el segundo trimestre de 2005, las principales zonas de llegada de población desplazada siguen siendo las capitales departamentales, en las cuales se concentró el 38% del total der la población desplazada en el segundo trimestre de este año.

En este periodo las ciudades de Bogotá y Cali recibieron el 12% y el 7% del total de personas desplazadas, respectivamente. Del mismo modo, ocho de las capitales recibieron mas de 2000 personas desplazadas y 16 recibieron más de mil personas en este corto periodo, lo cual llama la atención sobre la relación entre las principales capitales receptoras y las zonas de mayor intensidad del conflicto armado.

Aunque las magnitudes son diferenciadas, de hecho ninguna región del país escapa a esta realidad pues entre las principales capitales receptoras existen importantes ciudades de la Costa Caribe, del Sur, del Pacífico, del Oriente y del centro del País.

Sin embargo, durante el segundo trimestre, cerca del 60% de las personas se desplazó hacia ciudades intermedias y otros municipios diferentes de las grandes capitales, en buena parte por el inusitado crecimiento de eventos de éxodo masivo. Así ocurrió en municipios como Samaná en el departamento de Caldas; Toribio, Jambaló, Santander de Quilichao y Silvia en el departamento del Cauca; Ricaurte y Tumaco en el departamento de Nariño; Bojayá, San José de Palmar y Bajo Baudó en el departamento del Chocó; Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, Barrancabermeja en el departamento de Santander; Argelia, Urrao y Apartadó en el departamento de Antioquia, Vistahermosa en el departamento del Meta y Soacha en el departamento de Cundinamarca.

Principales víctimas del desplazamiento

En estos tres meses el desplazamiento forzado afectó duramente a comunidades afro-descendientes, pueblos indígenas, campesinos y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas y se hizo evidente un deterioro de la situación de derechos humanos.

Esto ocurrió en zonas en las que se focaliza la política de seguridad democrática, en las zonas de mayor enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las guerrillas, en las zonas de frontera y en regiones de amplio control paramilitar. Las causas principales están asociadas al escalamiento del conflicto que siguió al fin del repliegue militar de la guerrilla[1]; a ataques indiscriminados de la guerrilla contra población civil y sus bienes protegidos, al incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares, a arbitrariedades y abusos atribuidos a la Fuerza Publica, a las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito y, en algunas zonas específicas, al surgimiento y consolidación de poderes locales de mafias del narcotráfico.

Con seguridad (democrática) crece el desplazamiento

El país entra en el tercer año del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez y la administración muestra cifras e indicadores de disminución de graves delitos como asesinatos, masacres, secuestros, e insiste en presentar resultados exitosos de su política de seguridad democrática a partir del número de bajas infringidas a presuntos guerrilleros y paramilitares, del número de personas detenidas sin establecer si fueron liberadas o permanecen en prisión y del número de personas desmovilizadas y reinsertadas, sin que se conozca si están cumpliendo o no con su compromiso de abandonar sus actividades delictivas.

Todo avance que contribuya preservar la vida y garantizar los derechos de la población en desarrollo de su obligación constitucional y en el marco del estado social de derecho es positivo y puede contribuir a legitimar las instituciones y a fortalecer la democracia.

Sin embargo, y tal y como lo indica este informe, el desplazamiento forzado se mantiene como una expresión de inseguridad y ausencia del Estado en el momento de evitar los hechos que provocan la salida forzada de miles de personas expuestas a una situación de alta vulnerabilidad de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Degradando la guerra

Peor aún si son agentes del mismo Estado los que por acción provocan desplazamientos forzados o permiten que grupos paramilitares sigan desplazando y atacando a la población civil, violando el cese de hostilidades exigido para mantener el diálogo en Santa Fe de Ralito, garantizando la impunidad incluso antes de la vigencia de la cuestionada ley de justicia y paz.

El desplazamiento forzado no tuviera lugar si todos los que participan en la confrontación armada respetaran a la población civil no combatiente. El primer paso en falso lo dio el propio gobierno con su insistencia en negar la existencia del conflicto armado y la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, en una interpretación política de la norma que eleva la vulnerabilidad y el nivel de desprotección de la población civil.

Pero no es sólo el Estado el que contribuye con esta tesis a la degradación del conflicto. Las guerrillas que tradicionalmente se han negado a acatar esta normatividad, desarrollan operaciones militares que afectan directamente a la población civil, desconocen su condición de no combatientes y acuden de manera conciente y sistemática a métodos que contravienen el derecho internacional humanitario.

El pacífico en llamas

CODHES Informa incluye en esta edición el segundo informe sobre desplazamiento forzado, derechos humanos y conflicto armado en Colombia correspondiente al segundo trimestre de 2005, que se presenta públicamente en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal centro urbano del litoral pacífico colombiano.

Justamente en buena parte del territorio del litoral pacífico están ocurriendo los hechos que marcan el escalamiento de la guerra interna y, por supuesto, la expansión de la crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado de más de 32.373 personas en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, es decir, un promedio de 359 personas cada día.

