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Colombia: Proceso de paz con las Autodefensas - Informe Ejecutivo

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1. PRESENTACIÓN GENERAL

Desde su campaña presidencial entre los años 2001 y 2002, Álvaro Uribe Vélez afirmó que estaba dispuesto a conversar con los miembros de todos los grupos armados ilegales, fueran guerrilleros o autodefensas, siempre y cuando se comprometieran a cesar en sus acciones violentas. Sin reconocerles legitimidad a unos ni a otros, abría por igual una salida dialogada para ambos.

Una vez electo, al ser enterado por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango de contactos que se venían adelantando con los grupos de autodefensas a través de la Iglesia Católica, el presidente Uribe autorizó a la Comisión Episcopal, conformada por los obispos de Montería Julio César Vidal, de Apartadó Germán García y de la Diócesis de Sonsón-Rionegro Flavio Calle, para continuar con su labor. En el mes de octubre de 2002 los grupos de autodefensas manifestaron a través de los obispos su disposición para declarar un cese de hostilidades a fin de iniciar un proceso de paz. Por tal motivo el Alto Comisionado para la Paz adelantó los primeros contactos con dichos grupos, en reuniones que tuvieron lugar durante el mes de noviembre de 2002.

El proceso se inició a finales del año 2002, con la declaratoria de un cese unilateral de hostilidades, por parte de los grupos de autodefensas, cumpliendo así el requisito del Gobierno Nacional para el inicio de conversaciones. En carta pública enviada al Señor Presidente de la República el 29 de noviembre de 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- declararon un cese de hostilidades con alcance nacional, a partir del 1 de diciembre. Igual pronunciamiento hizo días después el Bloque Central Bolívar -BCB-, anunciando un "cese unilateral, incondicional e indefinido de hostilidades, a partir de las cero horas del cinco de diciembre de 2002". De igual manera, el 8 de diciembre la Alianza Oriente -compuesta por las Autodefensas Campesinas de Casanare y las Autodefensas de Meta y Vichada- se comprometió a decretar un cese de hostilidades a partir del mes de diciembre, en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno. Sólo quedó excluido de esta iniciativa el Bloque Metro, que se había separado de las AUC y se pronunciaba en contra del proceso.

Como respuesta a este gesto, el 23 de diciembre de ese mismo año el Gobierno Nacional designó una Comisión Exploratoria de Paz, con la tarea de realizar contactos con los grupos de autodefensas que habían declarado públicamente un cese de hostilidades, y expresado la voluntad de iniciar acercamientos para adelantar un proceso de paz. Apoyándose en la ley 782 de 2002 que acababa de ser sancionada por el ejecutivo, el Gobierno expidió la resolución 185 de 23 de diciembre de 2002, designando a los doctores Eduardo León Espinosa Faccio-Lince, Ricardo Avellaneda Cortés, Carlos Franco Echevarria, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, Gilberto Alzate Ronga y Juan B. Pérez Rubiano, para adelantar sus labores bajo "la más estricta confidencialidad". La responsabilidad de informar sobre los desarrollos y avances del proceso quedó en manos del Alto Comisionado para la Paz.

Al momento de iniciar diálogos con los grupos de autodefensas en las primeras semanas de 2003, el Alto Comisionado para la Paz y la Comisión Exploratoria debieron atender 4 mesas de diálogo paralelas. Una con las AUC, otras dos con el BCB y la Alianza Oriente, y una cuarta con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio -ACMM-, que se negaron a compartir mesa con las anteriores. Ante todos ellos el Gobierno reafirmó, como objetivo prioritario de la fase exploratoria, el cumplimiento del cese de hostilidades que permitiera una disminución efectiva de los niveles de violencia contra la población civil, por parte de los grupos de autodefensas.

Con las AUC se realizó una primera reunión el 22 de enero de 2003, después de la cual el Bloque Élmer Cárdenas se retiró de la mesa, anunciando al día siguiente que lo hacía considerando que la propuesta de paz planteada por el Gobierno a las autodefensas era como invitarlas a un "suicidio colectivo". Por tal motivo, y para impedir nuevas deserciones, los jefes de las autodefensas que participaban en la mesa de diálogo firmaron un Acta de Compromiso el 13 de febrero de 2003 que los obligaba a mantenerse en el proceso so pena de perder la comandancia de sus estructuras.

Entre tanto, de manera paralela se adelantaron encuentros con el Bloque Central Bolívar, la Alianza Oriente y las ACMM comandadas por Ramón Isaza. Sin embargo los diálogos mas estructurados tuvieron lugar en la mesa que con las AUC se adelantaba en territorio de Córdoba. Al final de la tercera reunión con este grupo, que tuvo lugar los días 20 y 21 de marzo de 2003, el Gobierno Nacional y las Autodefensas expidieron su primer comunicado conjunto reiterando su voluntad de encontrar caminos que conduzcan a la paz del país e informando que "la fase exploratoria de diálogo entre el Gobierno y las AUC sigue avanzando para sentar las bases de una negociación, con el propósito de llegar a una reincorporación de los miembros de las AUC a la vida civil".

