Colombia: Informe de situación humanitaria 2025 - enero a febrero de 2025 (publicado el 21 de marzo de 2025)

Entre enero y febrero del 2025, la situación de violencia se ha intensificado en varias regiones de Colombia, afectando a más de 695.000 personas por desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad y desastres de origen natural.

Siguiendo con la tendencia de los confinamientos en 2024 donde se reportaron cifras récord desde el inicio del monitoreo de este hecho por parte de OCHA, solo en los dos primeros meses de 2025 se superó el total de personas desplazadas en eventos masivos reportados en todo 2024, representando un incremento del 462% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto indica la
necesidad urgente de medidas de atención y protección, además de estrategias de preparación y mitigación ante posibles emergencias en el corto plazo

En este período la situación en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander) es crítica, por la afectación aproximada de 80.800 personas en zonas rurales, particularmente de los municipios de San Calixto, El Tarra, Hacarí, Teorama y Tibú por desplazamientos masivos (51.888 personas), confinamientos (8.668), restricciones a la movilidad (20.297) y de acceso (12.107) a bienes y servicios de primera necesidad. Esta situación representa la mayor crisis humanitaria reportada en la región en al menos tres décadas.

La protección de la población civil sigue siendo motivo de preocupación. Además de la crisis en el Catatumbo, se han registrado emergencias humanitarias en Chocó, Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, Arauca y Córdoba, por el accionar de los grupos armados no estatales, incluyendo paro armado, enfrentamientos entre ellos, incursiones armadas, el uso de artefactos explosivos y la violencia selectiva han limitado principalmente el acceso a la educación y a servicios de salud y pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de personas que habitan las zonas rurales.

Preocupa la limitada capacidad de respuesta provocada por el desborde de capacidades ante la cantidad de víctimas, la recurrencia de las emergencias y el impacto del congelamiento de los fondos por parte de los programas de asistencia humanitaria de EE.UU., dado que algunas organizaciones ya se han retirado de los territorios.