Este reporte de situación (SitRep) es producido por la sub-oficina de OCHA en Quibdó, en colaboración con el Equipo Local de Coordinación (ELC). Actualiza y complementa la información publicada en el SitRep No. 01 y comprende el periodo entre el 08 de noviembre al 02 de diciembre de 2024.
MENSAJES CLAVES
- Desde el 08 de noviembre de 2024 y hasta la fecha, por lo menos 215.000 personas que habitan 27 de los 31 municipios que conforman el departamento del Chocó reportaron afectaciones por la ola invernal, situación que generó inundaciones a gran escala y crecientes súbitas por el desbordamiento de los ríos Atrato, San Juan, Baudó y sus afluentes (ver SitRep No. 01). Por su parte, la Gobernación del Chocó por medio del Decreto 0282 de 2024 declaró situación de calamidad pública, conforme a las afectaciones producto de las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento; en complemento, la Presidencia de la República con el Decreto 1372 de 2024 declaró desastre nacional.
- Entre el 1 y el 3 de diciembre se han registrado nuevos eventos por lluvias en los municipios de Alto Baudó, Medio Baudó, Bojayá, Bajo Baudó, Atrato, Quibdó y Lloró, lo que ha generado la ocurrencia de nuevas inundaciones y el deterioro de la situación humanitaria de comunidades étnicas.
- En la subregión del San Juan, entre el 09 al 16 de noviembre, se reportó doble afectación debido a la declaratoria de paro armado por parte de un Grupo Armado No Estatal que restringió la movilidad para más de 21.000 personas en los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan en los ríos San Juan, Cajón y Sipí, en donde se presentaron restricciones a la movilidad y al acceso a bienes y servicios esenciales.
- La Secretaría de Educación Departamental (SED) reportó más de 47.000 estudiantes afectados por la suspensión temporal de clases – es importante destacar que, a la fecha, las Instituciones Educativas han terminado calendario académico – , a través de las EDAN se identificó afectaciones en 11 municipios de 70 sedes educativas rurales y cuatro sedes educativas urbanas.
RESUMEN DE LA SITUACIÓN
Debido a las lluvias constantes en el departamento del Chocó, se registraron crecientes súbita, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra. Más de 214.000 personas han sido afectadas por la ola invernal. Desde el 08 de noviembre de 2024 y hasta la fecha, la población de 27 de los 31 municipios (87%) que conforman el departamento del Chocó ha reportado que a partir de las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de los ríos Atrato, San Juan, Baudó y sus afluentes, así como de erosiones, remociones en masa han visto afectada su seguridad alimentaria y han perdido bienes indispensables. Los eventos reportados por la ola invernal afectaron 214.951 personas (48.582 familias) entre ellas comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Riosucio, Bojayá, Litoral del San Juan, Medio Atrato, Quibdó, Istmina, Juradó, Medio San Juan, Cantón del San Pablo, Atrato, Carmen del Darién, Bagadó, Lloró, Bajo Baudó, Sipí, Bahía Solano, Tadó, Unguía, Río Quito, Nuquí y Carmen del Atrato, municipios como Condoto, Río Iro y San José del Palmar reportaron inundaciones de predios y remociones de masa, sin reportar familiar afectadas (ver Tabla No. 1). Aunado a lo anterior, el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres (CDGRD) reportó 329 viviendas destruidas y 2.135 viviendas averiadas, al menos 3.603 familias reportaron limitaciones en el acceso a servicios públicos domiciliarios, especialmente en Carmen del Atrato, Juradó, Atrato, Alto Baudó, Quibdó y Bagadó en donde se reportan daños en la infraestructura de agua, además, se registraron restricciones y cierre de algunos puntos viales terrestres por deslizamientos, erosión fluvial, daños en puentes e infraestructura vial.
A nivel departamental se reportaron perdidas en al menos 17.000 hectáreas de cultivos, principalmente de plátano, piña, yuca, maíz y arroz, así como de la perdida de aproximadamente 23.000 animales entre peces, otras especies menores y animales de corral, situación que impactará en la seguridad alimentaria del departamento en un corto y mediano plazo.
Por medio del Decreto 0282 de 2024 la Gobernación del Chocó declaró la situación de calamidad pública en el departamento, y, a la vez, adelanta la construcción del Plan de Acción Específico que tiene por objetivo orientar las acciones de planificación, organización y gestión para las fases de preparación y ejecución para la recuperación (rehabilitación y reconstrucción), que conlleven al restablecimiento de los derechos y las condiciones de calidad de vida de las personas afectadas por emergencias e impedir la extensión de sus efectos en el mediano y largo plazo. En adición, la Presidencia de la República de Colombia declaró situación de desastre nacional por medio del Decreto 1372 2024 en todo el territorio nacional.
Por su parte, la Secretaría de Educación Departamental (SED) del Chocó identificó afectaciones en 74 instituciones educativas, siendo 70 instituciones educativas rurales de los municipios de Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Lloró, Medio Atrato, Medio San Juan, Riosucio, Río Quito, Tadó, Quibdó y Bahía Solano, y las cuatro sedes educativas urbanas en Bajo Baudó, Medio Atrato, Medio San Juan y Tadó. A partir de las lluvias registradas, se estima que por lo menos 47.000 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por la suspensión temporal de actividades académicas, es importante destacar que, a la fecha las instituciones educativas se encuentran en periodo de vacaciones, situaciones que pueden representar un aumento en los riesgos de protección debido a las amenazas de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado. Las inundaciones y perdidas de techados han ocasionado daños principalmente en el mobiliario, menaje y materiales para el desarrollo de actividades lúdicas lo que puede afectar el inicio del año escolar 2025.
