Colombia: Informe n° 8 - Julio - Agosto 2006

Resumen Ejecutivo

El periodo en cuestión se caracterizó por la continuidad de las acciones armadas y sus consecuencias sobre la población civil. Quince departamentos del país presentaron acciones bélicas, siendo los más afectados Antioquia, Nariño y Guajira.

La situación humanitaria de los departamentos de Arauca y Norte de Santander continúa siendo preocupante, toda vez que persisten los desplazamientos forzados, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y las amenazas colectivas a comunidades. De otra parte, se registraron seis desplazamientos masivos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Caldas y Norte de Santander; resultando directamente afectadas al menos 5.969 personas. Otros eventos de desplazamiento de carácter individual se registraron en Amazonas, Bolívar, Casanare, Cauca, Cundinamarca y Guaviare. En materia de minas antipersonal, al menos 11 personas resultaron afectadas en igual número de municipios.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó riesgos inminentes para comunidades en los departamentos de Chocó, Córdoba, Santander y Valle del Cauca.

El IDEAM anunció el retorno de lluvias a la Costa Atlántica, mientras que eventos relacionados con el fenómeno del Niño podrían generar sequías e incendios forestales en distintos puntos del país. Comunidades en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cauca reportaron personas afectadas y daños materiales a causa de inundaciones, lluvias y vendavales.

Finalmente, cerca de 194.000 personas se beneficiaron con atención humanitaria y proyectos de apoyo al restablecimiento, desarrollados por entidades del Estado, Organismos no Gubernamentales, y Agencias del Sistema de las Naciones Unidas

1. CONTEXTO

Conflicto armado

En el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 15 de Agosto de 2006 se registraron 55 acciones bélicas en 39 municipios de 15 departamentos. Antioquia es el departamento más abatido (17 acciones en 12 municipios), seguido por Nariño (8 acciones en 4 municipios) y Guajira (7 acciones en 3 municipios). Otros departamentos afectados fueron Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

Las consecuencias humanitarias del conflicto armado son diversas, obedecen a su carácter permanente. Durante este periodo, enfrentamientos armados y amenazas a la población campesina en Antioquia causaron la mayor cantidad de desplazamientos registrados. Según información preliminar, se trataría de un total de 3,876 personas recibidas a los siguientes municipios: Argelia (1,386), Nariño (1,140) y Samana en el departamento de Caldas (1,226).

En el departamento de Arauca, por su parte, fuera de los combates entre los grupos armados ilegales FARC y ELN (Frente Domingo Laín), se han venido presentando amenazas de reclutamiento a los niños y niñas mayores de 10 años, causando una serie de desplazamientos según confirmó el Personero Tame. Se han registrado personas desplazadas recibidas en los municipios de Arauquita, Tame (60 familias), Fortul y Saravena (80 familias), hasta el momento no hay datos oficiales al respecto. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia OACNUDH, reconociendo la situación en la zona denuncia también que entre marzo y agosto de este año al menos 20 personas han sido asesinadas.

De otra parte, en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander y cerca de la frontera con Venezuela (recientemente afectada por diversas situaciones de seguridad), grupos armados ilegales -presumiblemente el Bloque 33 de las FARC-, continúan realizando actividades que restringen la movilidad de la población y el acceso humanitario. Del 11 al 17 de agosto tuvo lugar un paro armado en las carreteras Cúcuta-Ocaña y Cúcuta-Tibú, acompañado de diversos ataques a infraestructura y bienes civiles, tales como voladuras de torres de energía (2) y quema de vehículos (20). En la misma zona fue registrado el desplazamiento masivo a la cabecera municipal de Sardinata de 30 familias pertenecientes al programa "Familias Guardabosques", según confirmó UNODC.

Política Pública

Con la emisión del Auto No. 218 a la Sentencia T-025 de 2004 el pasado 11 de agosto, la Corte Constitucional exige al gobierno nacional, y específicamente a las organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAPD) pruebas de resultado claras sobre los avances en la asistencia a la población desplazada. La Corte señala que a pesar de los innegables adelantos alcanzados en esta materia, aún "...no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional (...) ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación". El SNAPD está comprometido a entregar en el mes de septiembre un documento que incluya indicadores sobre el nivel de cumplimiento por parte del Estado, a las órdenes proferidas en la Sentencia.

Desmovilizaciones colectivas

Según declaró la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Nacional, un total de 745 personas pertenecientes al bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas, se desmovilizaron el pasado 15 de agosto en el municipio de Ungía, departamento de Chocó. En el acto fueron entregadas 484 armas.5 Resultará indispensable atender especialmente los procesos de reintegración posteriores a este desarme garantizando que éstos no se reversen. A este respecto, según el informe trimestral de la OEA (febrero de 2006), 16 nuevos grupos de autodefensa se encuentran operando en 16 departamentos del país, hecho que puede estar indicando un nuevo rearme.

