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GINEBRA/BOGOTÁ - Las desapariciones forzadas siguen siendo una horrible realidad en Colombia. A pesar de décadas de esfuerzos por poner fin a este flagelo, decenas de miles de víctimas siguen en paradero desconocido y las familias viven sumidas en la desesperación. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha concluido hoy su visita a Colombia, resaltando deficiencias sistémicas como la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional, y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas.
Una delegación designada por el Comité visitó Colombia del 21 de noviembre al 5 de diciembre. Durante su misión, la delegación se reunió con 80 autoridades, entre ellas la Ministra de Justicia, la Fiscal General, la Defensora del Pueblo, víctimas y organizaciones de la sociedad civil en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio. La delegación visitó cinco centros de detención y asistió a diligencias en cementerios desbordados de cuerpos sin identificar, y un crematorio.
«Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son sólo un crimen del pasado. Siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias», declaró la delegación.
Los hallazgos preliminares de la delegación pintaron un panorama sombrío. La desaparición forzada abarca todos los grupos de edad y demográficos, y afecta a niños, niñas y adolescentes, líderes sociales, migrantes, periodistas, combatientes desmovilizados y maestros, entre otros. Son especialmente alarmantes los casos de reclutamiento forzado, trata de personas, desplazamiento forzado y migración, así como las desapariciones vinculadas a protestas sociales.
Las familias de las personas desaparecidas se enfrentan a menudo a barreras insalvables a la hora de buscar apoyo, debido al complejo marco legal e institucional. Una víctima compartió su frustración con la delegación: «No sabemos a dónde acudir. No tenemos la información y conocimiento para exigir nuestros derechos. Lo que nos digan las autoridades, lo creemos, pero muchas veces, dicen cosas confusas y parece que no quieren atender nuestro caso. Nosotros, la familia, estamos baleados entre las instituciones, sin final a la vista».
El panorama institucional está muy fragmentado, con mandatos que se solapan y una coordinación ineficaz. Entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo, comparten mandatos duplicados. Se estima que si una de estas unidades inicia un proceso de búsqueda con un plan de coordinación con todas las demás agencias, tendría que coordinar con alrededor de 60 otras autoridades nacionales y territoriales.
Para empeorar la situación, estas instituciones suelen trabajar en silos, dejando a las víctimas atrapadas en callejones sin salida burocráticos. Los funcionarios admitieron que las reuniones de coordinación, aunque numerosas, rara vez se traducen en acciones concretas. «Nos reunimos y nos reunimos más», dijo un funcionario a la delegación. «Pero hay tantas mesas que nos quedan dos opciones: no ir, o no hacer nuestro trabajo base».
La ausencia de un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas agrava el problema. Las cifras comunicadas al Comité oscilan entre 98.000 y 200.000. Las discrepancias entre los registros institucionales hacen imposible determinar el verdadero alcance. El miedo a las represalias y la falta de confianza en las autoridades desalientan aún más las denuncias, sobre todo en las zonas controladas por grupos armados y el crimen organizado. Las víctimas de comunidades marginadas, como migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas afrocolombianas y personas LGBTIQ+, se enfrentan además a obstáculos geográficos, lingüísticos y de otro tipo.
Miles de cadáveres sin identificar yacen en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá donde actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar.
El Comité pidió acciones inmediatas y concretas, haciendo hincapié en que reforzar la coordinación entre las instituciones existentes es un primer paso fundamental. «Racionalizar los mandatos, reducir el solapamiento burocrático y fomentar la colaboración son esenciales para que el sistema trabaje a favor de las víctimas y no en su contra», afirmó la delegación, añadiendo que “no se trata de crear más instituciones o leyes, sino de articular y reforzar las que ya existen”.
Se necesita urgentemente financiación suficiente y personal especializado. El Comité también subrayó la necesidad de hacer frente a la impunidad. «Deben reforzarse los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los funcionarios y las instituciones sean considerados responsables de sus acciones -o de su inacción-», afirmó la delegación. Destacaron el compromiso y la profesionalidad de algunos funcionarios para hacer frente a la desaparición forzada. Este nivel de dedicación debe convertirse en la norma.
«Las familias de los desaparecidos merecen claridad, justicia y rendición de cuentas. Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que se enfrenta a un dolor sin resolver», afirmó la delegación.
El Comité ha compartido sus hallazgos preliminares con Colombia y publicará un informe público completo en abril de 2025.
La delegación del CED estuvo compuesta por Carmen Rosa Villa Quintana, miembro y ex presidenta del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, relator del Comité, Albane Prophette-Pallasco, secretaria del Comité, y Carla Villarreal López, oficial de derechos humanos.