Colombia - Informe Final MIRA: Barrio La Primavera, Municipio Convención, Norte de Santander, 04 de febrero de 2022

Contexto e impulsores de la crisis

En el 2021 se identificaron múltiples afectaciones sobre la población del municipio de Convención derivadas de los desastres naturales (inundaciones, remoción de masa, deslizamientos y otras fallas geológicas) y la violencia armada. Entre los impulsores de la crisis se destacan:

Desastres naturales: En abril del 2021, una inundación afectó a aproximadamente 208 personas y 160 viviendas en la zona urbana y rural del municipio de Convención. Las principales afectaciones se dieron en los asentamientos ubicados en el casco urbano donde habitan principalmente población campesina, refugiados y migrantes y víctimas del conflicto armado. En la zona rural la afectación se concentró en las veredas Romerito, La Laguna, Fundadores y Tronqueros, donde pese a que las viviendas no se derrumbaron sí sufrieron daños físicos, limitaciones y pérdidas de enseres. En el mes de septiembre, un deslizamiento provocó el derrumbe de siete viviendas del Barrio La Primavera, dejando a 35 personas afectadas. Según la comunidad, en el transcurso del año colapsaron 13 viviendas en Convención.

Conflicto/violencia armada: Desde el 2018 inició un proceso de disputa territorial y reconfiguración de grupos armados no estatales (GANE) en la región del Catatumbo, donde se encuentra el municipio de Convención. La Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana No. 04-21 informó sobre el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la imposición de normas de conducta y el llamado “ajusticiamiento” por parte de los GANE en este municipio4 percibido en el incremento de actos de violencia como extorsión, homicidios y secuestros, desplazamiento individual, entre otras vulneraciones.

Población refugiada y migrante proveniente de Venezuela con necesidades de protección internacional: Según cifras de Migración Colombia, en Convención se ubican 587 personas refugiadas y migrantes. Sin embargo, es factible que estos datos no reflejen la magnitud real de la presencia de población venezolana. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo existe una problemática en tanto estas personas “no solo están siendo explotadas laboralmente mediante el pago de escasas remuneraciones, sino que además pueden estarse ocupando en actividades ilegales y algunos de ellos podrían estar siendo reclutados de manera forzada por parte de los GANE. Así mismo, el involucrase en actividades ilegales hace que sufran accidentes por minas antipersonal, o que sean asesinados por dichos grupos. En el caso de las mujeres, podrían estar siendo objeto de algún tipo de explotación sexual. Adicionalmente, puede sobrevenir el rechazo social por parte de la comunidad receptora al verlos como generadores de conflicto o responsabilizarlos de hurtos, situación que es común verla en centros poblados de la región” (p.16).