Colombia: Restricciones al acceso y desplazamientos en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander) Reporte de Situación No. 04 (10/07/2018)

Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC, con información del Grupo Temático de Protección (GTP) Norte de Santander, Puesto de Mando Unificado Catatumbo (PMU), Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander y Ocaña, Personerías y fuentes locales

Destacados

  • Entre el 14 de marzo y el 5 de julio, las violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por acciones armadas del ELN y EPL, causaron el desplazamiento de por lo menos 16.000 personas (5.168 familias), en los municipios de San Calixto, Teorama, Tibú, La Playa de Belén, Ábrego y Hacarí; en este último, operativos militares y posterior combate con el EPL también generaron desplazamientos.

  • Se estima que cerca del 70% de familias desplazadas han retornado bajo su propio riesgo -pese a la falta de garantías de seguridad- ante las pocas posibilidades de sustento en el lugar de recepción. Las personas desplazadas que no han retornado siguen ubicadas en dos Espacios de Protección Humanitaria aún activos, y otras han llegado a municipios como Ocaña y Cúcuta.

  • Persiste la situación de alto riesgo y de vulnerabilidad para las personas que ejercen liderazgo en la región; producto de esta situación también se han afectado las dinámicas organizativas comunitarias. Durante este periodo, han sido asesinados al menos tres líderes sociales en el Catatumbo y un alto número de líderes comunitarios han sido amenazados.

  • Desde el inicio de las confrontaciones, al menos 9 civiles han resultado afectados por accidentes con minas antipersonal y munición sin explotar (MAP/MUSE), y por lo menos tres han sido víctimas militares. La presencia de MAP/MUSE y artefactos explosivos improvisados (AEI) ha aumentado, lo que genera restricciones a la movilidad y al acceso en algunos caminos veredales, y alrededores de centros educativos rurales.

  • De 44.829 niños, niñas y adolescentes afectados en su derecho a la educación, desde el inicio de la crisis, más de 2.900 niños y niñas continúan desescolarizados.

  • Existe una alta preocupación por situaciones de violencia basada en género (VBG) y feminicidios registrados durante este periodo en la región.

  • Aproximadamente 4.000 indígenas Barí continúan en riesgo de volver a confinarse por amenazas, la persistencia de los enfrentamientos entre los grupos armados en cercanía de los resguardos y presencia MAP/MUSE/AEI.

Panorama de la Situación

Desde el 14 de marzo, los enfrentamientos entre los grupos armados no estatales, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), han ocasionado el desplazamiento de más de 16.000 personas (5.168 familias), de las cuales 10.625 (3.314) se desplazaron en eventos masivos, mientras que aproximadamente 5.5007 personas (1.854 familias) lo han hecho de manera individual con su núcleo familiar.

Hasta el mes de abril, se llegaron a constituir 37 Espacios de Protección Humanitaria, siendo escenarios de auto albergue y auto protección de las comunidades desplazadas, como se evidenció en el Reporte de situación No. 4. Sin embargo, las dificultades para la sostenibilidad de estos espacios y el cúmulo de necesidades humanitarias que no lograron ser atendidas obligaron a retornar a la mayoría de personas en situación de desplazamiento bajo su propio riesgo, pese a la falta de garantías de seguridad para el retorno. Se destaca que en el mes de junio, en zona rural del municipio de Hacarí con ocasión de operativos militares y posterior combate con el EPL, se originó un nuevo desplazamiento masivo de al menos 100 familias/450 personas aproximadamente (ver Flash Update No. 1 Desplazamiento masivo en Hacarí). A la fecha se mantienen dos Espacios de Protección Humanitaria donde permanecen cerca de 240 personas. Si bien no se tienen cifras certeras, se conoce de personas desplazadas que no han retornado, y han llegado a otras cabeceras municipales, siendo los mayores receptores Ocaña y Cúcuta. Adicionalmente, existe un temor generalizado de la población, ante la presencia de otros grupos armados sin identificar en el territorio, lo que supone un riesgo de nuevas confrontaciones e impactos humanitarios.

También se han registrado ataques directos contra la población civil, expresados en más de 35 casos de amenazas directas contra líderes sociales, comunitarios y funcionarios públicos; más de 39 homicidios de civiles, por lo menos tres líderes sociales; preocupan particularmente tres casos de feminicidio en La Gabarra (Tibú), eventos de violencia basada en género, y cadáveres sepultados sin procedimientos judiciales por la presencia de grupos armados y la continuidad de sus acciones. Se han conocido por lo menos seis casos de personas heridas en el marco de acciones bélicas; y la toma de cuatro líderes como rehenes que ya han recuperado su libertad, acciones que constituyeron infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violación de los Derechos Humanos (DDHH), ya reportadas en informes anteriores. La situación actual de la subregión del Catatumbo evidencia un aumento progresivo en el riesgo de seguridad de las comunidades, especialmente sobre quienes ejercen liderazgo, afectando las dinámicas organizativas comunitarias, haciendo que disminuya la cantidad de reuniones y acciones periódicas de las Juntas de Acción Comunal.

Este periodo evidenció limitaciones a la movilidad y restricciones de acceso a servicios y bienes básicos (salud, alimentos y medios de vida) para más de 120.000 personas, de las cuales al menos 3.754 personas (1.045 familias) resultaron confinadas. A la fecha cerca de 4.000 indígenas Barí continúan en alto riesgo de volver a confinarse. De otro lado, al menos 12 personas han resultado afectadas en accidentes por MAP/MUSE, de las cuales por lo menos nueve son civiles y tres militares; además se registran pérdidas de semovientes, animales de corral y de compañía.
Así mismo, se ha identificado un aumento en la presencia de MAP/MUSE/AEI, lo cual genera restricciones de acceso y movilidad en algunos caminos veredales, vías terciarias, y alrededores de centros educativos rurales, al igual que refuerza el temor en la población causado por los accidentes registrados. Se estima un alto impacto psicológico en la población, requiriendo de manera urgente atención en salud mental.

Desde el inicio de la crisis, en la que resultaron afectados 44.829 niños, niñas y adolescentes en su derecho a la educación (ver Resolución No.1695 del 16 de abril del 2018), que han ido retornando lentamente a clases, se conoce que a la fecha por lo menos 2.900 estudiantes continúan desescolarizados debido a su situación de desplazamiento, y al riesgo por presencia de minas. Aún hay personal docente y administrativo que sigue sin realizar sus actividades académicas en razón a la situación de orden público.

Finalmente, se evidencia la presencia de personas y familias provenientes de Venezuela con necesidades humanitarias y de protección internacional que en el actual contexto está siendo afectadas por las dinámicas del conflicto en la región del Catatumbo. Esto supone una superposición de situaciones humanitarias en esta población, que agudizan su vulnerabilidad y les exponen a diversos riesgos de protección en este complejo contexto.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:

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