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Colombia: Necesidades humanitarias por restricciones a la movilidad y acceso en el Catatumbo (Norte de Santander) - Informe de Situación No. 01 (21/02/2020)

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• Desde hace más de dos semanas, al menos 20.000 personas de los municipios de Hacarí, La Playa de Belén y Ábrego de la región del Catatumbo se encuentran en medio de una crisis humanitaria por el accionar de los grupos armados al margen de la ley, en el marco de las dinámicas del conflicto armado que sufre la región.

• Se identifican necesidades humanitarias urgentes para atender a las personas afectadas en los sectores de seguridad alimentaria, nutrición, medios de vida, protección, salud y educación, y para prevenir mayores afectaciones.

• Ante la prolongada emergencia y la inminente continuidad de ésta se evidencia la necesidad de generar una respuesta coordinada a través del SNARIV1 con la convocatoria y realización de un Comité Departamental de Justicia Transicional.

• La dimensión de la emergencia obliga a la realización de un eficiente proceso de registro, desde la declaración y el censo correspondiente, para garantizar un proceso adecuado en la respuesta humanitaria.

>20.000 Personas con restricciones de movilidad y acceso

>11.700 Niños, niñas y adolescentes sin acceso a educación

>160 Personas desplazadas

>675 Toneladas de productos agrícolas perdidas

PANORAMA DE LA SITUACIÓN

La situación humanitaria que se presenta en el Catatumbo obedece a la confrontación por el control territorial de la región, y se agrava por la intensificación de las acciones y los paros armados impuestos por los grupos armados al margen de la Ley. Lo anterior ha desencadenado varias emergencias con impacto humanitario en varios municipios de la subregión del Catatumbo, afectando las dinámicas cotidianas de instituciones públicas, transportadores, comerciantes, instituciones educativas y en general, a los campesinos de la región. El escenario de riesgo reiteradamente advertido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el último año visibiliza las complejidades en materia de protección de derechos humanos que hoy en día sufren las comunidades en la región, y evidencia la necesidad de tomar medidas estructurales para evitar la recurrencia de la emergencia.

Desde el 4 de febrero, la afectación de los municipios de Ábrego, Hacarí y La Playa de Belén se ha incrementado y es foco de preocupación, por el temor en que se encuentran las comunidades y las limitaciones de las entidades para hacer presencia efectiva en las zonas rurales. Se evidencian restricciones a la movilidad impuesta por los grupos armados al margen de la Ley y la presencia de minas antipersonal, las cuales limitan el acceso a bienes, servicios, derechos fundamentales (como educación y salud), asistencia humanitaria, al igual que la disponibilidad y acceso a alimentos y cultivos. Otros municipios como Tibú, El Tarra, San Calixto, Convención, Teorama y Sardinata también enfrentan afectaciones humanitarias similares que se podrán agravar entre tanto el escenario de riesgo continúe.

Las necesidades identificadas hasta el momento se concentran en los sectores de protección (registro), seguridad alimentaria, salud y educación.

Vale la pena destacar que la asistencia que entregarán las organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) y el Grupo Temático de Protección (GTP) tiene un enfoque preventivo y responde a las solicitudes de las comunidades buscando un alivio temporal, mientras se avanza en el proceso de registro definido por la ley 1448 de 2011.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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