A partir de las afectaciones generadas por la ola invernal, la Secretaría de Salud Departamental a través del área de Vigilancia Epidemiológica reportó que los municipios de Medio Baudó, Riosucio, Bojayá, Quibdó, Cantón de San Pablo, Lloró, Nuquí y Carmen del Atrato afrontan afectaciones por amenazas biológicas, y los municipios de Acandí, Atrato, Bajo Baudó, Cantón del San Pablo, Carmen del Atrato, Cértegui, Istmina, Lloró, Medio Baudó, Medio San Juan, Nuquí, Quibdó, Riosucio y Tadó tienen una situación actual de alerta por brote o foco de infección por algún evento de interés en salud pública, principalmente malaria, intento de suicidio, rabia animal y agresiones por animales transmisores de rabia.
Las inundaciones en áreas rurales con acceso limitado a agua potable segura y saneamiento presentan amenazas para la salud con el aumento de enfermedades dermatológicas, Enfermedades Transmisoras por Vectores (ETV), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) por cambios bruscos de temperatura o por la contaminación del aire por humo al momento de cocinar en leña, afectaciones en la salud mental como estrés postraumático o estado de incertidumbre sobre el futuro de las familias, Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS) con efectos gastrointestinales, por desabastecimiento y/o consumo de alimentos contaminados, enfermedades zoonóticas, accidentes ofídicos y leptospirosis.
Es importante resaltar que, previo a las inundaciones, el departamento del Chocó ha afrontado problemas de salud que se evidencia con una tasa del 48,77 por cada 100.000 habitantes de mortalidad de menores de cinco años por desnutrición y una tasa de 57,48 por cada 100.000 habitantes por EDA. Así como una razón de mortalidad materna de 331,6 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la hemorragia obstétrica la principal causa de muerte, sumado a brotes de malaria, dengue y agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en municipios críticos como Medio Baudó y Riosucio. Y aumento de casos de IRA y EDA, especialmente de menores de cinco años en municipios críticos y altos como Alto Baudó, Riosucio, Bojayá y Cantón de San Pablo.
Asimismo, 21.406 personas (6.816 familias) de comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan de la subregión del San Juan afrontaron doble afectación por conflicto armado y la ola invernal debido a la declaratoria de paro armado impuesto por un Grupo Armado No Estatal que limitó la libre movilidad de las personas por los afluentes hídricos y caminos ancestrales entre el 09 al 16 de noviembre, provocando que sus necesidades humanitarias sean exacerbadas ante las limitaciones en el acceso a bienes y servicios esenciales – siendo este evento el cuarto reportado durante 2024 – .
La distribución de la atención humanitaria ha afrontado retos logísticos debido a que la mayor parte de las comunidades afectadas son rurales y dispersas, haciendo que se aumenten los días de espera para el despliegue y distribución de las ayudas humanitarias tangibles, muchos municipios tienen acceso solo por vía aérea o fluvial, lo que incrementa los costos operacionales de las misiones humanitarias. En los municipios de Quibdó, Istmina, Apartadó (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca) se han habilitado centro de acopio para el almacenamiento y distribución de ayudas por subregiones del Chocó. Los 27 municipios han finalizado el diligenciamiento y envío de las EDAN, insumo necesario para la disposición y entrega de ayudas humanitarias en los municipios.
Niñas, adolescentes y mujeres tienen necesidades apremiantes para el acceso a productos de higiene diferenciados para ellas de acuerdo con su ciclo vital o etapa reproductiva (mujeres gestantes y mujeres lactantes). Además, los casos en los que las mujeres que solicitan ayuda por Violencias Basadas en Género (VBG) en estas regiones enfrentan barreras adicionales de encontrar espacios seguros y privado donde puedan reunirse y compartir sus experiencias, debido a las limitaciones existentes en sus comunidades por eventos de variabilidad climática y del conflicto armado.
La capacidad de las mujeres para influir en la distribución de las ayudas y los servicios humanitarios dentro de las comunidades es limitada, si bien, muchas participan en los Comités de Respuesta Comunitaria, su implicación en la toma de decisiones sigue siendo mínima. Las inundaciones han aumentado la carga de los cuidados, así como de la perdida en medios de subsistencia o en la posibilidad de reanudarlos debido a las múltiples afectaciones sociales y económicas causadas por la emergencia, lo que dificulta su acceso a la ayuda. Las necesidades básicas insatisfechas y los mayores riesgos de protección, como la violencia de género y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes impiden a las mujeres dar prioridad a la gestión de sus organizaciones.
Comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento han afrontado durante 2024 múltiples emergencias por confinamiento, desplazamiento masivo y desastres por variabilidad climática como inundaciones y sequias, haciendo que las personas sean afectadas de manera recurrente, lo que incluso ha dificultado la implementación de acciones de recuperación temprana y además, ha agotado la capacidad de respuesta institucional por lo que los recursos financieros y operativos son insuficientes para atender de manera inmediata y oportuna las necesidades emergentes.
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