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CONTEXTO
En Colombia, pese a la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, 6.8 millones de personas desplazadas por el conflicto armado aún requieren asistencia y reparación. El desplazamiento forzado implica múltiples vulneraciones a los derechos humanos, incluida la pérdida de viviendas, tierras, propiedades, medios de vida, y redes de protección comunitaria, entre otros.
Una gran parte de la población desplazada en Colombia se encuentra en asentamientos humanos informales, en condiciones precarias, con pocas posibilidades de obtener la garantía de su derecho a la tierra, a vivienda digna y a servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado, vías de acceso, transporte, salud y educación). Esta situación limita seriamente que la población desplazada pueda superar su condición de vulnerabilidad y avanzar hacia soluciones duraderas.
De acuerdo con la IV encuesta de verificación de la comisión de seguimiento, el 75% de la población desplazada no tiene intención de retornar a su sitio de origen, de ahí la necesidad de integrarse socioeconómicamente a su comunidad de acogida.
ACNUR hace presencia en Colombia para apoyar y complementar los esfuerzos del gobierno en su respuesta y atención al desplazamiento forzado. En ese sentido, ACNUR ofrece asistencia técnica y orientación a las entidades gubernalmentales para ayudar y proteger a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares y vivir en asentamientos informales.
Para ACNUR los procesos de legalización de tierras y la constitución, la ampliación y el saneamiento de territorios colectivos de las comunidades étnicas representan una solución duradera crucial para quienes permanecen sin una vivienda digna y acceso a servicios básicos.
Desde 2011, ACNUR Colombia proporciona apoyo técnico y aboga por la regularización, formalización o titulación de derechos de tierras en asentamientos informales a través del programa soluciones prácticas en tierras y vivienda, con el objetivo garantizar condiciones de vivienda y vida dignas en asentamientos informales.
ACNUR ha promovido la garantía del derecho a una vivienda digna para la población desplazada, los colombianos retornados y las comunidades de acogida, con un enfoque diferencial basado en la edad, el género y la etnia.