Durante 2025, al menos 890.000 de personas (45% de la población meta) ubicadas en municipios priorizados con severidad 4 se beneficiaron a través de 14.000 actividades de respuesta humanitaria intersectorial y complementaria a los esfuerzos de instituciones de Gobierno. Las acciones se llevaron a cabo por al menos 96 socios humanitarios en 463 municipios de los 32 departamentos de Colombia. Otros 294.000 beneficiarios, ubicado en municipios en severidad 1,2 y 3 recibieron atención relacionada a temas de prevención. Además de los beneficiarios que se atendieron
La población atendida corresponde en un 24,2% a pueblos étnicos (13,5% afrodescendientes y 11% indígenas), y un 53,7% corresponde a niños, niñas y adolescentes. Las intervenciones se implementaron principalmente en zonas rurales de departamentos con presencia de Equipos Locales de Coordinación (ELC) como pacífico, frontera con Venezuela, noroccidente y Orinoquía-Amazonía.
Gracias a las contribuciones de donantes y según el sistema FTS, se identificaron contribuciones por valor de USD 84 millones, lo que supone un 24,5% del requerimiento total de USD 342,3 millones al Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias 2025. No obstante, se evidencia al menos USD 44 millones de dólares recibidos, pero no clasificados, que sugieren fueron parte de la respuesta humanitaria para situaciones de conflicto y desastres
Vale la pena mencionar que, a pesar de los recortes de fondos y la persistencia de las necesidades, los esfuerzos de socios locales y nacionales permitieron alcanzar un alto número de personas mediante estrategias complementarias —incluyendo mecanismos de respuesta rápida y fondos regionales implementados por organizaciones nacionales y locales— optimizando recursos y reduciendo costos en varios casos.
Las acciones implementadas en este período por los socios de los Equipos Locales de Coordinación (ELC) y del Equipo Humanitario País (EHP) han sido lideradas principalmente por ONGnacionales (43%) evidenciando el fortalecimiento de la localización, seguidas de las ONG internacionales (33%), agencias del Sistema de Naciones Unidas (14%), un 8% a otro tipo de organización y el 2% corresponde a organizaciones miembros del movimiento de la Cruz Roja.
La articulación entre socios permitió sostener intervenciones sectoriales esenciales, incluyendo acciones de protección (riesgo de minas, orientación legal, apoyo psicosocial y enfoques diferenciales), asistencia alimentaria en especie/vouchers/efectivo, servicios de salud —incluida salud sexual y reproductiva—, educación en emergencias para NNAJ, estrategias de medios de vida y generación de ingresos, entre otras.
El 38% de las organizaciones consultaron con las comunidades sobre prioridades, adaptaron las actividades según sus necesidades expresadas e involucraron a las comunidades en la planeación como parte del seguimiento de las intervenciones. En este período de tiempo, se ha evidenciado un incremento del 36,6% en las actividades que consultaron las prioridades de las comunidades comparado al mismo período del año anterior.
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