Al presentar este informe CODHES, reafirma el propósito de insistir en la adopción de mecanismos para proteger a la población civil, aún en las circunstancias inevitables de la continuidad del conflicto, exigiendo a todas las partes enfrentadas que observen el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y las normas que protegen a la gente en estado de indefensión.

¿Por qué se van?

El país tiene cada vez más dificultades para atender esta crisis humanitaria crónica, prolongada y sostenida que ya ha afectado a casi el 8% del total de su población y cuya ocurrencia agrava el desempleo, expande la pobreza, urbaniza las consecuencias del conflicto y provoca un trauma social y cultural en toda la sociedad colombiana.

Una vez más salta a la vista la contradicción entre los resultados de la política de seguridad que presenta el gobierno y la persistencia e incremento del desplazamiento forzado en el país. La pregunta que surge en las ciudades a dónde siguen llegando las personas desplazadas es: ¿Si hay tanta seguridad como se afirma, entonces, por qué se van?

Fronteras: el cerco se cierra

Las condiciones de seguridad en estas regiones no han mejorado, en lacra demostración de que la falla del Estado en su deber de protección persiste a pesar de la creciente militarización, de la creación de nuevos batallones y militares, y pese a los acelerados avances del proceso de desmovilización de combatientes paramilitares, principalmente del Bloque Sur en Nariño y el Bloque Catatumbo en Norte de Santander.

Por el contrario, ha aumentado el grado de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en esas zonas, y con ella, los niveles de riesgo para las mismas. Son varios los factores que, asociados al escalamiento del conflicto armado, han venido configurando esta situación:

Primero, en las zonas de frontera la población civil se encuentra bajo el control casi exclusivo de sectores militares para quienes la prioridad es proteger el territorio y los recursos más que a la población civil. Mediante la política de seguridad democrática el gobierno está convirtiendo a estas zonas en plataformas para adelantar operaciones militares y en territorios donde la organización social y los procesos participativos se ven amenazados por los intereses de seguridad nacional impuestos por el gobierno en la frontera. Esto se expresa en la creciente militarización de ambos lados de la frontera[2] y en casos de arbitrariedad cometidos por la Fuerza Pública.

Segundo, la continua la expansión de redes del narcotráfico articuladas con los grupos armados irregulares por el litoral pacífico, traslado y resiembra de cultivos; lo que ha resultado en un deterioro de la situación humanitaria en la región y muestra que la política de erradicación forzada no es una respuesta suficiente para combatir el fenómeno que está en estrecha relación con el conflicto armado.

Las cifras dan cuenta de la movilidad de los cultivos y alta motivación de campesinos cultivadores, ya que cerca del 60% de los lotes de coca en el país son nuevos. Este aumento se registró en departamentos de las cuencas de los ríos Orinoco (Amazonas, Guainía y Vaupés) y los principales departamentos con mayor área cultivada son Meta, Guaviare, Nariño y Caquetá. El incremento más importante lo reportaron en el nororiente Arauca y Guajira. Nariño no sólo es una zona donde los cultivos de coca se están expandiendo, también es el centro más importante de producción de drogas ilícitas del país. El informe también reporta siembra en 13 de los 50 parques naturales, pero estos representan sólo el 7% del total de cultivos de coca en el 2004.

Tercero la expansión del crimen organizado que traspasa las fronteras nacionales, se filtra en la economía local de países vecinos y opera conjuntamente con grupos armados irregulares que se financian también del contrabando de armas, municiones, precursores químicos y comercialización de estupefacientes en las fronteras. Al respecto varios estudios dan cuenta de la existencia de 100 rutas de tráfico de armas, municiones y drogas en los más de 6 mil kilómetros de frontera de Colombia. Las zonas más afectadas son Norte de Santander, Cesar, Guajira, Putumayo y Urabá chocoano.

Cuarto, el desbordamiento del conflicto armado y su impacto internacional que se manifiesta en desplazamientos transfronterizos, cuyas repercusiones están afectando las relaciones internacionales de Colombia con los países vecinos. Esta tendencia se refleja en la presencia e incursión armada de grupos irregulares en Ecuador y Venezuela; el traslado de cultivos de coca en Perú (14% en 2004 respecto del 2003) y expansión en ese país de redes del narcotráfico que están comercializando la hoja de coca para procesamiento del alcaloide. Esto ha generado un cierre de fronteras por parte de los gobiernos de países vecinos para evitar el desbordamiento del conflicto en sus territorios.

Impuesto humanitario: que lo paguen los grandes contribuyentes

La Corte Constitucional se convirtió en el principal referente para la exigibilidad de los derechos fundamentales de la población desplazada, cuya atención, de acuerdo con su sentencia T 025, exige más que voluntad política. CODHES propuso ante la Honorable Corte Constitucional se sirva exhortar al Gobierno Nacional para que presente, en el término de 30 días, un proyecto de Ley que disponga un régimen tributario especial para asegurar recursos por 500 mil millones anuales, durante cuatro años, con destinación específica a la población desplazada en el marco del conflicto armado. CODHES también solicitó a la alta corporación fijar al Congreso un plazo máximo de seis meses para debatir y aprobar esta iniciativa.

