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Colombia: Incremento de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, principal reto de la implementación del Acuerdo de Paz

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En un país en transición hacia la paz no se puede perpetuar la violencia contra aquellas personas que defienden los derechos humanos

Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 los asesinatos y amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos, incluyendo aquellas que ejercen algún liderazgo social en Colombia se han incrementado. Las escasas medidas implementadas por el Estado colombiano aún no logran mitigar los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, los derechos humanos vinculados a la tierra y los derechos colectivos. Este panorama desalentador responde en gran medida a los vacíos de poder dejados tras la salida de la guerrilla de las FARC-EP y a la inacción del Estado para hacerse presente en territorios históricamente olvidados y golpeados por el conflicto armado.

A pesar de algunos avances normativos para crear mecanismos de protección para defensores y defensoras en Colombia, día tras día alarman los reportes de asesinatos en diferentes regiones del país, demostrando que el Estado debe fortalecer la política de prevención, más allá de continuar creando normas que no tienen impacto alguno en el corto plazo.

Las cifras del Estado sobre estas dinámicas violentas aún son insuficientes para entender las causas de este incremento en los asesinatos selectivos. Este vacío de información limita la posibilidad de que el Estado tome medidas adecuadas tendientes a garantizar los derechos de quienes defienden los derechos humanos. Las únicas cifras oficiales actualizadas son aquellas publicadas en los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo que ha reiterado el carácter generalizado de la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos. Según sus informes entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018 se han reportado 148 asesinatos, concentrados principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca.

Amnistía Internacional lamenta que ante un panorama de asesinatos y amenazas generalizado, la respuesta de altas instancias del Estado colombiano se limite a negar que las personas son asesinadas en razón de su liderazgo y labor de defensa de los derechos humanos y a minimizar los patrones de violencia que han recrudecido tras la firma del Acuerdo de Paz. Así las cosas, el punto de partida debe ser el reconocimiento del gobierno en su conjunto de las dinámicas de violencia que persisten contra quienes defienden el interés público y los derechos humanos.

Preocupa particularmente a Amnistía Internacional que en algunas zonas, como Urabá y el norte del Chocó, la violencia contra defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente sea una dinámica reciclada de dos décadas atrás cuando grupos paramilitares actuaron con total impunidad para despojar a los pobladores de tierras y territorios en favor de intereses económicos. Los asesinatos selectivos y las amenazas contra quienes defienden el territorio han aumentado en esta región del país sin que haya una respuesta integral del Estado.