José Noé Ríos Muñoz *
Otra vez está de moda el acuerdo humanitario. Una esperanza que llena de ilusión a los retenidos o secuestrados por las Farc, a sus familias y al país. Vuelve la expectativa de las liberaciones, pero también el temor de que todo concluya en una nueva frustración.
El tema ha recobrado vigencia por varias razones. En primer término, porque los familiares de las personas en cautiverio le enviaron una carta al ex presidente Alfonso López y al ex ministro Álvaro Leyva para pedirles que hagan "lo que esté en sus manos" para liberarlos".
Además porque el comandante de las Farc Ra=FAl Reyes reconoció en Noticias Uno y en entrevista con Yamid Amat, que la guerrilla está dispuesta a conversar sobre el tema con Estados Unidos, si su gobierno quiere, pero condicionó el contacto a que se haga un pronunciamiento p=FAblico a través del periódico El Tiempo.
Asimismo, el ex presidente Samper ha recibido mensajes y el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, habló de la importancia del acuerdo. Para no quedarse atrás, el alto comisionado Luis Carlos Restrepo manifestó que el Gobierno está dispuesto a conversar con la organización rebelde.
Sin embargo, no ha sido posible llegar a un acuerdo humanitario para liberar a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, a los diputados del Valle y en general a todos los secuestrados políticos que contin=FAan en poder de la guerrilla por falta de sinceridad, por ausencia de actitud hacia el acuerdo y por errores en la metodología que se ha utilizado para procurar acercamientos.
En concreto, no se quiere reconocer que los políticos y los miembros de la fuerza p=FAblica tienen, frente a la liberación, una condición diferente respecto a la de los secuestrados con fines económicos. El Estado debe procurar que todos vuelvan a la normalidad, pero también aceptar que es el doliente directo de los militares y políticos cautivos. Por eso debe preocuparse de manera especial por ellos.
Y la actitud que han mostrado tanto el Gobierno como la guerrilla para buscar un acuerdo humanitario que ponga fin al drama de los retenidos, no ha sido generosa. Unos y otros, cada que tienen la oportunidad, hacen expresa su disposición para llegar a un acuerdo humanitario, pero nunca la instrumentalizan.
Cuando cada parte presenta sus condiciones para empezar a hablar, en el ambiente queda la sensación de que es más lo que los separa que lo que los une. Pero ambos dicen que tienen voluntad política. Olvidan que esta expresión no es una frase suelta. Por el contrario, tiene un profundo contenido ético. Es un término que es necesario honrar a cada momento y la mejor forma de hacerlo es dando pasos reales, sin confundir los principios con el interés.
Y hasta ahora ha habido profundos errores en la metodología utilizada para buscar ese diálogo. El Gobierno nunca ha liderado con verdadera decisión la b=FAsqueda de esa acción humanitaria. Siempre ha dejado el tema en manos de diversos agentes de buenos oficios, a quienes no precisamente ha apoyado para el cabal cumplimiento de su labor.
Sacerdotes, diplomáticos, gente de bien o los mismos familiares, han tenido la misión de buscar aproximaciones, pero todo se diluye con el paso del tiempo en medio de un profundo desinterés gubernamental y de posiciones extremadamente rígidas de las partes en conflicto. Hasta el momento no ha existido una línea de acción realmente unificada.
No se han escatimado esfuerzos y cada día surgen nuevas fórmulas o seminarios de análisis para buscar salidas o contactar emisarios. Pero siempre en medio de un gran desorden organizativo que no conduce a resultados concretos. Y lo que es peor, en ocasiones se oye hablar de avances, pero sucumben cuando llegan a conocimiento del Gobierno.
Por eso no se sabe si la euforia de estos días se deba a avances que no conocemos. Lo que sí es cierto es que estamos en un momento propicio para reorientar las cosas y que termine la pesadilla de los secuestrados.
Lo ideal fuera que a la intensa actividad que cumplen los ex presidentes, se sumaran los esfuerzos de la Iglesia, los del ex ministro Leyva y los de todos aquellos que trabajan en el tema, a fin de consolidar una sola estrategia que conduzca a que los secuestrados regresen al seno de sus familias. Y obviamente que el Gobierno los apoye con decisión y voluntad política.
En el camino hacia esa solución se recomienda identificar claramente cuáles son los centros de decisión y de poder que deben tenerse en cuenta. Y en el caso que nos ocupa, es claro que deben intervenir, entre otros, el Gobierno colombiano, las Farc, los Estados Unidos, Francia y los familiares de las víctimas. Ese es el grupo básico que debe coordinar el ex presidente López con las demás personas comprometidas en el tema.
Las partes tienen interés en concertar soluciones y cada quién debe buscarlas como sea posible. Las posiciones de Gobierno y Farc, por distantes que estén, no deben asustar. Deben constituirse en un punto de partida para llegar a resultados. Pero sólo se avanza conversando y haciendo propuestas que demuestren que hay voluntad política. La definición de los sitios de encuentro no puede constituirse en un punto que impida avanzar. En alguna parte hay que hablar. No debe eludirse ninguna propuesta que facilite el intercambio.
Por eso el entusiasmo de estos días no puede concluir en otra desilusión. Sería una verg=FCenza para un gobierno que ha mostrado su tenacidad en asuntos de mayor envergadura como el cuestionado proceso con los paramilitares. Y sería una oportunidad desperdiciada por las Farc para abrir espacios de negociación política. Además los secuestrados y sus familias seguirían sufriendo.