En Español
Este snapshot presenta los hallazgos del monitoreo de protección realizado por DRC Colombia en Tibú (Norte de Santander) mediante observaciones directas, entrevistas con actores clave y grupos focales en cinco albergues del casco urbano de Tibú.
El análisis de protección tuvo como objetivo identificar los riesgos de protección, las violaciones de derechos y los desafíos que enfrentan las poblaciones desplazadas por la crisis de desplazamiento forzado masivo en Tibú, así como las barreras en el acceso a servicios. Los principales hallazgos incluyen la separación familiar debido al temor al reclutamiento de NNA, así como al riesgo de apropiación de tierras y viviendas por parte de los Grupos Armados No Estatales (GANE). A pesar de la respuesta de autoridades y ONG, persisten vacíos humanitarios que restringen el acceso a servicios esenciales, incluidos alimentación, saneamiento y salud, lo que agrava el impacto psicosocial del desplazamiento, especialmente en grupos vulnerables. Además, la falta de información sobre rutas de atención limita el acceso a derechos básicos, incluidos el acceso a la justicia y la reparación.
In English
This snapshot presents the findings of the protection monitoring conducted by DRC Colombia in Tibú (Norte de Santander) through direct observations, interviews with key actors, and focus groups in five shelters in the urban area of Tibú.
The protection analysis aimed to identify protection risks, human rights violations, and challenges faced by populations displaced by the mass forced displacement crisis in Tibú, as well as barriers to accessing services. The main findings include family separation due to fear of recruitment of children and adolescents, as well as the risk of land and housing appropriation by Non-State Armed Groups (NSAGs). Despite the response from authorities and NGOs, humanitarian gaps persist, restricting access to essential services, including food, sanitation, and healthcare, which exacerbates the psychosocial impact of displacement, especially on vulnerable groups. Furthermore, the lack of information on available assistance pathways limits access to basic rights, including access to justice and reparation.