Población indígena

La Población indígena continúa siendo víctima de agresiones perpetradas por distintos grupos armados en diferentes puntos del país. El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se registró la masacre de cinco indígenas de la comunidad Awa, pertenecientes al resguardo Chagui Chimbuza en Altaquer, Nariño. La masacre ha sido adjudicada a grupos armados ilegales, sin que hasta la fecha se conozca el nombre o los móviles del grupo. Los indígenas asesinados eran parte de un grupo de 1.700 personas que se encontraba en situación de desplazamiento desde el pasado 11 de julio. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, OACNUDH, los 3 hombres y 2 mujeres asesinados fueron acusados de ser "milicianos".6 Autoridades de la etnia informaron a CODHES, que dos de las víctimas habían sido detenidas hace dos meses por el Ejército acusados de ser auxiliares de la guerrilla.

El pasado 13 de Agosto se registró un ataque en contra de la cooperativa indígena Ayatawacoop, en el cual dos indígenas resultaron heridos y 88 camiones cisterna fueron destruidos. Los camiones se encontraban en el centro de almacenamiento comunitario de la etnia Wayuú, y eran utilizados para comercializar, en territorio guajiro, la gasolina que les vende Venezuela. El ataque fue atribuido al Bloque Caribe de las FARC. Líderes indígenas de la etnia Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, han alertado acerca de amenazas recibidas por algunos de sus líderes. De acuerdo con información de la comunidad, un grupo denominado "Águilas Negras" que opera en el departamento del Cesar, emitió una amenaza contra la comunidad el pasado 20 de julio. La amenaza se suma a la presión constante que estos grupos reciben por ser esta una zona altamente militarizada: confinamientos, bloqueos y actos de resistencia que atentan contra su seguridad alimentaria.

Amenazas Colectivas

Continuaron durante este periodo las amenazas contra personas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Colombia. Las amenazas se suman a las proferidas en meses anteriores y a los robos de información, computadoras y discos duros de organismos como CODHES, MINGA, Colectivo de Abogados José Alvear, entre otras.

CODHES, informó que a la madrugada del 3 de agosto fueron robados de su oficina en Bogotá el disco duro y la tarjeta Ram de dos computadores adscritos al Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado (SISDHES) y al Centro de Documentación. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y al gobierno nacional, esperando que las investigaciones relacionadas tanto con el hurto continuado de información, como con las amenazas que se han recibido en los últimos cinco meses, concluyan satisfactoriamente. Al respecto, OACNUDH reiteró en un comunicado de prensa, que "la labor de los defensores de derechos humanos es legítima, y que todo acto de violencia contra ellos constituye un intento de paralizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión".9 Ante la gravedad de los hechos, CODHES ha solicitado a la OACNUDH, a Amnistía Internacional y a las Agencias de Cooperación que respaldan su trabajo, recibir en depósito copia de la base de datos y demás archivos de trabajo, como medida preventiva de protección y conservación de la memoria histórica sobre los últimos quince años del desplazamiento forzado en Colombia.

2. CRISIS HUMANITARIA

DESPLAZAMIENTOS

AMAZONAS

Leticia:La Unidad Territorial de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional informó que durante el mes de julio se recibió la declaración de una familia compuesta por 4 personas que fue incluida en el SUR.

ANTIOQUIA

Nariño: 1.338 personas llegaron a Nariño procedentes de las veredas El Guamual, Palmar, Valsora, Morroa, Berlinas, Santa Rosa de Jazmín, Ubital y Maro Azul debido a las amenazas proferidas por un grupo armado no estatal, presumiblemente el frente 47 de las FARC, así como a las fumigaciones contra cultivos de uso ilícito que se adelantan en la zona. De acuerdo con datos de CODHES, el 40% de las personas desplazadas son niños entre los 0 y los 12 años, el 15% son adultos mayores y el 45% adultos.

Argelia: 1.676 personas llegaron al casco urbano de Argelia procedentes de 15 veredas aledañas al municipio. Cerca del 50% de las personas desplazadas son niños y jóvenes. El desplazamiento se presentó por causa de las amenazas proferidas por presuntos guerrilleros de las FARC.

ARAUCA

Tame, Fortul, Saravena, Arauquita

Cerca de 400 familias se han desplazado en el departamento, de las cuales apenas 150 se han registrado ante las autoridades locales de los municipios. De acuerdo con información oficial, a Fortul llegaron 25 familias, 40 a Saravena, a Arauca 20 y a Tame 65; todas procedentes de las zonas rurales de éstos municipios. Los d e s p l a z a m i e n t o s o b e d e c i e r o n principalmente a los enfrentamientos sostenidos entre grupos al margen de la ley, al parecer el frente 10 de las FARC y el frente Domingo Laín del ELN, así como a los homicidios en personas protegidas y el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de los grupos armados ilegales.

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