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Colombia: luego de un año, las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada esperan que el país les cumpla
- Hace un año el Gobierno de Colombia promulgó la Ley 2364 de 2024, que reconoce la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Organizaciones sociales nacionales e internacionales piden al gobierno que avance con su implementación.
- Según fuentes oficiales en Colombia han sido desaparecidas forzadamente entre 100,000 y 200,000 personas. El CICR registra que aún hoy cada 36 horas desaparece una persona en el país. Sus seres queridos dedican su vida a buscarlas en medio de la violencia, en su mayoría, quienes buscan son mujeres.
- Amnistía Internacional reconoce que Colombia fue pionera en el mundo al aprobar esta ley, pero ha pasado un año y su implementación sigue pendiente. Organizaciones de mujeres buscadoras como la Fundación Nydia Erika Bautista señalan que los riesgos y amenazas que implica buscar hacen urgente avanzar con su aplicación.
Bogotá, 18 de junio de 2025. Hace un año el Gobierno de Colombia promulgó la Ley 2364 de 2024, “por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada”. El Congreso de la República debatió y aprobó esta ley a instancias de organizaciones de mujeres buscadoras de todo el país. Amnistía Internacional se unió a la Fundación Nydia Erika Bautista, y a las numerosas organizaciones sociales de mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Colombia para exigir que se avance con su implementación y se haga realidad la promesa de protección del Estado a las mujeres que dedican sus vidas a buscar a sus seres queridos en medio de la violencia.
Aunque las organizaciones sociales resaltan el valor de que Colombia tenga una ley de reconocimiento y protección a las mujeres buscadoras, preocupa que los plazos dispuestos para su implementación, después de un año, no se estén cumpliendo. La ley le dio al Gobierno tres meses a partir de su entrada en vigencia para expedir un Decreto Reglamentario sobre la participación de las buscadoras en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas de construcción de paz. También le dio seis meses al Ministerio de Salud y Protección Social para reglamentar condiciones de acceso a programas de salud y protección social para la vejez de las mujeres buscadoras, y le dio el mismo plazo a los ministerios del Interior y de Igualdad para impulsar medidas de prevención y protección para su seguridad. Finalmente, la ley le dio un año al Gobierno para reglamentar el Registro Único de Mujeres Buscadoras, a cargo de la Unidad para las Víctimas, que aún no ha sido creado.
La Fundación Nydia Erika Bautista y Amnistía Internacional señalaron que es urgente que culmine la reglamentación de la ley, actualmente en curso, y que se vean resultados en la realidad, pues persisten grandes riesgos al buscar a las personas desaparecidas.
La crisis de desaparición forzada en Colombia y el desafío de buscar
Al momento de aprobarse la Ley 2364 de 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas registraba más de 111,000 personas desaparecidas en Colombia, mientras que el Informe Final de la Comisión de la Verdad estimó que cerca de 210,000 personas fueron desaparecidas forzadamente entre 1985 y 2016. Entre diciembre de 2016 y julio de 2024 el Comité Internacional de la Cruz Roja registró otros 1.730 casos de desaparición relacionados con el conflicto armado y la violencia: uno cada 36 horas. Muchas personas dedican su vida a buscar a sus seres queridos desaparecidos, a veces durante décadas. La experiencia muestra que la mayoría de las personas buscadoras son mujeres.
“Buscar a un ser querido es un cambio de vida. Implica buscar información por todas partes, sin que las autoridades ayuden ni sean sensibles al dolor de estar buscando a un ser querido que ha desaparecido” afirmó Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos, quien a sus 27 años tuvo que dejar su trabajo y dedicar su vida a la búsqueda de su hermana Nydia Erika, raptada en Bogotá en 1987 por miembros del Ejército de Colombia y desaparecida forzadamente. “No solo es difícil, también es peligroso. Desde el principio fui amenazada por preguntar por mi hermana. Hoy, casi 40 años después, sigo siendo hostigada por pedir justicia”.
El pasado 9 de junio Yanette fue la primera mujer buscadora acreditada como víctima por la Jurisdicción Especial de Paz – JEP, por la desaparición forzada de su hermana, en los macro-casos 08 y 11, sobre crímenes (incluyendo violencia de género) cometidos en el marco del conflicto armado por la Fuerza Pública.
Un problema continental
El ejemplo de Yanette Bautista es representativo de miles de mujeres buscadoras por toda Colombia, e incluso, en las Américas. “La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos que afecta a todo el continente y que sigue vigente. Desde los regímenes militares del Cono Sur, pasando por los conflictos armados de Sur y Centro América, hasta los países afectados hoy día por el aumento de las prácticas autoritarias, los crímenes de lesa humanidad y el crimen organizado, hay personas que son desaparecidas, generando dolor e incertidumbre a sus familias durante años, incluso décadas”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La desaparición forzada de una persona cambia la vida de sus seres queridos. Por todo el continente vemos a personas, sobre todo mujeres, que dedican su vida a buscar. No solo quieren saber dónde están; también buscan justicia, que sus sociedades conozcan la verdad sobre la violencia que las aqueja, y que no se repitan más este tipo de abusos. Las mujeres buscadoras son defensoras de los derechos humanos de todos y todas”, añadió Ana Piquer.
En diciembre pasado, Amnistía Internacional presentó en el Teatro Colón de Bogotá el informe “Transformar los dolores en derechos: Riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia”, que documenta la realidad que viven las mujeres que dedican su vida a buscar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y señala la importancia de que la sociedad las reconozca y las autoridades garanticen sus derechos, ante los graves obstáculos que enfrentan al exigir verdad y justicia. El informe reconoce que la Ley 2364 de 2024 es un gran avance, pero no sirve si la sociedad y las autoridades no conocen esta ley y ponen en práctica el reconocimiento y la protección a las mujeres buscadoras.
Según organizaciones como Amnistía Internacional y la Fundación Nydia Erika Bautista, las buscadoras en Colombia sufren de estigmatización, violencia física con frecuencia asociada a violencias basadas en género, hostigamientos y amenazas, que en ocasiones las obligan a huir del país y vivir en el exilio; empobrecimiento relacionado con dedicar su vida a buscar, lo cual implica costos y dificultades para trabajar, además de tener que sostener a sus familias, y lo más grave de todo, impunidad. La gran mayoría de los casos judiciales por desaparición forzada en el país, y de la violencia sufrida por las buscadoras, siguen esperando justicia después de años.
La Ley 2364 de 2024 reconoce formalmente la labor de las mujeres buscadoras, ordenando prevenir ataques en su contra y protegerlas de la estigmatización y la violencia que sufren. También dispone que las autoridades, tanto a nivel nacional como local, deben prestar especial atención a sus derechos a la salud, la protección social, la vivienda y la educación, que se ven afectados cuando la violencia las lleva a dedicar la vida a buscar a un ser querido. La ley también incluye medidas contra la impunidad, en favor de la verdad, y la no repetición.