José Noé Ríos Muñoz
El presidente Álvaro Uribe Vélez advirtió durante su viaje a Estados Unidos que el debate que debe hacerse sobre el conflicto colombiano no gira alrededor de una ley de paz, sino sobre la necesidad de sostener una política de seguridad. Y agregó que las 17.000 personas que se han desmovilizado hasta hoy, lo han hecho por la presión de la política de seguridad y no por marcos normativos ni por negociación. Una estrategia que, en su criterio, es la =FAnica que logra que el terrorismo se desmovilice.
Una declaración concluyente, pero discutible y que además demuestra que, antes que la paz, el interés es el orden p=FAblico. Un poco de historia reciente puede refrescarnos la memoria: los paramilitares iniciaron el proceso de diálogo con el Gobierno sin acoso alguno. No hubo ninguna clase de fuerza o coacción. Por el contrario, las conversaciones se iniciaron sin ley que las respaldara y todo se fundamentó en la intención del Gobierno por facilitar la desmovilización.
Tan generosa que, como se recuerda, el primer proyecto de ley que el Gobierno llevó al Congreso tenía como eje central cero cárcel para los responsables de delitos de lesa humanidad. Después siguió lo que ya todo el mundo conoce. El Gobierno ha impulsado la desmovilización y el desarme de los paramilitares, con jugosas ofertas jurídicas y económicas, haciendo caso omiso a las denuncias en el sentido de que las estructuras operativas de los jefes y miembros de estas organizaciones se mantienen.
El Gobierno, repito, está más obsesionado con las desmovilizaciones que con la paz. Una postura que se hace indudable con la presión en varios sitios de la patria y la notoriedad de que, además de los paramilitares, un grueso n=FAmero de guerrilleros ha abandonado las armas. Por eso las estadísticas de seguridad han mejorado. Pero lo cierto es que el conflicto está ahí. No cede. La guerra es interminable.
Lo importante es avanzar hacia la paz y no simplemente sostener la guerra. Porque si todo se reduce al desarme y a la desmovilización, la problemática renace. Como en el Putumayo. En Cundinamarca se habla del renacimiento de focos guerrilleros; en el Caguán, la Operación Patriota nunca rindió frutos y cada día se conoce de acciones subversivas en lugares por donde sólo ha pasado la acción militar.
Muchas tesis se debaten para explicar esta situación. Pero una es evidente. La política de la actual administración es someter a los paras con beneficios jurídicos y presionar a la guerrilla para arrasarla o someterla. Se ha centrado en el combatiente, pero no en el conflicto, ni en sus causas o consecuencias, ni en las razones de índole social que explican la insurgencia. Simplemente se desconocen.
Con esa política difícilmente se alcanzará la paz, aquella que garantice un orden social en el que el hombre sea el interés del Estado, con la economía y la acción social a su servicio, la que le permita a la comunidad vivir en armonía y resolver las diferencias por medios diferentes de la violencia.
Los conflictos son inherentes a las sociedades. Y los conflictos armados, aunque no justificables, tienen una explicación histórica de naturaleza social. Lo ideal sería encontrar la fórmula para que el conflicto pueda transformarse en no violento, con capacidad de cooperación y aporte para alcanzar niveles de convivencia sostenibles, con inclusión social, equidad e igualdad de oportunidades. Una fórmula que permita que la razón de ser del Gobierno sea la paz y no la guerra.
Los comunicados que en los =FAltimos días han producido tanto el Eln en el tema de una eventual negociación, como las Farc en el caso del acuerdo humanitario, muestran cuán lejos estamos de encontrar los niveles compatibles de comprensión que nos permitan vislumbrar acercamientos que lleven optimismo a un país que no conoce la paz y a las desesperadas familias de los secuestrados. Ojalá esta situación cambie.