El tributo deberá responder al criterio de progresividad, en la perspectiva de que recaiga sobre los sectores que se han beneficiado de la concentración del ingreso en la última década en el país y no sobre los sectores populares que han sido sistemáticamente afectados por las reformas laborales y tributarias implementadas durante la actual administración.

¿Seguridad sólo para los inversionistas?

Paradójicamente, el Presidente Uribe acaba de anunciar que presentará una iniciativa para incrementar la base gravable del IVA y disminuir el impuesto a la renta. Este hecho, sumado a los propósitos expuestos en la Ley 963 de 2005 - Ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia- reflejan una disposición del Gobierno a privilegiar a quienes detentan los medios económicos y a depositar la cargar de la financiación del Estado sobre los hombros de los sectores medios y bajos.

No deja de sorprender que el gobierno se muestre obsesivamente interesado en crear las condiciones de estabilidad jurídica para los inversionistas, a la vez que presenta a la corte la tesis según la cual no puede garantizar la seguridad jurídica para satisfacer el mínimo de derechos que se reclaman para los desplazados, con el argumento de que no cuenta con los recursos financieros, y sin mayor explicación de las razones por las cuales no se buscan fuentes alternativas de financiación

Del mismo modo, el espíritu de la Corte Constitucional en el sentido de priorizar la inversión hacia las comunidades victimas del desplazamiento forzado debe entenderse como un mensaje de estimulo a la solidaridad en la sociedad colombiana. Pero no puede ser una autorización para incrementar la vulnerabilidad de los sectores pobres en beneficio de los grandes capitales, entre los cuales se ubican aquellos que se han robustecido con los bienes usurpados y despojados a la población desplazada.

¿Dónde quedan los derechos de la gente rechazada en el registro?

Como quiera que por la vía del rechazo en el registro están siendo vulnerados los derechos de un gran número de personas en situación de desplazamiento, y toda vez que no existe claridad sobre los criterios en los que son sustentados los rechazos, solicitamos a la Corte que se sirva ordenar al SNAIPD la creación de un componente de rendición pública de cuentas, incorporado al SUR, que permita conocer el número total de personas rechazadas, las presuntas zonas de expulsión y su caracterización, las razones que llevaron al rechazo, los procesos administrativos adelantados en cada caso, la situación en la que se encuentran estas personas y su acceso a los servicios públicos y sociales.

Así mismo, es importante crear mecanismos para garantizar el acceso público a la información relacionada con las políticas estatales en materia de derechos humanos y desplazamiento, toda vez que la propia Procuraduría General de la Nación encontró en este aspecto un obstáculo para realizar la evaluación de la política, y que la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó las falencias de los sistemas de información del Estado en materia de Derechos Humanos y estableció un conjunto de recomendaciones para superarlas.

Protegerse de los abusos de la red de cooperantes

También es importante que la Corte Constitucional establezca los mecanismos civiles para evaluar los programas de redes de informantes, delaciones y recompensas, a fin de evitar las eventuales violaciones al debido proceso y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los múltiples casos de detención de civiles, acusados de pertenecer a los grupos armados y luego liberados por falta de pruebas.

CODHES ha conocido denuncias en relación con la amenaza, el desplazamiento o el asesinato de personas junto con sus familias, luego de la ocurrencia de este tipo de detenciones.

Notas:

[1]De acuerdo con el informe presentado por la Fundación Seguridad y Democracia en junio del presente año, el número de ataques perpetrados por la guerrilla en lo que va corrido del año suman ya 353, en tanto que los registrados durante el 2004 fueron 383 en su totalidad. El informe revela que en los últimos dos meses las FARC ha cometido 125 ataques en diferentes zonas del país, y que departamentos como Cauca y Putumayo han sido unos de los mas afectados. Además, las cifras sobre ataques de la guerrilla muestran que en dos años este grupo ha realizado la misma cantidad que los que realizó durante cuatro años del gobierno Pastrana, y que los "lunares" de la política de seguridad democrática del actual gobierno son la vulnerabilidad en las fronteras y la expansión del paramilitarismo.

[2] En Brasil se han desplegado 35 mil efectivos, en Ecuador 12 mil, en Perú 25 mil con 17 bases militares, en Panamá 8 puestos navales de cuarenta unidades cada uno. Desde el mes de abril los operativos antidrogas en Panamá se han intensificado con el fin de desmantelar las redes de tráfico de armas de Centroamérica a Colombia y de drogas de Colombia a Centroamérica. Para el mes de abril se detuvieron más de diez personas entre panameños y extranjeros. Según el ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, Héctor Alemán se está combatiendo a los grupos transnacionales que quieren utilizar a Panamá como corredor para el tráfico de armas y drogas.