A partir de los compromisos surgidos de la fase exploratoria, los grupos de autodefensas dejaron en manos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 69 menores, entre el 3 de junio y el 27 de junio de 2003.

Pasados los primeros cinco meses de reuniones exploratorias con los grupos de autodefensas, la Comisión Exploratoria y el equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se dedicaron a sistematizar la experiencia, proceso de análisis que culminó en una reunión el día 17 de junio con el señor Presidente de la República.

El 25 de junio de 2003 la Comisión Exploratoria hizo público un documento de recomendaciones, sugiriendo continuar con el proceso de paz -previo cumplimiento total y verificable del cese de hostilidades-, con el objetivo central de desmovilizar y reincorporar a la vida civil a los integrantes de las autodefensas. Se recomendó, igualmente, insistir en la necesidad de congregar en una sola mesa nacional de paz a los diferentes grupos de autodefensas que estaban conversando con el Gobierno. Para mantener, perfeccionar y verificar el cese total de hostilidades, como condición del Gobierno Nacional para continuar con el proceso, la Comisión recomendó la concentración de las fuerzas irregulares y el abandono total de actividades ilícitas, tales como narcotráfico, robo de combustible, extorsión y secuestro. Así mismo solicitó el acompañamiento de la comunidad internacional y continuar con las labores de facilitación de la Iglesia Católica, sugiriendo además aplicar y priorizar el desarrollo de una política de seguridad integral en las zonas de influencia de las autodefensas, enmarcada dentro de la política de Seguridad Democrática, contenida en el Plan de Desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado Comunitario".

Los días 14 y 15 de julio en Tierralta (Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria y delegados de la Iglesia Católica, se reunieron con los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, suscribiendo el 15 de julio el "Acuerdo de Santa Fe Ralito para contribuir a la paz de Colombia".

El Acuerdo es sencillo en su factura y claro en sus propósitos. Gobierno y AUC acuerdan "dar inicio a una etapa de negociación", definiendo "como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado". Las AUC dejan claro "que su mayor aporte a la Nación en este momento histórico" es "avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho". Por su parte el Gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil. Para el cumplimiento de este propósito, las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron a "desmovilizar a la totalidad de sus miembros" antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual que comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre de 2003 del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín.

Entre tanto, en las mesas de diálogo que de manera paralela se mantenían con el Bloque Central Bolívar -BCB- y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio -ACMM-, se avanzó con la firma el 8 de noviembre entre el Gobierno Nacional y la dirigencia del BCB, de un "Acta" en la que se consigna que "los miembros del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca toman la decisión de avanzar en el proceso de negociación para lograr la desmovilización y reinserción a la vida civil". En el caso de las ACMM, se pactó el 4 de diciembre de 2003 una "Declaración" en la que manifiestan "plena voluntad de desmovilizar, de manera gradual, la totalidad de nuestras fuerzas".

El 23 de enero de 2004, el Presidente Álvaro Uribe y el Secretario General de la OEA, César Gaviria, firmaron el "Convenio" que permitió poner en marcha la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, OEA (MAPP/OEA), la cual empezó a ejercer sus funciones en el territorio nacional a partir del mes de febrero del mismo año. Este hecho, articulado a la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo unificada con la concurrencia de las AUC y el BCB el 31 de marzo de ese año, ayudó a generar el proceso que llevó a la firma del "Acuerdo de Fátima", el 13 de mayo de 2004. En dicho acuerdo se decide poner en marcha, a partir del 15 de junio, una Zona de Ubicación Temporal -ZUT- en Tierralta, Córdoba, la cual es formalmente inaugurada en Santa Fe Ralito el 1 de julio de ese año.

El funcionamiento de la ZUT de Tierralta facilitó que se integraran a la Mesa Única de Diálogo de Santa Fe Ralito, las ACMM bajo el mando de Ramón Isaza. Igual lo hicieron las Autodefensas de Meta y Vichada, que habían iniciado el proceso dentro de la llamada Alianza Oriente, con el grupo de las Autodefensas Campesinas de Casanare, bajo el mando de Martín Llanos. Después de firmar el "Acuerdo del Sur del Casanare por la Paz de Colombia" con el Gobierno el 29 de enero de 2004, este último grupo se mantuvo independiente de la Mesa Única de Diálogo, por lo que se sostuvieron varias reuniones con sus representantes, la última de ellas el 30 de julio de 2004, sin poder llegar a un acuerdo definitivo para su desmovilización.

Mediante el comunicado del 12 de agosto de 2004 y la declaración del 7 de octubre denominada "Acto de fe por la paz", las AUC reiteraron su voluntad de desmovilización, abriendo paso a una serie de desmovilizaciones colectivas que se iniciaron el 25 de noviembre en Turbo, Antioquia, con la entrega de armas del Bloque Bananero. El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizó Salvatore Mancuso en el corregimiento Capo Dos del municipio de Tibú, al frente del Bloque Catatumbo, iniciándose un proceso de desarmes colectivos que se extendieron hasta el 11 de abril de 2006.

Culminado este proceso se inició a partir del 12 de abril de 2006 la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, que después de un proceso de diálogo independiente había anunciado el 8 de septiembre de 2005 su voluntad de avanzar en el proceso de paz.

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