Colombia: Plan de Respuesta Humanitaria, Enero - Diciembre 2018

INTRODUCCIÓN POR EL COORDINADOR HUMANITARIO

2018 será un año de grandes oportunidades y retos humanitarios para Colombia. El acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional ha generado cierta reducción de acciones armadas en algunas de las regiones donde históricamente existían acciones violentas e impacto en la población civil. En este escenario, se ubican además los diálogos con la guerrilla del ELN en Quito, y a pesar de la incertidumbre ante el proceso electoral y polarización de la sociedad, se ha creado un ambiente de esperanza en algunas de las zonas del país golpeadas por más de cincuenta años de conflicto armado.

El Equipo Humanitario de País (EHP) ha seguido de cerca estos fenómenos y trabaja en su mitigación con una estrategia de articulación entre lo humanitario, construcción de paz y desarrollo. Se trata de acompañar los avances hacia la construcción de paz y mantener la presencia, articulación y atención complementaria que permitan aliviar la situación humanitaria latente.

La comunidad humanitaria se ha propuesto atender 1.052.345 personas en 2018 en el marco de sus tres objetivos estratégicos en 234 municipios priorizados. La estrategia de respuesta ha sido trazada bajo los hallazgos claves del HNO, bajo un enfoque poblacional y con prioridades intersectoriales en las zonas más afectadas del país.

El objetivo del EHP con el Plan Humanitario de Respuesta 2018 es precisamente enfocar esfuerzos para salvar vidas, reducir los riesgos de protección y asegurar la recuperación de comunidades afrocolombianas, indígenas, venezolanas, mujeres, niños y niñas y todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Esta estrategia será el marco de trabajo y oportunidad para realizar una programación basada en una lectura compartida del contexto, buscando resultados colectivos (collective outcome), y evitando vacíos y duplicaciones en la respuesta. Ese es el desafío de las “nuevas formas de trabajar” (New Ways of Working). En este sentido, los Equipos Locales de Coordinación (ELC), cumplen un rol fundamental en la articulación de la acción humanitaria con la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de paz territorial.

Entre enero y noviembre de 2017, el EHP logró atender a 425.176 beneficiarios; sin embargo, estimando que aún 4,9 millones de personas tienen necesidades humanitarias en Colombia, aún queda mucho por hacer. Por ello es imprescindible la incidencia y visibilizar las afectaciones humanitarias y de Protección en búsqueda del financiamiento humanitario que aún se requiere.

Como complemento de este plan humanitario, hemos llevado a cabo por primera vez en Colombia el ejercicio de Valoración de Necesidades de Construcción de Paz o Peace Building Overview (POB). El PBO será un apoyo para la discusión de áreas de intervención conjunta entre lo humanitario, paz y desarrollo, con el liderazgo nacional y el de los ELC a nivel territorial; es la mejor herramienta para responder a los retos que nos implica las nuevas formas de trabajo. Esta es nuestra apuesta para fortalecer la visión y respuesta conjunta como SNU y ONGs, en estrecha colaboración con las entidades, y destacando la transversalización de los enfoques de protección, prevención y género; en suma, avanzar decididamente hacia la visión del Secretario General de Sostener la Paz (Sustaining Peace), reduciendo riesgos y vulnerabilidades.

Martin Santiago Coordinador Residente y Humanitario

PANORAMA DE LA CRISIS CONTEXTO HUMANITARIO

Cerca de 4.937.742 personas aún presentan necesidades humanitarias en Colombia, en medio de los desafíos de implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y la incertidumbre en negociaciones con el ELN.

Las nuevas dinámicas de violencia, reflejadas en el accionar, expansión y reconfiguración de los grupos armados no estatales, grupos armados postdesmovilización, disidencias y otros grupos armados en los territorios dejados por las FARC-EP, hacen que el impacto humanitario aumente, especialmente en zonas rurales en condiciones de vulnerabilidad. El deterioro de los indicadores humanitarios en 2017 evidencia la necesidad de continuar con la respuesta humanitaria en el país. Las necesidades humanitarias y de Protección por conflicto armado y violencia generalizada, también agudizan de manera desproporcional la situación de desigualdad social y económica creando nuevos y mayores riesgos de protección en particular para los grupos poblacionales vulnerables identificados como: niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNAJ) y comunidades afro e indígenas.

En lo corrido de 2017 preocupa que, más de 16.696 personas desplazadas masivamente superan en un 53 por ciento del total registradas en todo 2016 y el 49 por ciento del número de eventos, según información de Monitor y seguimiento de emergencias por parte de OCHA. La región pacífica concentra el 79 por ciento de las personas afectadas por esta causa en 2017, además de la frontera con Venezuela. Estos eventos masivos se dan por la continuidad de los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados, amenazas de estos actores contra comunidades, homicidios, reclutamiento, la violencia y explotación sexual y otros ataques contra civiles que representan riesgos en protección y violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Los homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos son causa de preocupación en este escenario post-acuerdo, tanto para las organizaciones humanitarias como para otros sectores debido a las alarmantes y persistentes agresiones, especialmente en las zonas con presencia de cultivos ilícitos y, por ende, con concentración de la violencia generalizada. Estos ataques generan un alto impacto humanitario y debilitan la estructura organizacional de las comunidades y el restablecimiento de derechos.

La persistencia de vacíos en presencia institucional e inversión social aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones, evidenciando la urgencia de estrategias de prevención, protección y respuesta a sus necesidades y riesgos actuales. En 2017, la recurrencia de ataques contra la población civil refleja las dinámicas en los territorios y la implementación de los acuerdos de paz. Entre enero y noviembre se reporta un incremento del 27 por ciento en el número de ataques contra la población civil (1.406 eventos), respecto al mismo período del año anterior.
El confinamiento y restricciones a la movilidad y al acceso de bienes y servicios básicos en contextos urbanos y rural, es otra grave consecuencia humanitaria que resulta y persiste del conflicto y la violencia generalizada. El control social, las amenazas y los enfrentamientos entre actores armados han sido identificadas como las principales causas de estas restricciones.

La población de la región fronteriza con Venezuela no es ajena a las nuevas dinámicas de violencia. Sumado a esto, el impacto de la situación migratoria en frontera representa un estimado de 700.000 venezolanos con vocación de permanencia12. La búsqueda de bienes y servicios por la crítica situación se suma a la falta de recursos suficientes y documentación para acceder a atención básica en el país.
Los desastres de origen natural, sumados a los riesgos medioambientales crecientes, son otro factor de afectación.
Hasta noviembre de 2017 cerca de 591.506 personas resultaron afectadas por estos eventos, principalmente inundaciones (79%)13. Los departamentos con las mayores afectaciones están en la región Pacífico (Chocó, Cauca, Valle del Cauca) y Caribe (Urabá antioqueño, Bolívar, Córdoba). En algunos de estos territorios hay poblaciones doblemente afectadas por el conflicto y desastres con necesidad de atención humanitaria.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:

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